Francisco Gamboa Sanchez

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Gamboa Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia. Vista la certificación que antecede, se desprende que la sentencia dictada en este juicio, en la cual se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes y requiérase a la autoridad responsable, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el término de tres días siguientes en que sea notificada del presente auto, informe acerca del cumplimiento que haya dado al fallo protector, por lo que se informa que la parte quejosa es ********************con registro federal de contribuyentes********************. Si a la parte quejosa le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que hace referencia el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y en caso de que se le haya instaurado el referido procedimiento, y no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá ser declarado insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar el pronunciamiento respectivo. En el entendido de que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, debiendo remitir copia certificada por duplicado de las constancias que así lo acredite, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.). De igual forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; así como el artículo 9, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, la conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo o en su caso manifieste impedimento legal alguno, asimismo de resultar no ser el superior jerárquico de la autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, informe a quien sí lo es. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente a) Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Primer Circuito con residencia en Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de catorce de octubre del año en curso a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga en cuanto al cumplimiento dado por la responsable; sin que lo haya hecho, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo, por lo que este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en el expediente en que se actúa. Fundamento: Artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En ese sentido, el siete de noviembre dos mil dieciséis, este juzgado dictó sentencia concediendo el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa, para el efecto de en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la citada resolución, mismo que toco conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, quedando registrado con el número de amparo en revisión 1006/2017. En ese sentido, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región remitiendo el testimonio dictado en el recurso de revisión 336/2018 de su índice, en el cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento, la negativa y la concesión de amparo decretadas en la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida en términos de lo establecido en el sexto considerando de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Daosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio de amparo indirecto 201/2014 del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, respecto del acto reclamado y por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta resolución. CUARTO. Se declara sin materia los recursos de revisión adhesiva, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo." Por lo tanto, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días dieran cumplimiento a dicha resolución. En ese tenor, la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, manifestó que a la parte quejosa no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Con base en lo anterior, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, de lo antes narrado, este órgano de control constitucional considera que, se encuentra debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, ello en virtud de que el efecto de la concesión, fue para que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo que aconteció, tal y como se advierte del cumplimiento dado por la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria mediante oficios registrados con los números de folio 16781 y 6146583 del índice de este juzgado. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató la ejecutoria en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Fundamento: Artículos 192, 193 y 196 de la ley de Amparo. Ahora, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 202 de la ley de amparo provéase lo conducente respecto al archivo del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Francisco Gamboa Sánchez, por propio derecho, en atención al Acuerdo General 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese expediente, regístrese con el número 1279/2022 y provéase lo conducente sobre la procedencia. Precisiones sobre la competencia. Quien provee determina que el presente asunto difiere de la comisión otorgada a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que se ciñe a la tramitación de los amparos indirectos en los que se reclamen los puntos precisados en los Acuerdos Generales 2/2017, 4/2017 (que abrogó el 5/2015), 4/2019, 9/2019 y 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal así como el cuerdo General 13/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se dotó a estos juzgados regionales auxiliares de competencia cualitativa para conocer del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señalen como actos reclamados, entre otros ordenamientos, los siguientes: a) La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. b) La inconstitucionalidad de diversas disposiciones fiscales, relativas a la denominada contabilidad electrónica. c) La discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; d) El Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del doce de abril de dos mil diecinueve; e) El Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos; y, Los manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación; f) El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, así como disposiciones normativas, actos u omisiones relacionados con el referido programa o asignación de recursos a estancias infantiles o sus beneficiarios; g) Diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; h) Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; y i) Acuerdo General 13/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual hace del conocimiento, que los Juzgados de Distrito Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en apoyo a todos los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México conocerán a partir de esa fecha, del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se controvierta los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 (dos mil veinte) y 2021 (dos mil veintiuno) en la Ciudad de México, así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionado con estos. Ahora bien, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Como se puede advertir, el reclamo de la parte quejosa se aparta de los temas materia de conocimiento otorgado a este órgano jurisdiccional en el Acuerdo General 13/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, así como la circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en cita, pues, como se dijo, la parte quejosa señala como acto reclamado: la emisión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, concretamente el artículo quinto transitorio, la norma de aplicación 3, contenida en el artículo vigésimo primero transitorio y la expedición del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, por cuanto hace al numeral primero, inciso a) y numeral segundo, inciso a); cuya entrada en vigor corresponden para el cálculo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Y este órgano jurisdiccional solamente va a conocer de los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial únicamente para los ejercicios fiscales 2020 (dos mil veinte) y 2021 (dos mil veintiuno) en la Ciudad de México, así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con estos; no así lo reclamado por la quejosa, toda vez que el acto reclamado, si bien deriva del pago del impuesto predial, también lo es que no corresponde a los ejercicios fiscales antes citados, pues el ejercicio que reclama corresponde al 2022 (dos mil veintidós). En ese sentido, si la competencia cualitativa otorgada a este órgano jurisdiccional se circunscribe a tramitar, resolver y determinar el cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado alguna de las disposiciones que establecen los referidos Acuerdos Generales y Circular, es evidente que el reclamo de la parte quejosa no guarda relación con los mismos. En atención a lo anterior, dado que la demanda de amparo no reúne las características de cualidad necesarias y expuestas en los Acuerdos Generales 4/2019, 9/2019 y 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General 13/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno así como la Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para conocer y resolver sobre la misma, no es procedente conocer del presente asunto. En tal circunstancia, por lo expuesto y fundado, y como ha quedado establecido, ante la competencia especial y restringida que tiene este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 17, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 48 de la Ley de Amparo; 52 fracción I y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos 4/2019, 9/2019 y 2/2020, emitidos por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General 13/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno así como la Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por tanto, SE DECLINA LA COMPETENCIA EN FAVOR DE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En esas condiciones, remítase la demanda, con su anexo y copias de traslado al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, por conducto de la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN, QUE LE PRESTE SERVICIO, para lo que a bien tenga determinar. Se solicita el acuse de recibo. Háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que en este Juzgado Federal deberá conservarse cuaderno de antecedentes que, aunado a este proveído, contendrá la papeleta de turno y copia de la demanda. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente proveído, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Primera Parte, Sección Primera, página 55 que establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda." Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación de la parte quejosa o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Notifíquese.

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