Francisco García Martínez
Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisco García Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En cuatro de junio de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco García Martínez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, la copia certificada del expediente 1491/2019, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Incidental
En cuatro de junio de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA Vistos; súmese a los presentes autos el oficio y anexo enviados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, con evidencia criptográfica, por el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 21/2021-5, orden 107/2021, derivado del expediente en que se actúa, el cual fue enviado para el efecto de que en auxilio de las actividades de este juzgado realizara la notificación al quejoso Francisco García Martínez, de los autos de cinco y veintidós de abril de dos mil veintiuno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En razón de lo anterior, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no se acusa el recibo de estilo, en virtud de que el mismo se generó al momento en que enviaron el exhorto de referencia. Asimismo, que el diecinueve de mayo del año en curso, fue notificado el quejoso Francisco García Martínez, de los autos de cinco y veintidós de abril de dos mil veintiuno, por lista fijada en los estrados del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, conforme a lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin que hasta el día de hoy haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en dichos proveídos el que transcurrió del veintiuno al veinticinco de mayo del año que transcurre. Por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena al actuario de este juzgado, notificar al quejoso de mérito, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 320/2021-5, promovido por Francisco García Martínez . RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las remitidas por la autoridad responsable, consistentes en: Copias certificadas deducidas del expediente 1491/2019, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Francisco García Martínez en contra de Bernardo Antonio García Joaquín, las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Copia certificada de diversas constancias que remitió el secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, que adjuntó la autoridad responsable a su oficio complementario 1337/2021, de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los alegatos formulados por el tercero interesado Bernardo Antonio García Joaquín, mediante escrito recibido en el Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con adscripción en Coatzacoalcos, el trece de noviembre de dos mil veinte. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al tercero interesado Bernardo Antonio García Joaquín, formulando sus alegatos en el presente juicio, sin que las demás partes hicieran uso de este derecho, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 320/2021-5, promovido por Francisco García Martínez, contra actos del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, y turnado al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, el trece siguiente, Francisco García Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, pronunciada en el expediente 1491/2019, mediante la cual la autoridad responsable redujo la pensión alimenticia provisional que había decretado en el auto inicial en favor del quejoso. 2 Y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. 2 Secretario adscrito al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. SEGUNDO. DESECHAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de marzo de dos mil veinte, el Juez Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, desechó la demanda por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad ejecutora secretario del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de esa Entidad y la admitió por cuanto hace a la autoridad ordenadora, la cual fue registrada con el expediente 248/2020-III; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; asimismo ordenó emplazar al tercero interesado mediante despacho 133/2020, orden 89/2020, dirigido al Juez Municipal de Cosoleacaque, Veracruz y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Posteriormente, en Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el día de su aprobación veinticinco de mayo de dos mil veinte, se reformó el párrafo primero del artículo 1 del Acuerdo General 8/2020, para dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales del período del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". CUARTO. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, el juez que originalmente conoció del asunto, hizo saber a las partes del juicio la reanudación de las actividades jurisdiccionales, plazos y términos procesales; asimismo, reexpidió la comunicación oficial para emplazar al tercero interesado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante diligencia de diez de noviembre de dos mil veinte, el oficial administrativo "3" en funciones de actuario judicial, adscrito al servicio del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Vigésimo Primer Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Minatitlán, emplazó a juicio al tercero interesado Bernardo Antonio García Joaquín. SEXTO. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Juez Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo y declinó la competencia a un juzgado federal de esta Entidad, dado que la continuación de la ejecución del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio de alimentos 1491/2019, el que se redujo el porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia provisional, se haría en esta jurisdicción; por lo que ordenó remitir las constancias, previa formación del cuaderno de antecedentes, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco. SÉPTIMO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de abril de dos mil veintiuno, por razón de turno, este órgano federal tuvo por recibido el oficio 11437/2020 del registro del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, aceptó la competencia planteada, se avocó al conocimiento de la controversia y admitió la demanda de amparo para su trámite bajo el expediente 320/2021-5; sin requerir a la responsable el informe justificado, porque ya obraba en autos; así como el emplazamiento del tercero interesado; otorgó la legal intervención al fiscal federal adscrito, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó notificar a las partes la radicación del juicio mediante exhorto. OCTAVO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional se llevó a acabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, pronunciada por la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1491/2019, promovido por Francisco García Ramírez, en contra de Bernardo Antonio García Joaquín, y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, rindió informe justificado, sin que haya manifestado ser cierto o no los actos que se le atribuyen; sin embargo de las manifestaciones que vertió al respecto, así como de las constancias que adjuntó al mismo, se advierte su existencia. Documental pública a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una actuación que no fue contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En esa virtud, se tienen por ciertos los actos que le fueron atribuidos, para los efectos del presente juicio. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Se estima pertinente realizar una relación de las constancias relevantes que integran el expediente 1491/2019. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la juez responsable, dio entrada a la demanda presentada por Francisco García Martínez, en contra de Bernardo Antonio García Joaquín; asimismo, con fundamento en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a petición del actor, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional en favor del actor, lo que resulte de aplicar el 15% (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como trabajador activo de planta en plataformas marinas de la industria petrolera. En el mismo acuerdo ordenó girar el oficio a la empresa Petróleos Mexicanos, en el organismo Pemex Exploración y Producción de Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la Dirección Jurídica y/o Subdirección Jurídica de Administración y Finanzas y/o Gerencia Jurídica de Petroquímica y/o Subdirección de Servicios Jurídicos (fojas 8 a 11 del tomo de pruebas). Por proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la juez natural tuvo a la parte actora, señalando la denominación correcta de la fuente laboral del demandado, por lo que ordenó librar exhorto al Juez de Primera Instancia Civil o Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, para que en auxilio de las labores de ese recinto girara el oficio a la Subgerencia de Servicios Jurídicos Región Sureste Villahermosa, Pemex Exploración y Producción, Centro Técnico Administrativo, Edificio Tres, Planta Baja, de esta ciudad, a fin de realizar el descuento ordenado en autos (foja 23 del tomo de prueba). Mediante comparecencia voluntaria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la actuaria del juzgado responsable, emplazó a juicio al demandado (fojas 53 a 56 del tomo de prueba). En auto de veinte de enero de dos mil veinte, la juez de origen, tuvo al demandado contestando demanda en tiempo y forma; asimismo, por opuesta la reclamación respecto del porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia, por lo que ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 69 del tomo de prueba). La Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, giró el oficio 8394, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, a la Subgerencia de Servicios Jurídicos Región Sureste Villahermosa, Pemex Exploración y Producción, Centro Técnico Administrativo, Edificio Tres, Planta Baja, para que hiciera efectivo al demandado el descuento ordenado en autos, por concepto de pensión alimenticia (foja 78 del tomo de prueba). En diecinueve de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora haciendo manifestaciones respecto de la reclamación interpuesta y citó a las partes para oír sentencia interlocutoria (foja 90 del tomo de prueba). Mediante sentencia interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la juez responsable declaró procedente la reclamación opuesta por el demandado Bernardo Antonio García Joaquín, y determinó reducir la medida provisional decretada en el auto de inicio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a un 7% (siete por ciento) del salario y demás prestaciones que devenga como trabajador de planta en plataformas marinas de la industria petrolera, en favor del actor (fojas 91 a 104 del tomo de prueba). Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, el suscrito juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; En efecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, por tanto, cuando el Juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al agraviado en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Cabe citar la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte, pronunciada por la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1491/2019, promovido por Francisco García Ramírez, en contra de Bernardo Antonio García Joaquín, mediante la cual determinó procedente la reclamación opuesta por Bernardo Antonio García Joaquín, en contra de la pensión alimenticia provisional fijada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, de un 15% (quince por ciento) y reducirla a un 7% (siete por ciento) del salario y prestaciones que percibe como trabajador de planta en plataformas marinas de la industria petrolera y su ejecución. Por otro lado, de la constancia remitida por el secretario del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, que le remitió la autoridad responsable en el juicio de amparo 248/2020, de su índice, que se formó como motivo de la demanda que nos ocupa, en virtud de su legal incompetencia declinada a este juzgado, consistente en copia certificada del convenio celebrado el veinte de enero de dos mil veintiuno, por las partes contendientes en el expediente 1491/2019, se advierte que Bernardo Antonio García Joaquìn, se comprometió a proporcionar por concepto de pensión alimenticia en favor de Francisco García Martínez el 7% (siete por ciento) de todas y cada una de las prestaciones que devenga como trabajador de planta en la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos. Por su parte, el citado actor, aceptó el porcentaje antes aludido (fojas 207 a 212 de los presentes autos). Posteriormente, ocho de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable pronunció sentencia, en la que aprobó el convenio de veinte de enero de dos mil veintiuno, celebrado por Francisco García Martínez y Fernando Antonio García Joaquín, en todas y cada una de sus partes, por no contener cláusulas contrarias a la moral y al derecho; asimismo, conforme los artículos 235, 239, 1725, 1726, 1727, 2877 y 2886 del Código Civil y 499 y 500 del Código Procesal Civil, ambos en vigor en el Estado, antes de la reforma, lo elevó a la categoría de cosa juzgada, como si se tratara de sentencia ejecutoriada y ordenó girar el oficio a la empresa Petróleos Mexicanos para que procediera a realizar el descuento del 7% (siete por ciento) que percibe el demandado Bernardo Antonio García Joaquín, como trabajador de planta en plataformas marinas (fojas 213 y 214 de los presentes autos). De igual modo, por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la juez del conocimiento, declaró que la resolución de ocho de febrero de dos mil veintiuno causó estado y ordenó su ejecución en la misma pieza de autos (fojas 215 y 216). En ese contexto, si bien es cierto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo; así como del informe justificado se advierte la emisión de la sentencia interlocutoria veinticinco de febrero de dos mil veinte, misma que constituye el acto reclamado; también lo es que, dadas las circunstancias establecidas en el convenio celebrado el veinte de enero de dos mil veintiuno, por las partes contendientes en el expediente 1491/2019, se advierte que la parte actora, aquí quejosa, aceptó el porcentaje ofrecido (siete por ciento) de todas y cada una de las prestaciones que devenga el demandado Bernardo Antonio García Joaquín, como trabajador de planta en la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, acto jurídico que fue elevado a la categoría de cosa juzgada por la autoridad responsable, mediante resolución de ocho de febrero de dos mil veintiuno, la que causó estado el veintidós de marzo del año actual. Bajo esa óptica, se tiene que el acto que la parte quejosa combate en esta vía constitucional no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, puesto que el entorno en que fue emitido se modificó, ello es dada la aceptación del porcentaje propuesto como pensión alimenticia por el demandado; por lo que existe imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria que, en su caso, se dicte. De ahí que, aún y cuando el acto reclamado subsiste (resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte), éste no puede surtir efecto legal ni material alguno, resultando entonces que las violaciones imputadas a la juez responsable, no se han concretado por causas ajenas a su voluntad. En consecuencia, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de abril dos mil veintiuno, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco García Martínez, en contra de la autoridad responsable y por los actos precisados en el resultando primero, en términos del considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
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