Francisco Gaston Rubio González

Expediente 1138/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1138/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Francisco Gaston Rubio González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Gastón Rubio González, contra actos del Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y otras autoridades; por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 1138/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Analizado el ocurso que se provee, debe de indicarse previamente, que la competencia es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi-instancial, o bien del amparo directo o uniinstancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: «Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.» De ello, puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda, se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, criterio del cual surgen dos hipótesis distintas: 1. Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o bien, 2. Aquella en que la ejecución fue llevada a cabo o se esté efectuando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. De esas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos, en los que se establece la competencia del Juez de Distrito, de acuerdo a: 1. El lugar donde al acto deba tener ejecución. 2. En donde trate de ejecutarse. 3. En donde se ejecute, o 4. En donde se haya ejecutado. Al respecto, se considera necesario formular las siguientes precisiones: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: a) El acto aún no ha sido ejecutado, y b) Cuando las circunstancias del acto, las autoridades responsables y del análisis de la demanda, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar donde trate de ejecutarse, es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero no se ejecutó en su totalidad; ello en virtud que del conjunto de los actos tendentes a consumarlo, ha hecho imposible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. El Lugar donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. a) Actos de tracto sucesivo: que son aquéllos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. b) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo que, como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. 4. En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o ésta siendo actualizada en el momento de la presentación de la demanda. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, reclama en esta instancia como acto destacado la orden de aprehensión librada en su contra, y su ejecución, pues así se advierte del contexto integral de la demanda. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Ahora bien, atento a la naturaleza del acto que por esta vía se reclaman, éste se pretendió efectuar sobre el quejoso en su domicilio particular ubicado en calle Juárez, número 8 esquina Las Pilas, Unidad Magisterial del Centro del Municipio de Villa del Carbón, Estado de México, lo que indudablemente conlleva una ejecución material, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se llevó a cabo fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, competencia. En efecto, el acto que en esta vía constitucional reclama la parte quejosa tuvo lugar en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México; de ahí que debe considerarse que resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]» Máxime que el quejoso señala como autoridad responsable ejecutora al Encargado de la Policía Federal Ministerial de la Subsede de Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien tiene su sede en la jurisdicción de la autoridad que se considera competente para conocer de la presente demanda de amparo; lo cual genera una presunción más para considerar que la ejecución de la orden reclamada será en dicha jurisdicción. Por tanto, al existir datos fundados de que el acto reclamado, se ejecutó fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México, resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en términos del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO». De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES». En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda; debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente en este juzgado y requerir el acuse de recibo respectivo e informe si acepta o no la competencia planteada. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que este juzgador estima que atento al contexto integral de la demanda promovida en esta instancia, no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramiro Tonathiu Prior Rodríguez por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en la última parte del mismo ordenamiento a la otra persona que nombra. Por otro lado, respecto al correo electrónico y número de teléfono que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor.

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