Francisco García Antolín

Expediente 2044/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2044/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Francisco García Antolín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, uno de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, del que se advierten las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y solicita una prórroga; al respecto, ha lugar a proveer de conformidad, por lo que se le otorga un plazo de diez días para dar cabal cumplimiento a lo ordenado, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. II. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Representante en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que dentro del término de cinco días: Informe la determinación alcanzada al oficio DGJI/DCT/3328/2022, de veintiuno de octubre de los corrientes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no haya sido señalado como autoridad responsable dentro del presente sumario; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es de orden público, por ende, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. IV. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). V. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes respecto de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, así como del proveído de once de octubre del mismo mes y año, por el cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución. Petición de turno. En consecuencia, acátese lo ordenado en el acuerdo en el que se tuvo por interpuesto el citado recurso, esto es, mediante oficio que se envíe al correo electrónico guadalupe.solorzano.aguayo@correo.cjf. gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, petición de turno; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer del medio de impugnación. Los datos para registro son los siguientes: Número de expediente: juicio de amparo 2152/2021. Parte quejosa y recurrente: **** Autoridad responsable: Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Director General de la Comisión Nacional del Agua y Director de Administración del Agua del Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. Juicio de origen: Expediente administrativo ****. Determinación recurrida: sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En el entendido de que, una vez que exista constancia de lo anterior, se deberá de poner a disposición el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de revisión, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de diez de octubre del año en curso, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 244/2018, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada emitida dentro del recurso de revisión 006/2017, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Conforme las directrices establecidas en esta ejecutoria, prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión.". Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, a través del comunicado de registro 22447, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que el seis de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y en su lugar emitió una diversa en el recurso de revisión 006/2017, interpuesto por el aquí quejoso en contra de la calificación registral negativa de dos de febrero de dos mil diecisiete, resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, dictó una nueva resolución en la que declaró infundados los agravios hechos valer en dicho recurso de revisión, ello principalmente en razón de que, el trámite que pretendía realizar el aquí quejoso, conforme a la circular DJ/RAN/I-18, derogada por la diversa 03/2017, es necesario contar con un dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para así poder inscribir el cambio de destino de tierras ejidales. Ahora bien, respecto de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito de registro 23217, recibido en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, en el que como puntos medulares motivo de su inconformidad manifiesta: 1. "a).- Que en la resolución que emitió el registrador primigenio de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, éste no hizo alusión a esta circular; por tal motivo no puede ser citada como un nuevo argumento, y b).- La resolución que resolvió el recurso de revisión número 006/2017 es de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete; mientras que la circular 03/2017 entro en vigor con fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete; ósea, es posterior a la primera; y al pretender aplicarla la autoridad responsable, vulnera en mi perjuicio el PRINCIPIO QUE PROHIBE LA APLICACIÓN DE LEYES CON EFECTO RETROACTIVO, el cual esta tutelado por el artículo 14 Constitucional. . 2. "A).- El argumento sostenido por la autoridad responsable y consistente en el Dictamen Técnico a que hace mención, ya fue un tema analizado y resuelto mediante la ejecutoria dictada dentro del Amparo en Revisión 244/2018, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; de donde se desprende en su CONSIDERANDO NOVENO, a foja 15; que el numeral 17, fracción II del Reglamento Interior del RAN, únicamente señala atribuciones de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica; y no obligaciones por parte de los ejidatarios; es por esto, que la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, no se encontró debidamente fundada ni motivada, toda vez que de los artículos que cito la autoridad subyacente entre éstos el numeral antes mencionado (17 del R.I.R.A.N.), y en los que se basó la responsable para confirmar su decisión de declarar infundados los agravios, no se contempla la obligación de obtener un DICTAMEN TECNICO, para acceder al servicio registral solicitado, por lo que resulta contrario a derecho que se exija tal dictamen, como requisito no especificado en tales ordenamientos; así las cosas, tal actuación desplegada por la responsable trastoca el derecho fundamental prescrito en el artículo 16 Constitucional, en perjuicio del quejoso; así pues, resulta improcedente que por nonagésima vez la responsable pretenda cumplir el fallo protector, en base a un argumento ya resuelto como ilegal y violatorio de derechos fundamentales. En esta tesitura, es evidente que la resolución de fecha seis de octubre de dos mil veintidós que resuelve el Recurso de Revisión 006/2017; y por la cual la autoridad responsable pretende cumplimentar la ejecutoria, carece de fundamentación y motivación legal, al desestimar los agravios del recurrente en base a exigir como requisito un Dictamen Técnico no contemplado por la ley; el cual tiene como base la Circular 03/2017, misma que no fue alegada por el Registrador Primigenio y por ser aplicada con efectos retroactivos en perjuicio del quejoso. " Por lo que cabe a estos puntos a resaltar, debe decirse que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que el efecto del amparo concedido, fue para que se dejara insubsistente la resolución reclamada, esto es la emitida en el recurso de revisión 006/2017 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una diversa, debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos contenidos en la ejecutoria del toca de revisión 244/2018 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, los cuales, medularmente precisó que deberá fundar y motivar la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como la imposibilidad estimada para su emisión. Ahora bien, al mencionar la responsable que el Registro Agrario Nacional en su circular DJ/RAN/I-18, derogada por la diversa circular 03/2017, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, para continuar con el trámite de inscripción de los cambios de destino de tierras ejidales que adopta la asamblea de ejidatarios, consistente en contar con un dictamen u opinión técnica de la dependencia mencionada, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Agraria, en la que condiciona la continuidad del proceso de inscripción a la verificación, por la autoridad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la no existencia de bosques o selvas tropicales en las parcelas de que se trate, dicho requisito -adujo-, constituye un límite constitucional a la autonomía del ejido, al tener como finalidad, garantizar la conservación de un medio ambiente sano, mediante la implementación de un requisito de carácter preventivo y superable, que no afecta de manera grave los derechos del ejido. Por tanto, al no contar con dicho dictamen, en términos de los artículos 56, segundo párrafo y 59 de la Ley Agraria, y considerando que la circular antes referida no excede los límites de la facultad reglamentaria al establecer como requisitos para realizar el cambio de destino de tierras ejidales, contar con un dictamen u opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que por ende al no existir dicho dictamen, no resulta posible continuar con el trámite correspondiente, son elementos novedosos que la autoridad empleo para fundar y motivar su decisión; elementos que al momento de resolver la presente controversia constitucional, esta juzgadora no tuvo a su consideración y que dado el momento procesal del juicio que se acuerda, no es posible arribar al estudio de la legalidad que de fondo se practique a dichos planteamientos novedosos, ya que esa circunstancia debe ser dilucidada en un nuevo juicio donde se les otorgue a las partes la oportunidad de alegar en su defensa y exhibir las pruebas pertinentes, ya que al haberle otorgado libertad de jurisdicción a la responsable a fin de que emitiera resolución al recurso citado, la responsable en uso de sus facultades emitió la resolución de manera fundada y motivada, por lo que la legalidad de tales fundamentos y motivos escapa del análisis de esta ejecutoria, puesto que son fundamentos y motivos diversos por los cuales se declaró fundados los agravios hechos valer en la revisión citada. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Superior conmina. Por último, visto el contenido del telegrama enviado por Director de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, mediante el cual informa, que en su carácter de superior jerárquico del Delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional, que requirió a esta, para que diera inmediato cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante el oficio DGAJ/15373/2022. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando en su carácter de superior jerárquico, que dio las órdenes para cumplir con la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio.

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