Francisco Froese Schellemberg

Expediente 782/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
782/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2016

Partes del expediente

  • Francisco Froese Schellemberg

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos de los cuales se advierte que ha fenecido para la parte quejosa el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto dictado el diecinueve de octubre del presente año que desechó la demanda de amparo (fojas 5 a 11), sin que haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinte de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo presentada por Francisco Froese Schellemberg contra actos que atribuye al Perito Deslindador de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad; se manda formar expediente y registrarla en el Libro de Gobierno bajo el número 782/2016. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso reclama a la autoridad señalada como responsable los trabajos de investigación, medición y deslinde que se llevaran a cabo el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en el predio denominado Rancho el Potrillo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De tales preceptos se advierte que, procede el juicio de amparo, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, únicamente hasta que se dicte la resolución definitiva en el mismo, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y como supuesto de excepción, esto es, de forma inmediata, contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, los actos reclamados tienen lugar en el procedimiento de operaciones de deslinde e investigación para mantener la actualización permanente u obtener la titulación respecto de terrenos baldíos y nacionales, que solicitó el propio quejoso previsto por los artículos 160 y 161 de la Ley Agraria y los diversos artículos 99 al 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que establecen: "Artículo 160. La Secretaría de la Reforma Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga. El deslindador notificará a quienes se hubieren presentado el día, hora y lugar en que principiarán las operaciones de deslinde a efecto de que concurran por sí o designen representante. Se levantará acta de las diligencias realizadas, en la que firmarán el deslindador, dos testigos y los interesados que estuvieren o no conformes; en caso de inconformidad se hará constar esta circunstancia, sin que la falta de firma de estos últimos afecte la validez del acta. Los propietarios o poseedores de predios prestarán toda clase de facilidades para que se lleven a cabo los trabajos de deslinde. En caso de oposición, el deslindador solicitará la ayuda de la fuerza pública. Recibida por la Secretaría la documentación de las operaciones de deslinde procederá a hacer el estudio de las mismas, tanto de la parte técnica topográfica, como de la titulación enviada y resolverá si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de la zona abarcada por el deslinde existen o no terrenos nacionales. Las resoluciones se notificarán a los interesados en los domicilios que hayan señalado, y se publicarán además en el Diario Oficial de la Federación. En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio". "Artículo 161. La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras". "Artículo 99. La Secretaría realizará acciones de investigación para mantener permanentemente actualizada la información sobre los terrenos baldíos y nacionales". "Artículo 100. La Secretaría anualmente le informará a la Secretaría de la Función Pública sobre el inventario de los terrenos baldíos y nacionales, así como de las enajenaciones que realice". "CAPÍTULO II DE LA INVESTIGACIÓN Y DESLINDE DE LOS TERRENOS BALDÍOS "Artículo 101. La Secretaría está facultada para investigar la existencia de terrenos baldíos y verificar las posesiones que existieren en ellos. En su caso, la Secretaría realizará los trabajos de campo necesarios para la identificación de los predios respectivos". "Artículo 102. La Secretaría iniciará la investigación a que se refiere el artículo anterior, solicitando al Registro, al Registro Público de la Propiedad y a la oficina de Catastro de la entidad federativa correspondiente, constancias sobre la situación registral de los predios de que se trate. Los pagos que se generen por la expedición de las constancias señaladas en el párrafo anterior, serán cubiertos por la Secretaría y se cargarán al valor total de enajenación. A las solicitudes de información, la Secretaría anexará las documentales topográficas necesarias que permitan identificar su ubicación y colindancias de la superficie, a efecto de que los órganos registrales cuenten con elementos técnicos suficientes para que, en su caso, puedan localizar de manera precisa en sus registros o archivos la información solicitada". "Artículo 103. La Secretaría llevará el inventario de los terrenos denunciados como baldíos y solicitará al Registro la inscripción de los mismos. Al efecto proporcionará los elementos de identificación geográfica y colindancias, así como sobre las posesiones que existieren en ellos". "Artículo 104. La Secretaría realizará por sí o a través de terceros los trabajos técnicos de deslinde y levantamiento topográfico, sobre los terrenos identificados como baldíos. Los productos cartográficos se ajustarán a las normas técnicas emitidas por el Registro". "Artículo 105. El procedimiento de deslinde será el siguiente: I. El responsable de los trabajos formulará el aviso de deslinde que deberá contener cuando menos los elementos siguientes: a) Denominación del predio a deslindar; b) Superficie aproximada y colindancias; c) Municipio y entidad federativa en que se localiza el terreno; d) Número y fecha del oficio por el que la Secretaría autorizó la realización de los trabajos de medición y deslinde; e) Número y fecha del oficio por el que se comisionó al deslindador para llevar a cabo los trabajos de medición y deslinde; f) Fundamentación para la ejecución de los trabajos de medición y deslinde; g) Señalamiento del lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que tendrá los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar, a disposición de cualquier interesado para su consulta; h) Lugar y fecha de elaboración, y i) Nombre y firma del perito deslindador. El aviso de deslinde se publicará por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate. Asimismo, el deslindador deberá fijar el aviso en los parajes cercanos al terreno a deslindar, el cual contendrá un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias; II. Los propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar, tendrán un plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación del aviso de deslinde en el Diario Oficial de la Federación, para expresar mediante escrito libre lo que a su interés convenga. Para tal efecto, deberán aportar en la oficina del deslindador, copias de los documentos que avalen su dicho. Cuando los interesados aporten documentos con los que se pretenda acreditar propiedad de terceros sobre los terrenos a deslindar, o en caso, de que como resultado de la investigación de antecedentes registrales la Secretaría haya identificado inscripciones de documentos de supuesta propiedad privada; no se suspenderá la diligencia de deslinde, toda vez que los mismos serán valorados al momento de que la Secretaría resuelva la procedencia o improcedencia de declarar el predio como terreno nacional. III. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, el deslindador notificará a quien hubiere presentado en sus oficinas, copias de los documentos que avalen que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar, así como al solicitante de la enajenación y sus colindantes, para que comparezcan por sí o a través de representante, en la fecha, día y hora de la diligencia del deslinde. La notificación deberá realizarse con una anticipación no menor de tres días hábiles al inicio de la diligencia de deslinde. En caso de que como resultado de la investigación de antecedentes registrales, la Secretaría haya identificado la existencia de supuestos propietarios de la superficie a deslindar, éstos también serán notificados de los trabajos a realizar en los términos señalados en el párrafo anterior, pero de no ser posible su localización, o si la persona se negare a recibir la notificación respectiva, ésta se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del presente Reglamento, y IV. Al término de la diligencia de deslinde, deberá levantarse el acta correspondiente, que estará firmada por el deslindador, dos testigos y los interesados. En caso de inconformidad se hará constar tal circunstancia, sin que se requiera para su validez la firma del inconforme. Quienes firmen el acta de deslinde tendrán que identificarse de manera fehaciente, debiéndose anexar al acta correspondiente, de ser posible, copia del documento de identidad". "Artículo 106. Los propietarios o poseedores de predios prestarán toda clase de facilidades para que se lleven a cabo las operaciones de deslinde. En caso de oposición, la Secretaría podrá solicitar la ayuda de la fuerza pública". De los preceptos transcritos se advierten las etapas del procedimiento citado, por el cual la autoridad prepara una resolución que dirimirá una cuestión atinente al bien inmueble y particulares involucrados. En ese sentido, en la especie, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fueron impugnados por la parte quejosa, éste no constituye la resolución definitiva en el procedimiento de deslinde, ni una violación de carácter irreparable, ya que únicamente tienen efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que sólo son actos tendentes a dilucidar los límites y colindancias, así como los propietarios, poseedores y colindantes de terrenos nacionales, para la actualización de información o enajenación de los mismos, procedimiento que se insiste fue solicitado por el propio quejoso tal y como lo señaló en su demanda. En efecto, el citado acto reclamado sólo prepara la resolución definitiva prevista en el penúltimo párrafo del artículo 160 de la Ley Agraria y los diversos artículos 107 al 111 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que literalmente disponen: "Artículo 160. Recibida por la Secretaría la documentación de las operaciones de deslinde procederá a hacer el estudio de las mismas, tanto de la parte técnica topográfica, como de la titulación enviada y resolverá si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de la zona abarcada por el deslinde existen o no terrenos nacionales. Las resoluciones se notificarán a los interesados en los domicilios que hayan señalado, y se publicarán además en el Diario Oficial de la Federación". "CAPÍTULO III DE LAS RESOLUCIONES SOBRE TERRENOS NACIONALES "Artículo 107. La Secretaría dictaminará si el terreno es o no nacional, o si dentro de la superficie deslindada existen o no terrenos nacionales. El dictamen deberá contener lo siguiente: I. Identificación del terreno, nombre del predio, municipio y entidad federativa; II. Superficie, medidas, colindancias, clave única catastral del predio de que se trate y número de expediente del terreno deslindado; III. En su caso, nombre de los posesionarios y antigüedad de la posesión; IV. Descripción de los trabajos de deslinde y fecha del acta de deslinde; V. Análisis de las inconformidades que se hubieren presentado con motivo de las diligencias de deslinde, y VI. El acuerdo que proceda. "Artículo 108. El Titular de la Secretaría, con base en el dictamen, emitirá la resolución que declare un terreno como nacional, la que deberá contener los siguientes datos": I. Resultandos, que contendrán número de expediente, nombre del predio, superficie, entidad federativa, municipio, ubicación geográfica e identificación de las colindancias del terreno, fecha de emisión y sentido del dictamen; II. Considerandos, que contendrán la fundamentación y motivación de las pruebas aportadas; III. Resolutivos, que establezcan la declaración del terreno como nacional; IV. Lugar y fecha de la resolución, y V. Firma del Secretario". "Artículo 109. Las resoluciones deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se comunicarán al Instituto y se notificarán personalmente a los interesados, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de su publicación. Para las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en lo conducente, en el párrafo primero del artículo 19 de este Reglamento. Si se desconoce el domicilio de los interesados, la Secretaría deberá agotar mecanismos de investigación tendentes a cerciorarse por los medios idóneos que conduzcan a comprobar fehacientemente la imposibilidad de conocerlo. Si una vez que se agoten los mecanismos de investigación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría desconoce el domicilio del interesado, la publicación que se haga en el Diario Oficial de la Federación hará las veces de notificación personal". "Artículo 110. En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría, el interesado podrá acudir a los Tribunales Agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal o al de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación". "Artículo 111. Las resoluciones sobre terrenos nacionales deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa de que se trate, en el Registro Público de la Propiedad Federal, así como en el Registro". De los preceptos transcritos se desprende que el procedimiento de deslinde del que deriva el acto reclamado es la consecuencia de etapas procesales a fin de lograr la resolución que dictaminaría si el terreno es o no nacional, resolución que además puede ser combatida en los tribunales agrarios; de ahí que, a fin de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debe esperar a dicha resolución para combatir las violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento. Sin que en el caso, se actualice el supuesto de excepción, ya que dichos actos no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan al momento de que el agraviado obtenga una satisfacción a sus intereses al momento que se dicte la resolución del procedimiento de deslinde, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 184435, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR." Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Alejandro Álvarez León, por así solicitarlo la parte quejosa. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, lo que deberá efectuarlo dentro del plazo a que se contrae el arábigo 24 de la misma legislación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.

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