Francisco Gaston Rubio González

Expediente 1040/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1040/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Gaston Rubio González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VIII.-...Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en este municipio, con proveído inserto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictado en el juicio de amparo...de su índice, por el cual solicita se le informe vía interconexión el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, y se le remita copia certificada de la papeleta, demanda y sentencia...remítase el expediente electrónico del presente juicio de amparo...

  2. Principal

    VIII.-Agréguese a los autos el documento electrónico recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...procedente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el que devuelve diligenciado el exhorto...derivado de este expediente, en el que consta la notificación practicada al quejoso del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte...se advierte que ha transcurrido el término de cinco días...sin que haya sido recurrido el auto de seis de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo... se declara que dicho proveído ha causado estado...archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido...

  3. Principal

    VIII.- ".Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta signada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de seis de enero pasado, por los motivos que expone. En consecuencia, se ordena la notificación del referido acuerdo, del presente, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de la lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, mientras no señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este órgano jurisdiccional." Auto inserto de fecha seis de enero de dos mil veintiuno. ". Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, . mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que se provee: El suscrito no soslaya que aún no ha sido devuelto el .., que este juzgado ordenó enviar mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, debido a que la prevención se realizó en esa fecha y en este día se recibió el desahogo correspondiente, es evidente que fue presentado en tiempo. En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: . Del precepto de mérito, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. . Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución; luego, del escrito de desahogo se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó: .. Aseveraciones que hacen prueba contra el quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2. .. Atento a lo anterior, este juzgador federal considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: . Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, en relación con algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial, como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. .. La jurisprudencia que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Debe precisarse que en el caso no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En efecto, el peticionario de amparo reclama la emisión de una orden de aprehensión, así como su ejecución; además, bajo protesta de decir verdad, señaló que desde el veintitrés de noviembre de dos mil veinte tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama; lo cual, como se indicó, hace prueba plena en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, es inconcuso que desde esa fecha se ostentó sabedor del acto que ahora pretende reclamar, razón por la cual el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover el presente juicio se computó a partir del día siguiente a esa fecha. En ese contexto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; en esa virtud, el término para presentar su demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente; es decir, el veinticuatro de noviembre y feneció el catorce de diciembre de dos mil veinte, descontándose de dicho cómputo los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como el cinco, seis, doce y trece de diciembre, ambos de dos mil veinte, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días desde la fecha en que se ostentó sabedor del acto que reclama, a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de diciembre de dos mil veinte), lo que pone en evidencia que, a esa fecha había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este juicio debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha por extemporánea la demanda de amparo, promovida por Francisco Gastón Rubio González, por propio derecho, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita. .. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9, 68, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comuníquese a las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial."

  4. Principal

    VIII.- Notifíquese personalmente al quejoso

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