Francisco Gabriel Alatorre Chavez

Expediente 2772/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2772/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Francisco Gabriel Alatorre Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley, archívese este expediente por estar concluido, es susceptible de destrucción, se considera no relevante.

  2. Principal

    se concede una prórroga de tres días, en el entendido de que ésta no podrá excederse de la misma, a fin de que esté en aptitud de cumplimentar la sentencia de garantías; se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por María de Jesús Ortiz Jáuregui, como representante de la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada '' La Capacha'', mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de julio de dos mil dieciocho, exhibe las copias del testimonio publico solicitado; al respecto, se provee: agréguese a los autos el escrito de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por cumplido dicho requerimiento, y, por ende, se ordena dejar sin efectos el apercibimiento contenido en el proveído de referencia. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de garantías suscrita por María de Jesús Ortiz Jauregui, Como Administradora General de la Quejosa, contra actos del Tribunal Unitario Agrario número Quince y Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco número Dos del Servicio de Administración Tributaria, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo primero, 2°, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 124 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite a trámite la demanda de amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Conforme a lo dispuesto por los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe con justificación señalando el número de oficio con el que les es notificado el presente proveído, dentro del término de quince días contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se refiere el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendir su informe justificado, en la sentencia que en el asunto se dicte se tomará en cuenta tal omisión, sancionable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acompañar a su informe justificado, copias certificadas completas y legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, en el entendido que de no rendirse éste, de no acompañar las copias, o que éstas se encuentren ilegibles, total o parcialmente; se les impondrá una multa a cada omisa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, bajo apercibimiento que de no cumplir con esta obligación, al omiso se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en el artículo 251 de la ley invocada, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. No se tramita incidente de suspensión por no estar expresamente solicitado, de conformidad con el numeral 125 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Acorde a lo dispuesto en el artículo 5º. fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Ejido y Comisariado Ejidal del Poblado Santa Anita, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, los que deberán ser emplazados al juicio de amparo por conducto del Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito, en los domicilios que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo y por medio de lista conforme al artículo 26, fracción III, de ese cuerpo legal, se ordena dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, la intervención que legalmente le corresponde y, hágase de su conocimiento que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este juzgado. Ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que el quejoso anexó a su escrito de demanda, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. "

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