Francisco Garcia Ochoa

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Garcia Ochoa
  • Agente del Ministerio Público de la Federación

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a uno de julio de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de once de junio del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Francisco García Ochoa, Diego García Ochoa y Catarina Montaño Luciano, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración , depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años, en razón de que se desechó de plano la demanda promovida por la parte quejosa. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, once de junio de dos mil veintiuno. Consideración previa Se tiene por recibida la demanda de amparo de cuenta, la cual fue promovida por Francisco García Ochoa y otros, por propio derecho contra actos de la Delegado Federal Estatal, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otra. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 555/2021-XII. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen. ? Sin que haya lugar a abrir el incidente de suspensión solicitado, en virtud de la determinación a la cual se arribó en el presente juicio de amparo, además, que no se 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? advierte se reúnan los requisitos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Desechamiento Ahora, del contenido integral la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la quejosa, a las autoridades responsables, son los siguientes: a) Delegado Federal de la Secretaría de Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Estado de Nayarit "SEMARNAT". La expedición de los permisos de aprovechamientos Forestales de Maderas Comerciales de la Especie "Pinos" autorizados en el predio rustico Denominado "El Arrollo Hondo" predio que pertenece a nuestra comunidad, y está permitiendo que el tercero interesado Carlos Ornelas, este extrayendo la madera de dicho predio, llevando a la facha, más de ciento cincuenta, Arboles de pinos tumbados en dicha zona, sin permiso de la comunidad. b) Delegado Federal de la Procuraduría Estatal al Medio Ambiente y Recursos Naturales "PROFEPA". La omisión y consentimiento de estar tolerando que el tercero Interesado Carlos Ornelas, este extrayendo madera comercial de la especie "pino", del predio denominado "El Arrollo Hondo" perteneciente a nuestra comunidad, teniendo a la fecha como ciento cincuenta, arboles de pinos cortados sin permiso de la comunidad. En ese contexto, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo en cuanto a lo reclamado a estas autoridades, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se deducen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? intereses, se promueva el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En el caso que nos ocupa, el quejoso hace consistir los actos reclamados a las responsables en : a) Delegado Federal de la Secretaría de Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Estado de Nayarit "SEMARNAT". La expedición de los permisos de aprovechamientos Forestales de Maderas Comerciales de la Especie "Pinos" autorizados en el predio rustico Denominado "El Arrollo Hondo" predio que pertenece a nuestra comunidad, y está permitiendo que el tercero interesado Carlos Ornelas, este extrayendo la madera de dicho predio, llevando a la facha, más de ciento cincuenta, Arboles de pinos tumbados en dicha zona, sin permiso de la comunidad. b) Delegado Federal de la Procuraduría Estatal al Medio Ambiente y Recursos Naturales "PROFEPA". La omisión y consentimiento de estar tolerando que el tercero Interesado Carlos Ornelas, este extrayendo madera comercial de la especie "pino", del predio denominado "El Arrollo Hondo" perteneciente a nuestra comunidad, teniendo a la fecha como ciento cincuenta, arboles de pinos cortados sin permiso de la comunidad. 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Ahora, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 2o., prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, las autoridades de la Administracion Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. "ARTÍCULO 2. El juicio el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administracion Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Luego, el acto reclamado a la autoridad Delegado Federal de la Procuraduría Estatal al Medio Ambiente y Recursos Naturales que señala como responsable la parte quejosa, los actos de que se duele de ellas se ubicarían en la hipótesis que señala el ordinal 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el cual establece y regula el procedimiento de denuncia popular, el cual se inicia a instancia de parte, es decir, que la denuncia puede ser interpuesta ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades por toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, haciendo del conocimiento de la autoridad todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, sin que de la demanda se advierta hayan acudido a dicha instancia. Por lo anterior, es evidente que la quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables al acto o actos, lo que no ocurrió en el presente caso. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 496, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro electrónico 160630, que establece: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008891, del texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Además la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005717, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, el artículo 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la figura de la suspensión del acto impugnado, mismos que disponen: "ARTÍCULO 24.Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden de público, y con él fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitara y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta ley. . "ARTÍCULO 25. El acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, deberá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, en dicho acuerdo se ordenara correr traslado a quien se impute al acto administrativo o los hechos objeto de controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de setenta y dos horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que hay recibido el informe o que haya vencido el término para presentarlo, el Magistrado instructor dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro del plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medias cautelares dejaran de tener efecto. Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado Instructor que hubiere conocido del incidente podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superviniente que lo justifique." De lo antes transcrito se advierte que en tratándose del juicio contencioso administrativo federal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en los numerales del 24 al 28 bis, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo vigente, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo, de hecho es el mismo. Del examen comparativo de los citados preceptos, con los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? Administrativo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1945 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 2196, Tomo II del Apéndice de 2011, Novena Época, con registro electrónico 1003824, que establece: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a), determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28 fracción III, inciso c) , de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud", lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que en ambas se dispone del plazo de veinticuatro horas, para proveer sobre la suspensión solicitada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 783, libro XVII, tomo I, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las autoridades administrativas originan la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado bajo la tramitación del juicio contencioso administrativo federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la Ley de Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o en su defecto a la ya nombrada denuncia popular formulada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, este último procedimiento que se encuentra regulado como ya se especificó en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Francisco García Ochoa, Diego García Ochoa y Catarina Montaño Luciano, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Franco López, en los términos del artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia, por no acreditar que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 555/2021-XII ??????????????? Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de la adscripción para que haga entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable en el domicilio donde ésta resida, 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ asimismo se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Fundamentos. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma

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