Francisco Fuentes Cortez
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Fuentes Cortez
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 227/2022-I, promovido por Francisco Fuentes Cortez, contra actos del Congreso, Gobernadora Constitucional, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento del Padrón Vehicular dependiente de la Secretaría de Hacienda, todos éstos del Gobierno del Estado de Chihuahua, con domicilio en la capital de la entidad federativa. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en Chihuahua, misma que por razón de turno le correspondió conocer a este éste órgano federal el veintidós de marzo siguiente, Francisco Fuentes Cortez, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades precisadas en el preámbulo de esta resolución, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como actos reclamados: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAME; siendo lo siguientes: A. De la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO: La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVI/APLIE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, en cuanto a lo que disponen los artículos Octavo y Decimoséptimo de dicha normativa. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, por lo que respecta a lo dispuesto por los numerales 207, 208 y 2011 (sic), de la citada ley. B. Del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVI/APLIE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, en cuanto a lo que disponen los artículos Octavo y Decimoséptimo de dicha normativa. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, por lo que respecta a lo dispuesto por los numerales 207, 208 y 2011 (sic), de la citada ley. C. Del C. SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: El cobro de los Derechos señalados en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en sus artículos 207, 208 y 2011 (sic), así como lo referido en los artículos Octavo y Decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, por conducto de las áreas dependientes de dicho Secretario que participen en el cobro y recaudación derivados de los actos reclamados. D. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: La aprobación y expedición del Decreto No. LXVI/APLIE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, en lo tocante a los dispuesto por los Artículos Octavo y Decimoséptimo de la citada Ley, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104. La aprobación y expedición del Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, por lo que respecta a lo dispuesto por los numerales 207, 208 y 2011 (sic), del ordenamiento antes citado. E. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DEL CONTROL VEHICULAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: El registró en el padrón del control vehicular del Gobierno del Estado a mi nombre, respecto de un vehículo automotor marca Ford, año 1987 con placas de circulación e identificación vehicular número EC96004, con número de serie IFTCR15TXHPB40083, mismo que sirve como antecedente en la generación de la contribución a mi cargo, por el pago de los Derechos a que hago referencia a los actos reclamados". (SIC) SEGUNDO. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete, se solicitó informe justificado a las responsables, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 adicionado por el 3/2015, 12/2016 y 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama normas generales cuya aplicación tuvieron lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad comprendida dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a analizar los informes rendidos por las autoridades responsables, es importante establecer cuáles son los actos que se le atribuyen, de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual debe analizarse la demanda de amparo en su integridad y, en su caso, el escrito de ampliación, a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, apoya lo anterior la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Establecido lo anterior, para los efectos del supracitado artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son los siguientes: - La aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I.P.O. que autoriza la Ley de Ingresos el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en lo referente al derecho de control vehicular y canje de placas metálicas de circulación vehicular. - La aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I.P.O. que autoriza la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en lo referente al derecho de control vehicular, canje de placas metálicas y expedición de tarjeta de circulación vehicular. TERCERO. Establecidos los actos que se combaten, se procede al análisis de los informes justificados de las responsables, a fin de verificar la existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento del Padrón Vehicular dependiente de la Secretaría de Hacienda, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, negaron categóricamente los actos que le atribuyó el accionante del amparo, sin que se hayan aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. En esta tesitura, lo que procede respecto de las citadas autoridades, es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. En los informes justificados rendidos por el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, y por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno, en representación de la Gobernadora y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, reconocieron su participación, dentro del ámbito de sus atribuciones, en el proceso de discusión, aprobación y expedición de los decretos combatidos. En consecuencia, se tienen por ciertos los actos que señala el promovente del amparo. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Conviene agregar que los actos relativos al proceso de creación de las normas está acreditado plenamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los cuales se establece que las leyes no son objeto de prueba. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J.65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección, Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, número 370, página 4060, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Así como la diversa tesis V.2o.214 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-I, febrero de 1995, a pág. 205, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 940 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis, página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al respecto, la autoridad responsable Congreso del Estado de Chihuahua, sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa señala que existe una supuesta violación a sus intereses jurídicos, derivada del derecho de control vehicular; pero no anexa en vía de prueba las documentales para acreditar el acto reclamado. Es fundado. El referido precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)". La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, pues para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica de manera directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta). De ahí, la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/26 (8va.) del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VIII, Diciembre de 1991, pág. 117, que señala: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación), así como la afectación del citado derecho mediante un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De ese modo, es dable afirmar que la actualización de afectación producida por acto de autoridad sobre algún derecho o prerrogativa legalmente tutelada o reconocida, que faculte al titular a acceder al medio de control jurisdiccional para que se le restituya en el menoscabo sufrido, constituye un presupuesto procesal necesario para la pertinencia del juicio de amparo. Como se aprecia, el interés se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, cuya trasgresión por una autoridad o por la ley, concede al titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la afectación de que se trate. Por su parte, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, de forma que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; en tanto que, el interés para hacer procedente el juicio de amparo, reconoce al particular un derecho subjetivo que protege una norma general, el cual se afecta por un acto de autoridad, lo que ocasiona un perjuicio a su titular, circunstancia que le da legitimidad para reclamar dicho acto por medio del juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, se afirma que el interés necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho que se afecta y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, volumen 72, Séptima Parte, de la página 55, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, en lo que atañe al interés jurídico se deben reunir los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De igual manera, resulta oportuno destacar que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés jurídico, el cual debe demostrarse plenamente y no puede inferirse con base en presunciones, toda vez que la naturaleza del juicio constitucional -medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, pág. 17, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, página 15, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Asimismo, es aplicable la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, del libro XXIV, septiembre de 2013, pág. 1854, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Luego, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar la titularidad del derecho subjetivo cuya transgresión reclaman, y el perjuicio que ese primer acto de aplicación les causa a su esfera jurídica, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de acreditar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios p ropios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Así, para que el quejoso acredite su interés jurídico para acudir al amparo contra dichas normativas, es necesario que demuestre ser propietario del vehículo que refiere en su demanda, con la finalidad de probar que se ubica en el citado supuesto normativo, y que por ello se pueda estimar que se vulnera un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; es decir, que los preceptos que en amparo reclama le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Al respecto, el accionante del amparo, para demostrar la aplicación de las normas reclamadas, exhibió: 1. Impresión del comprobante de pago con el siguiente contenido: "DETALLE SERVICIO GOB.EDO.CHIH. 190220154151202136220228 Este No es comprobante de Pago SUPERETE (0040) PAGO DE SERVICIO SUC: 40 Term:10603 Fecha 2022-02-28 15:30 Núm de Servicio: 1996273 Folio sucursal: 2045552 Autorización: 2045552 TSTMP: 20220228:153107 GOB EDO. CHIH. $2136.00 Cuenta: 190220154151202136220228 190220154151202136220228 Subtotal$2136 Total $2136.00 (DOSMIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 m.n.) Efectivo Pagado: $2136.00 Cambio $64.00 Atendió: HERNÁNDEZ MÉNDEZ ROCIIO Gracias por su visita." Medio de convicción con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, dicho documento no es idóneo para acreditar su interés jurídico, porque carece del nombre del propietario del automotor que generó el derecho reclamado, asimismo, no contiene los datos del vehículo de mérito. Esto es, tal medio de convicción no demuestra que Francisco Hernández Cortez, aquí quejoso, es propietario del coche que refiere en su demanda, con la finalidad de probar que se ubica en el supuesto normativo que reclama. En tales condiciones, como el estudio de la aprobación, expedición y promulgación de los Decretos reclamados se encuentra condicionado a un acto de aplicación, por lo que al no acreditar dicho acto y tener la norma reclamada el carácter de heteroaplicativa, por no causar un perjuicio a la parte quejosa con motivo de su sola entrada en vigor, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, lo que provoca que el presente juicio de amparo sea improcedente. Resulta aplicable por las razones que informan, en lo conducente, la tesis 2a. CLXXV/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 190630, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000. Materia Constitucional, página: 447 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta al tenor siguiente: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas". También resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis II.3°.C.3.K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegido en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, página 1205, del tenor literal siguiente: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia". Además, de conformidad con la técnica que rige el juicio de amparo, es obligación de la parte accionante de tutela constitucional, acreditar plenamente que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues ello no debe inferirse ni tenerse por cierto con base en presunciones. La anterior consideración, tiene sustento en las jurisprudencias, con rubros: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." e "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". En tal estado de cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, este Juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Por lo anterior, no se permite el estudio del fondo del asunto, según criterio contenido en la jurisprudencia con registro 214593, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia(s): Común, Tesis: II.3o. J/58, Página: 57, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Francisco Fuentes Cortez, por propio derecho, contra actos del Congreso, Gobernadora Constitucional, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento del Padrón Vehicular dependiente de la Secretaría de Hacienda, todos éstos del Gobierno del Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese Así lo resolvió y firma, el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del Secretario licenciado José Universo Bautista Fuerte quien autoriza las actuaciones y da fe; concluyendo de esta manera la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto los oficios signados por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la secretaría General de Gobierno, en representación de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua capital, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene rindiendo su informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, Gobernadora Constitucional del Estado De Chihuahua, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento del Padrón de Control Vehicular Dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, ni tampoco obran las piezas postales que amparan los oficios en los que se les remitió copia de la demanda de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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