Francisco Gerardo Moreno Auz
Expediente 908/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Gerardo Moreno Auz
- Francisco Gerardo Moreno Auz y Otros.
- Jesús Abraham Martínez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...
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CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA A LA PARTE QUEJOSA LA NOTIFICACION DEL AUTO DE 02 DE JUNIO DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: CAUSA ESTADO Y SE ARCHIVA..................
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos para los efectos legales conducentes el oficio firmado por el oficial número Uno del Registro Civil de Bahía de Kino, Sonora y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en el sumario. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Como preámbulo, debe acotarse que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2, 11 y 102, del Código de Familia del Estado del Estado de Sonora, de modo que es menester determinar, previamente, si el amparo es procedente contra el acto de aplicación de los mencionados preceptos. En efecto, es necesario analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado y si en relación con éste se actualiza una causa de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. Por el contrario, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, el órgano de control constitucional debe analizar si existe alguna causa de improcedencia en lo atinente a la norma impugnada y de no encontrarla pronunciarse sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y, de negarse la protección constitucional respecto de la norma examinada, estudiar los conceptos de violación expresados contra el acto de aplicación. Es orientador al respecto, el criterio que sustenta la tesis P. XVII/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, página 34, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Acotado lo anterior, como se dijo, en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia en relación con el acto de aplicación de la normatividad controvertida. En efecto la hipótesis que se suscita es la contenida en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Dicha porción normativa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causal no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, es menester precisar que los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir en lo siguiente: La inconstitucionalidad de los artículos 1, 11 y 102, del Código de Familia del Estado de Sonora, en cuanto a la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación que le reclaman a las autoridades que intervinieron en dicho proceso legislativo. El acto de aplicación de dichos preceptos (se lo reclaman al oficial del Registro Civil de Bahía de Kino, Sonora), consistente en el oficio 001 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior, pues refieren los peticionarios que el día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, acudieron ante el Oficial del Registro Civil de Bahía de Kino, Sonora, a presentar los documentos que se requieren para solicitar contraer matrimonio; empero, que después de practicar las diligencias previas la solicitud les fue negada en el oficio 001, debido a la definición contenida en los artículos reclamados, por lo cual acuden a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, al rendir su informe justificado, el oficial del Registro Civil, con residencia en Bahía de Kino, Sonora, evidenció la certeza del reclamo constitucional, pues expuso que Jesús Abraham Martínez Medina y Francisco Gerardo Moreno Auz, se presentaron el veinticuatro de noviembre pasado ante ese Registro Civil, y se les dio la negativa para contraer matrimonio, argumentando que estaba impedido legalmente para hacerlo. No obstante lo anterior, como se advierte del oficio y anexos de cuenta, dicho oficial del Registro Civil responsable, durante el trámite de este sumario constitucional inaplicó la ley prohibitiva para favorecer a los quejosos, pues al respecto expuso que se organizaría para el día y la hora en la que será llevado a cabo dicho matrimonio, y que la parte relativa del Código de Familia del Estado, o algún otro que establezca una limitación similar no le será aplicado exclusivamente a los quejosos Francisco Gerado Moreno Auz y Jesús Abraham Martínez Medina. Así, con el oficio que se agrega en esta fecha, dicha autoridad remitió copia certificada del ocurso sin número, suscrito por dicha responsable, dirigido a los hoy quejosos en el cual se les indica que fijó como fecha de matrimonio el día ocho de octubre de dos mil veintiuno; asimismo, que inaplica a los quejosos los artículos prohibitivos de matrimonio entre personas que no sean un hombre con mujer; comunicación que fue emitida el veinte de abril del presente año, notificándola en esa misma fecha a la parte quejosa, según se advierte de la firma de recibido que obra plasmada en dicho documento. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada en relación con el acto de aplicación que se hizo consistir en la negativa por parte de la autoridad responsable o aplicación de los artículos 2, 11 y 102 de Código de Familia para el Estado de Sonora, toda vez que con el actuar de la citada responsable, se restituyó a los quejosos en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, pues durante el trámite de este sumario constitucional, la responsable inaplicó en favor de los quejosos los preceptos reclamados, fijando para ello, fecha a fin de que los peticionarios puedan contraer el matrimonio solicitado a la autoridad que nos ocupa; de ahí, que se actualice la causal de improcedencia invocada en relación con el acto de aplicación y deba sobreseerse en el presente asunto. Así, conforme a la técnica que rige al juicio de amparo en la vía indirecta, dada la conclusión anterior, resulta procedente sobreseer en el juicio respecto de reclamo consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 2, 11 y 102 de la citada codificación familiar de esta Entidad, porque tal reclamo sigue la suerte del acto de aplicación, ya que si en contra de éste, se actualizó una causal de improcedencia, entonces la norma legal reclamada sigue la suerte del acto de aplicación y, por ende, no puede analizarse. Dicho de otra forma, al ser improcedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, el sobreseimiento se hace extensivo a la norma reclamada, porque en el amparo contra normas generales, se establece que no se puede disociar el estudio del acto reclamado y la norma impugnada; de tal manera que, si el primero no es procedente, existe impedimento para hacer el análisis de la segunda. Es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, con número de registro 232028, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En el entendido que las autoridades responsables y, más concretamente el Oficial del Registro Civil 01, de Bahía de Kino, deberá llevar a cabo la realización del matrimonio entre los quejosos, pues de lo contrario resultaría patente que la inaplicación del acto reclamado por los peticionarios, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada, lo que sin duda actualizaría los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; (.)" Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, en virtud de que la autoridad responsable oficial Tercero del Registro Civil en Bahía de Kino, Sonora, no ha cumplido con el requerimiento formulado mediante proveído de diez de febrero anterior, no obstante que fue debidamente notificada de tal requerimiento, el veintiséis del referido mes referido y año en curso. Requerimiento. En ese tenor, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al oficial Tercero del Registro Civil en Bahía de Kino, Sonora, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al requerimiento aludido en el párrafo que antecede, para lo cual deberá remitir copia certificada con la cual acredite la hora y fecha señaladas para llevar a cabo la celebración del matrimonio de los aquí quejosos y, en su caso, informar con las constancias respectivas, si ya efectuó dicho enlace matrimonial; lo que deberá acreditar con las constancias pertinentes. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, salvo impedimento legal que al efecto opusiere, se hará efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de diez de febrero del año en curso; esto es, que conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá se impondrá multa de cien unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, tomo: V, Febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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