Francisco García Clemente

Expediente 1400/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1400/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco García Clemente

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por Francisco García Clemente, el cual se le notificó electrónicamente el nueve de diciembre de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Jefe de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Registro. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1400/2021. Aclaración de la boleta de turno Cabe precisar, que si bien la boleta de turno de la presente demanda señala que se reprocha una violación al artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, al realizar un análisis integral de la misma, se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado el descuento por pensión alimenticia efectuado por parte del Jefe de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; supuesto que no encuentra dentro de los previstos en dicho numeral; de ahí que, no haya lugar a proveer en relación a la suspensión de plano. Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Enseguida, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el impetrante se duele del descuento por pensión alimenticia reflejado en la nómina que percibe como catedrático, por parte del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, para lo cual, exhibe tres talones de pago, de los que se aprecia la deducciones realizadas por este concepto. Precisado lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretada ésta última en sentido contrario. Al respecto, los artículos 1° y 61, fracción XXIII, del precitado ordenamiento legal disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)." Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Como se adelantó, el impetrante se duele del descuento por pensión alimenticia reflejado en la nómina que percibe como catedrático, por parte del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, para lo cual, exhibe tres talones de pago, de los que se aprecia la deducciones realizadas por este concepto. Bajo esa tesitura, deviene improcedente esta instancia constitucional, ya que el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado no actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de garantías; sino como patrón equiparado. Ello, pues aplica los descuentos en la nómina que percibe el impetrante Francisco García Clemente, en acatamiento a lo ordenado por diversa autoridad; de ahí que, se estime que el acto reclamado al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado carece de autonomía y unilateralidad, por lo que, no le reviste el carácter de autoridad. Se insiste, entre el peticionario de amparo y la autoridad señalada como responsable, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado no realiza actos equiparables a los de autoridad, ya que el acto que le reprocha se suscita en una relación de coordinación en la que actúa como particular, como patrón, y no con el carácter de autoridad. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito al resolver el recurso de revisión 77/2021 en sesión ordinaria virtual de diez de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha, de plano, la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y únicamente para ese efecto a las personas que nombra, por así haberlo solicitado. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; con independencia de lo anterior, se tiene a la parte quejosa señalando el número telefónico 9531498715, así como el correo electrónico luismaldonadoquiroz@outlook.com, para comunicaciones no procesales. Autorización expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario "misionero1", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es así, habida cuenta que conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida electrónicamente, tramítese hasta su conclusión mediante el esquema de juicio en línea. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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