Francisco Gerardo Barraza Parra
Expediente 505/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Francisco Gerardo Barraza Parra
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 7077/2023 firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante el cual comunica la resolución emitida el nueve de noviembre del año en curso, dentro del recurso de queja 114/2023, donde declaró infundado el medio de impugnación hecho valer por Grupo Saserro, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acuerdo emitido el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, agréguese a los antecedentes para los efectos legales acorde al artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la ley de la materia-, acúsese recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. ....
- Principal
... Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por Luis Alberto Margarito Aguilar Flores, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la persona moral Grupo Saserro, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acuerdo emitido el veintidós de junio de la presente anualidad; asimismo, hace del conocimiento que dicho medio de impugnación se registró con número de queja 114/2023, de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. En el entendido que el documento de cuenta adquiere validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. ..
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase recibido el libelo signado electrónicamente por ****, abogado autorizado en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa persona moral Grupo Saserro Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de junio del año en curso; consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, acorde al arábigo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo...
- Principal
..... Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Gerardo Barraza Parra en su carácter de apoderado general de la persona moral Grupo Saserro Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública mil trescientos cuarenta y seis, pasada ante la fe del Notario Público número once, con ejercicio en San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de Estado de Nuevo León; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 505/2023-I, el cual le correspondió. Una vez analizado el citado libelo, se considera viable el desechamiento de plano, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho que la invocada legislación establezca diversas causales motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Es necesario mencionar que conforme al artículo 61 de la Ley de la Materia, el juicio de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta la existencia de una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Debiéndose entender por manifiesto aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Ahora, de la intelección del escrito de demanda, conforme a las directrices establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se obtiene que lo combatido por el agraviado se hace consistir en: 1. Acuerdo de quince de mayo de este año, emitido en la carpeta de investigación 002/2023-UIEOPI-ED, por el licenciado Eduardo Gómez Castillo, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde le negó el acceso a la citada indagatoria. Ahora, en el caso se advierte que, respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los numerales transcritos se advierte que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la contravención de los derechos reconocidos por la Constitución Federal, en virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, así como que, si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa. Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que existen tres tipos de interés atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona: el simple, el legítimo y el jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, en otras palabras, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. El interés jurídico lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En tanto que el interés legítimo, se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, por lo que sólo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Por lo tanto, el interés para acudir al juicio de amparo -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, exige que lo haga la parte agraviada, pudiendo ser: a) el titular de un derecho, o b) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .... En el caso, se considera que el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos de la moral quejosa. En efecto, ****, reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de Estado de Nuevo León, el acuerdo de quince de mayo de este año, que emitió en la carpeta de investigación 002/2023-UIEOPI-ED, donde le negó el acceso a la citada indagatoria. Luego, de los antecedentes que relata el accionante, se advierte que el tres de abril de dos mil veintitrés, presentó promoción dirigida a la autoridad responsable donde medularmente designó defensores privados, señaló medio para oír y recibir notificaciones y, con motivo de que a través de las redes sociales se enteró que la representación social inició la carpeta de investigación multicitada en contra de su representada, con la idea de que al parecer se ha recabado información financiera y fiscal de su poderdante, solicitó le informara lugar, fecha y hora para comparecer, para el efecto de acceder a los registros de la indagatoria que se integra en contra de la moral quejosa, con el objeto de ejercer su derecho de defensa adecuada. Que ante la omisión de responder esa petición, promovió juico de amparo indirecto que conoció este juzgado de distrito bajo el consecutivo 368/2023-II, el cual con posterioridad fue sobreseído fuera de audiencia. Continuó relatando, que el veintinueve de mayo de esta anualidad, mediante correo electrónico, el Agente del Ministerio Público responsable, le notificó el auto emitido el quince de esa misma mensualidad, en la carpeta de investigación 002/2023, con el cual dio contestación al escrito que había presentado el tres de abril de los corrientes -ocurso donde solicitó el acceso a los registros del legajo de pesquisas-. Ahora, de los anexos que allega la parte quejosa, se advierte que adjuntó el instructivo de notificación del acto reclamado, donde se advierte que el ente de imperio al dar contestación a la petición del agraviado, determinó no acordar favorablemente su solicitud de acceso a la indagatoria, en virtud que conforme a los numerales 218 y 266 del Código Nacional de Procesamientos Penales, el accionante ni la moral directo agraviada han sido citados a comparecer con el carácter de imputados, no han estado detenidos, no se les ha requerido entrevista, ni se les ha generado algún acto de molestia, y por ello, no podía brindarles el acceso solicitado. Tomando como base dichas premisas, se patentiza que el acto antes mencionado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la persona moral quejosa, porque se refiere a la negativa de acceso a la carpeta de investigación que integra el Agente del Ministerio Público, la cual con base en lo relatado por el accionante, no le antecede un acto de molestia, sino que su petición de acceso, deriva del conocimiento a través de las redes sociales de la carpeta de investigación. Ahora, de una lectura integra a la demanda de amparo, no se advierte que el accionante haya sido detenido, citado a comparecer por sí o en representación de la moral directo quejosa, menos aún que hayan sido afectados por diverso acto de molestia practicado en su contra como sujetos imputados en la indagatoria, lo que de suyo hace improcedente la acción constitucional. Resulta oportuno precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, determinó que con el fin de hacer funcional al sistema, se ha definido que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta en tanto el ministerio público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Adujo, que dichos actos de molestia pueden ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Luego, indicó que en el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. A continuación expuso, que en la hipótesis en la que una persona concurre al amparo a reclamar la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado, entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Precisó, que ello se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. Así las cosas, como se precisó con anterioridad, no se advierte que el accionante o la persona moral hayan sido objeto de un acto de molestia, por ello, no se puede considerar que cuenten con un interés jurídico para accionar esta instancia constitucional. .... En esa tesitura, se considera actualizada la causal de improcedencia invocada; por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA. .... En similar contexto, se tiene al promovente autorizando a José Honorio Vázquez Sainz, en términos del artículo 24, segundo parágrafo, de la Ley de Amparo, es decir, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que, tal como se advierte de la certificación de cuenta, se desprendió que la cédula profesional 11121354, no se encuentra registrada a nombre del previamente citado, si no a diverso profesionista. Luego, en iguales términos se autoriza al estudiante de derecho que Emiliano Casas Reséndiz. Ahora, en relación a su solicitud en el sentido de que se autorice el usuario ********************, para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones de este asunto, dado que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 36, 36, 37, 38, 39, 40 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Esto es, solicitarlo expresamente a través de una promoción al órgano jurisdiccional, así como proporcionar el nombre de usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se provee de conformidad su petición, autorizándole el uso de las facilidades del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, para que el ocursante consulte el expediente electrónico y reciba notificaciones por la misma vía. Luego, los medios de convicción que allega el accionante de amparo, glósense al sumario para que obren como corresponda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Luego, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ...
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