Francisco Gallardo Pérez

Expediente 1001/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1001/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Gallardo Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el auto que SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Francisco Gallardo Pérez, por conducto de su apoderado, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes; y, una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1001/2022 archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se sobreseyó; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual rinde su informe justificado. Asimismo, remite diversas constancias certificadas que integran el expediente laboral J.6/270/2018; documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, de dichas constancias, así como del informe de cuenta, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se emitió el laudo definitivo en el expediente laboral J.6/270/2018, promovido por Francisco Gallardo Pérez en contra de Almexa Aluminio, sociedad anónima de capital variable. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí resuelve, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie al quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, de emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral J.6/270/2018 de su índice. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 4 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 1001/2022 Ahora bien, en el presente asunto, la citada autoridad responsable allega copia certificada del laudo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, emitido en el citado expediente laboral, así como la constancia de notificación a la parte actora, aquí quejosa, respecto de dicha determinación. De ahí que se estime que la omisión reclamada ha cesado, dado que si bien el acto que reclamó la parte quejosa existió, al haberse dictado el laudo definitivo en el expediente laboral J.6/270/2018, el mismo ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, omitió en su momento resolver el expediente laboral J.6/270/2018, al haberse dictado el laudo correspondiente, cesaron los actos que reclamó el peticionario de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto del acto reclamado. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Gallardo Pérez, por conducto de su apoderado Alejandro Ruiz León, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con un minuto del trece de octubre de dos mil veintidós, Comuníquese la presente determinación a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Desahoga prevención. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por Alejandro Ruiz León, en su carácter de apoderado legal del quejoso Francisco Gallardo Pérez, por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Alejandro Ruiz León, en su carácter de apoderado legal del quejoso Francisco Gallardo Pérez, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, consistente esencialmente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral J.6/270/2018. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 artículo 127 de la Ley de Amparo. Vista a la Fiscal de la Federación. Dese vista a la Fiscal de la Federación adscrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, y a fin de evitar la propagación del aludido virus bajo el esquema de medidas adoptado pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina lo siguiente: Toda vez que la fiscal federal adscrita, solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través de los correos electrónicos leticia.hernandezva@fgr.org.mx y abogadosdejusticia@yahoo.com del cual pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad. Asimismo, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables), se deberá estar a lo siguiente: Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 Amparo indirecto 1001/2022 ??A???????????? Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la autoridad responsable para que informe en el plazo de tres días, si cuentan con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que, a través del mismo, puedan notificarse de las resoluciones emitidas por este Juzgado de Distrito y enviar digitalmente promociones. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrá generar una mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), para lo cual deberá consultar el manual de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayud a. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcionen algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que sea enviada por ese medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Las que no cuenten con los anteriores requisitos, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, los actuarios deberán realizar la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. En ese tenor, mientras este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento atendiendo a cada caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le requiere para que reciba toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que con independencia de lo anterior, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Requerimiento de informes justificados. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 Amparo indirecto 1001/2022 ??A???????????? documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización1, i) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." 1 Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014.3 Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmerso el quejoso en la instancia de origen, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificada de este auto, informe si dentro del expediente laboral J.6/270/2018 las partes 1 "De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Novena Época, Registro: 188804, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 113/2001, Página: 5. 2 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 3 "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". Época: Décima Época. Registro: 2006225. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). Página: 204. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 Amparo indirecto 1001/2022 ??A???????????? han promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. En esa tesitura, dígasele a la autoridad señalada como responsable que podrá rendir dicha información al correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Para el caso que las constancias que sustentan el acto reclamado se encuentran digitalizadas, deberá remitirlas de forma electrónica a este juzgado federal a través de los medios indicados, sin perjuicio de que deban ser remitidas físicamente cuando superen la capacidad que permita integrarlas al expediente electrónico (20 mega bytes). Vista a las partes y consulta del expediente físico. Se hace del conocimiento de las partes que a fin de imponerse de las constancias de los presentes autos, así como desahogar comparecencias y requerimientos, deberán agendar cita siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional. Obligaciones de las partes. Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 el artículo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, por lo que se le apercibe para una vez enterada que dicha denominación resultará incorrecta deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omisa se le sancionará declarándola inexistente de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la audiencia constitucional. Se señalan las once horas con un minuto del trece de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente, se previene a las partes, para que hasta veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia constitucional, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación, mismas que deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, además de proporcionar los datos correspondientes en el escrito precisado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 Amparo indirecto 1001/2022 ??A???????????? videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Se apercibe a las partes que en caso de omisión al respecto, se entenderá que no es su deseo intervenir en la videoconferencia, llevándose a cabo la audiencia correspondiente de manera escrita, sin presencia de las partes, sin que ello implique que no puedan presentar escritos en la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con una identificación oficial vigente, para que la exhiban en la audiencia, lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, el cual deberá estar digitalizado y será incorporado a través de la función "compartir pantalla" de la aplicación, a efecto de conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación, informándole que tendrá intervención en la misma a las partes. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder acceder a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional. De las notificaciones a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de dicho ordenamiento, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a dictar en este asunto se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 1001/2022 mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. De las pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que indica en su ocurso de cuenta, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio de amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida Francisco Gallardo Pérez por conducto de su apoderado Alejandro Ruiz León, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 1001/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Prevención. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De la transcripción anterior se desprende que el citado artículo no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Ahora, de la lectura al proemio del escrito de cuenta, se advierte que acude a esta instancia constitucional Francisco Gallardo Pérez, por conducto de su apoderado Alejandro Ruiz León, para lo cual, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, exhibe carta poder para acreditar dicha personalidad; sin embargo, del apartado denominado "quejosos", se advierte lo siguiente: "(.) QUEJOSO: FRANCISCO GALLARDO PÉREZ y ANDRÉS SÁNCHEZ GALAN, con domicilio en (.) (.)" Es decir, existe imprecisión sobre quiénes son los promoventes que acuden a este juicio, máxime que solo acredita la personalidad de quien señala ser apoderado de Francisco Gallardo Pérez, no así del diverso Andrés Sánchez Galán. Por otra parte, en el capítulo denominado "Autoridad responsable", señala con ese carácter a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México; no obstante, de la lectura al capítulo de "Antecedentes" refiere que, a quien atribuye el acto reclamado, es a la diversa Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que, bajo esas circunstancias, se genera incertidumbre a este juzgador. En consecuencia, a fin de proveer sobre su admisión o no, requiérase al promovente de amparo para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad; con fundamento en lo previsto por el artículo 108 fracción I, en relación con el diverso 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En ese sentido, deberá ajustar su escrito de demanda a los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: a) Precisar si Alejandro Ruiz León (quien se ostenta como apoderado) acude a esta instancia constitucional en representación únicamente de Francisco Gallardo Pérez; o bien, también es su intención acudir en nombre de Andrés Sánchez Galán. En ese caso, deberá presentar documento vigente, idóneo, apto y suficiente con que acredite la personalidad con la que comparece; es decir, que cuenta con la facultad de promover la presente instancia constitucional en nombre y representación de quienes refiere en la demanda de amparo que se atiende. En ese sentido, deberá exhibir copias suficientes del documento con el que acredite su personalidad, a fin de correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a/J.I/96, sustentada por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo III, Enero de 1996, página 47, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Hágase del conocimiento del promovente que los documentos que exhiba para acreditar la personalidad, deberán haber sido otorgados con anterioridad a la presentación de la demanda. Se invoca la tesis de jurisprudencia 91/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de 2000, página 9, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." b) Especifique qué autoridad es a quien atribuye la emisión del acto reclamado, toda vez que, como se señaló, en el capítulo respectivo de la demanda refiere como tal a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México; sin embargo, en el de antecedentes, reclama el acto a la diversa Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, en caso de reclamarse a ambas autoridades, deberá indicar si el acto que le causa afectación deriva de diversos números de juicios laborales y, en su caso, informar los que así corresponda. Lo anterior en virtud de que, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables a las que atribuye los actos reclamados, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae el artículo 79 de la citada ley, no tiene el alcance de determinar cuáles son las responsables a las que se quiso demandar. c) Bajo protesta de decir verdad, informe el número correcto del juicio laboral del que emana el acto reclamado, toda vez que de la lectura íntegra del escrito de cuenta, refiere como tal el expediente 1065/2016; sin embargo, en diferente rubro, hace mención que el juicio laboral de donde deriva el acto reclamado es el J.6/270/2018. Lo antes indicado se estima de utilidad para fijar la litis constitucional, en términos de la carga procesal señalada en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que rige el juicio de amparo indirecto, en relación con el diverso 74 fracción I del citado ordenamiento legal, lo que incluso resulta favorable a los intereses del quejoso, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos y por ello se estima dable prevenir a la parte quejosa para que aclare su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XX.57 K, Novena Época, con registro digital 202853, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, marzo de 1996, visible en la página 871, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Hágase de su conocimiento que la satisfacción de los anteriores puntos preventivos deben ser realizados forzosamente por quien signó la demanda de amparo. Sustenta la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.". Asimismo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." d) Una vez aclarados los puntos que anteceden, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados aludidos a las partes que intervienen en el presente juicio, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento a la parte quejosa. Se apercibe al promovente que, de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que, por única ocasión, se constituya en Primera Cerrada de Nicolás Bravo, número 69, colonia La Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la profesionista que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. En ese contexto, y por lo que hace a su solicitud de devolución del documento con el cual acreditó su personalidad, una vez que este sumario cause ejecutoria, previa solicitud se acordará sobre el particular. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.

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