Francisco Gamboa Hernández
Expediente 528/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Gamboa Hernández
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Francisco Gamboa Hernández, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinte de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de control respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías; por lo que se establece como fecha probable el catorce de julio de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito y anexo signado por el quejoso Israel de León Salamanca, mediante el cual solicita se procure el cumplimiento de la sentencia aquí dictada, conforme a los efectos señalados en su resultando séptimo (sic). Atento lo anterior, hágase del conocimiento que por el momento no ha lugar acordar procedente su solicitud, en virtud que de las constancias que obran en los autos no se cuenta con el acuse de recibo del oficio 4574, mediante el cual se notifica la sentencia dictada en este juicio de amparo a la autoridad responsable Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenta Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz. En ese tenor, al no obrar en autos el acuse de recibo respecto del oficio 4574, girado a la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenta Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, mismo que resulta necesario para causar ejecutoria el fallo referido y requerir su cabal cumplimiento, en términos lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, requiérase, por las vías telegráfica y ordinaria a la referida autoridad responsable para que dentro de veinticuatro horas, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, tenga a bien acusar recibo del oficio 4574 de veintiséis de abril del año en curso, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o, en su caso, manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y su actualización, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos setenta y cuatro centavos), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Para el debido cumplimiento de la rendición del informe de ley, la autoridad responsable puede utilizar los medios electrónicos que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para agilizar el trámite de los juicios y una impartición de justicia pronta, o bien, a la dirección electrónica 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Miguel Ángel Basilio Mar, ya que acredita estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y solamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Alberto Velázquez Bautista y María del Carmen Olivares Martínez, por no acreditar estar registrados en el sistema antes mencionado. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en el escrito de cuenta de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo y respecto al correo electrónico que proporciona, será utilizado únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 20/06/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Francisco Gamboa Hernández; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 528/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, el promovente en el apartado de actos reclamados, señala: "La violación al derecho fundamental de petición tutelado por el artículo 8° Constitucional, en virtud de que, si bien a través del acuse de respuesta de fecha 03 de abril de dos mil veintitrés, pretender dar atención a la solicitud de aclaración presentado en fecha 17 de diciembre de 2022, fueron omisas en dar respuesta congruente a la solicitud de actualización de mis obligaciones fiscales en términos del Régimen Simplificado de Confianza, pues a la fecha no se tiene notifica de que las autoridades señaladas como responsables, hayan emitido y notificado algún acto de autoridad en el cual de manera fundada y motivada se pronuncie respecto de la procedencia o improcedencia a mi solicitud de actuación de obligaciones fiscales". En ese tenor, este órgano de control constitucional determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, el solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3°, fracción V, del ordenamiento jurídico que rige a ese Tribunal, ya que a través de esa vía jurisdiccional de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto combatido. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Antes de exponer los razonamientos correspondientes es importante destacar que mediante decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, se reformó la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que ahora regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos administrativos, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución General de la República. De igual forma, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, Novena Época, visible en la página 156, con el registro 191539, del rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En tales condiciones, es viable concluir que la causa de improcedencia en estudio se actualiza de materia notoria y manifiesta, pues en relación con los actos que por esta vía se combate, procede el juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que el acto reclamado lo constituye el acuse de respuesta de folio AC202267839383, de tres de abril del presente año, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, en el que le hizo de su conocimiento lo siguiente: Cabe precisar que la procedencia del juicio contencioso federal contra los actos administrativos como los que ahora se reclaman se prevé en el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; De lo anterior, se colige que el medio ordinario que se debió agotar lo es el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que en la especie la autoridad responsable rechazó entimemáticamente la pretensión de la parte quejosa a que se reconociera su derecho a tributar en el régimen simplificado de confianza y, por ende, denegó implícitamente el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Consecuentemente, tal cuestión era susceptible de ser planteada ante el citado tribunal administrativo, en tanto que se trata de un pronunciamiento efectuado por la responsable que deniega una solicitud, y que causa un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones I a IV, de la referida ley orgánica. Por la razón jurídica que contiene, se cita la Jurisprudencia PC.XXVII. J/16 A (10a.), Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 657, con registro digital 2018882, de rubro y texto siguientes: "INCORPORACIÓN FISCAL. EL DERECHO A TRIBUTAR BAJO ESE RÉGIMEN DEBE DEMOSTRARSE Y NO PRESUMIRSE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los artículos 14, fracción VIII, y 40, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que cuando el actor en el juicio contencioso administrativo pretenda obtener una sentencia de condena, debe precisar el acto cuyo cumplimiento exija, y probar los hechos de los que deriva su derecho. En este sentido, ante la pretensión de que se reconozca su derecho a tributar en el régimen de incorporación fiscal, por estimar que reúne las condiciones del artículo 111, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe probar su procedencia, sin que la Sala Fiscal pueda "reconocerlo" tácitamente ante la omisión de la autoridad, como sanción procesal y, en caso de insuficiencia probatoria, reservar entonces a dicha autoridad sus facultades exclusivas para verificar ese derecho". Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 19/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Cabe precisar que, como lo prevé el citado criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados que los que establece la Ley de Amparo; y en consecuencia, deviene evidente que los actos reclamados que se pretenden impugnar en esta vía, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el entendido que, en el caso, tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia que se analiza, consistentes en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, este órgano de control constitucional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad, conforme al precepto legal en comento, ya que el acto no carece de fundamentación -como se advierte de su sola lectura al haberlo anexado como prueba la parte quejosa-, además que ésta no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, dado que el quejoso no solo plantea violaciones directas a la Constitución Federal, sino que también formula planteamientos de legalidad, es decir, violaciones indirectas a la norma fundamental, pues de la narrativa de hechos de la demanda de amparo, menciona que aún y cuando no se resolvió el fondo de lo solicitado, existe pronunciamiento de parte de la autoridad, cuyo sentido pretende ser controvertido en el presente juicio. Así, es menester destacar que el juicio contencioso administrativo, ventilado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está previsto en una ley formal -específicamente en la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, rector de la acción constitucional. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 130/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En conclusión, este órgano jurisdiccional determina que, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indubitable la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede un medio ordinario de defensa, en específico, el juicio contencioso administrativo federal, mismo que previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, al no operar excepción alguna en la especie. No se soslaya que la parte quejosa refiere que en la especie se está ante la presencia de un acto de carácter omisivo, y que funda su reclamo en el artículo 8 del Pacto Federal; sin embargo, en la propia demanda refiere que la autoridad: "aun y cuando no se resolvió el fondo de lo expresamente solicitado, existe un pronunciamiento de parte de la autoridad, cuyo sentido pretende ser controvertido en el presente juicio"; y dicha respuesta es la que constituye el acto reclamado, respecto del cual en el segundo concepto de violación vierte manifestaciones que se orientan a establecer porqué fue incorrecta la apreciación de la autoridad responsable; aspectos por los que resulta evidente que no se trata de un acto de carácter omisivo, sino de una respuesta que deniega una solicitud y que causa un agravio de carácter fiscal, susceptible de ser combatida ante el tribunal administrativo. De igual forma, es importante precisar que en la especie se está ante una causa de improcedencia notoria, porque la propia parte quejosa aportó las constancias que permiten establecer de manera clara cuál es la pretensión, pues anexó tanto la solicitud formulada ante la responsable como la respuesta emitida por parte de ella; de tal forma que ello permite comprender cuál es el acto reclamado, con independencia de las alegaciones del promovente de la acción constitucional. Así, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por Francisco Gamboa Hernández, por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Determinación que se asume en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá ser desvirtuado y, además, porque se permitirá que el impetrante de amparo acuda ante la instancia correspondiente a defender sus derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Valenzuela Cornelio, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes, por así haber solicitado expresamente el quejoso. Sin que haya lugar de acordar favorable su solicitud de consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, puesto que no proporcionó el nombre usuario correspondiente para tal efecto; dejando a salvo sus derechos para hacerlo con posterioridad durante la tramitación del presente juicio. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente al promovente.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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