Francisco Flores Farías

Expediente 756/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
756/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Flores Farías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, con el que devuelve diligenciado el exhorto x/2021, origen xxx-E-VI-AMPARO/2021, de nuestro índice, del que se advierte que se notificaron por medio de oficio, a las autoridades responsables Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos con residencia en Cuernavaca, Morelos, el diverso proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitido en los presentes autos. Sin que sea necesario acusar recibo del exhorto de mérito, toda vez que la genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, no es el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante diverso proveído de veintinueve de junio de la presente anualidad, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXX), y Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos con sede en Cuernavaca, Morelos, no rindieron respectivamente su informe justificado solicitado dentro del término legal, no obstante de que en autos obran constancias de su legal emplazamiento, con sello de recepción de fecha veinticuatro de febrero del año en curso; lo que traería como consecuencia, la presunción de ser cierto el acto reclamado. Sin embargo, del contenido de la certificación de cuenta, este juzgado considera prudente invocar como hecho notorio el contenido de las actuaciones que obran en autos del juicio de garantías 726/2020-VI-A, donde obra el informe justificado rendido por el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado denominado XXXXXXXXXXXXXXX(XXXXX), con sede en Cuernavaca, Morelos, a través del cual, remitió copia digitalizada de la circular 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, con sede en la Ciudad de México, de donde se desprende que, a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la primera sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero del presente año, determinaron que se extinguía la necesidad de ejecutar el concurso y los servicios del contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el Paquete Sureste, ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como de adjudicar dicho contrato; por lo que, en cumplimiento a lo anterior, las citadas autoridades comunicaron al fiduciario la cancelación del concurso XXXXXXXXXXXX. Por tanto, se ordena extraer fotocopia del referido informe justificado, a fin de que sea certificado y glosado al presente juicio de amparo, lo anterior, con el fin de no retrasar la secuela procesal en el presente expediente, ni vulnerar los principios contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, tomando en consideración que las documentales enviadas por el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado denominado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXX), con sede en Cuernavaca, Morelos, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio. En principio, la demanda de amparo fue promovida por xxxxxx, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte (según sello de la papeleta de turno), en contra de las autoridades y los actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: I. Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, con sede en la Ciudad de México. II. Secretario de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México. III. Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, con sede en la Ciudad de México. IV. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con sede en Cuernavaca, Morelos, por conducto de XXXXXXXXXXX, S.A. de C.V., con sede en Torreón, Coahuila. V. Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con sede en Cuernavaca, Morelos, por conducto de Esparta Servicios Eficientes, S.A. de C.V., con sede en Torreón, Coahuila. ACTOS RECLAMADOS: a) La convocatoria publicada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las bases del concurso XXXXXXXXXXXXX, relativo a la adjudicación de un contrato de asociación público-privada para la prestación de servicios consistentes en el mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el "Paquete Sureste", ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad de infraestructura. b) En vía de consecuencia, el dictamen de viabilidad respecto del concurso XXXXXXXXX2020, de diecinueve de mayo de dos mil veinte. c) El Acuerdo CT/XXXXXXX/8-ABRIL-2019/VI-A. d) El oficio 3.4.-0403, de nueve de julio de dos mil dieciocho, por el que se autoriza el objeto del contrato que se adjudicará en el concurso XXXXXXXX e) Y las consecuencias derivadas de la ejecución de la convocatoria reclamada. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" . Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos de sobreseimiento. En el caso en concreto, el quejoso xxxxxxxxx, por propio derecho, demanda: a) La convocatoria publicada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las bases del concurso XXXXXXXXXXXXXX, relativo a la adjudicación de un contrato de asociación público privada para la prestación de servicios consistentes en el mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el "XXXXXXXXX", ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad de infraestructura. b) En vía de consecuencia, el dictamen de viabilidad respecto del concurso XXXXXXXXXX, de diecinueve de mayo de dos mil veinte. c) El Acuerdo CT/XXXXX/8-ABRIL-2019/VI-A. d) El oficio 3.4.-0403, de nueve de julio de dos mil dieciocho, por el que se autoriza el objeto del contrato que se adjudicará en el concurso XXXXXXXXXXXXXX. e) Y las consecuencias derivadas de la ejecución de la convocatoria reclamada. No obstante, el apoderado legal de XXXXXXXXXXXX [XXXXXX], con domicilio en la Ciudad de México, al remitir copia digitalizada de la circular 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, con sede en la Ciudad de México, de donde se desprende que, a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (XXXXXXXXXXX), en la primera sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero del presente año, determinaron que se extinguía la necesidad de ejecutar el concurso y los servicios del contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación de los Caminos y el Puente que integran el XXXXXXXXXXXXX, ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como de adjudicar dicho contrato. Por lo que, en cumplimiento a lo anterior, las citadas autoridades comunicaron al fiduciario la cancelación del concurso XXXXXXXXXXXX. Con ello, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, debido a que la autoridad Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, comunicó a través de la circular número 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, que las autoridades: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso Número 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), han decidido cancelar el concurso XXXXXXXXXXXXXXXXX- E8-2020, el cual es precisamente el acto que se reclama, y las consecuencias que de él derivan, de modo que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional porque el concurso reclamado ha sido cancelado; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica del promovente que amerite ser compensado con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado legal del Organismo Público Descentralizado denominado XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXX), y del Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexo, ambos con sede en Cuernavaca, Morelos, personalidad que se le reconoce en base al documento que exhibe, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, mediante el cual designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita acceso al expediente electrónico, así como el uso de medios electrónicos, e interpone incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación de la suspensión provisional pronunciada en los presentes autos incidentales, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, en términos del numeral 9 de la invocada ley de la materia, se tienen como delegados de las citadas autoridades responsables, a las personas que indica en su oficio de cuenta, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXX, para consultar el expediente vía electrónica, toda vez que dichos usuarios se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; se toma nota de lo manifestado por el ocursante y se gira atenta indicación para realizar el trámite correspondiente a efecto de cumplir materialmente dicha autorización y tomar las medidas conducentes para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. Por lo que respecta a la utilización de medios electrónicos, con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las citadas autoridades, imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, Página 2847, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Ahora bien, esta resolutora federal considera prudente invocar como hecho notorio el contenido de las actuaciones que integran los autos del expediente principal y del cual derivan los presentes cuadernos incidentales, en los cuales se advierte que, al haber cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, mediante proveído de esta misma data, se sobreseyó el juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, debido a que el Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados, comunicó a través de la circular número 14, de tres de febrero de dos mil veintiuno, que las autoridades: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el Comité Técnico del Fideicomiso Número 1936, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), han decidido cancelar el concurso XXXXXXXXXXX, el cual es precisamente el acto que se reclama, y las consecuencias que de él derivan, de modo que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos de la impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional porque el concurso reclamado ha sido cancelado; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la r ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, este juzgado federal determina que en la especie se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por los artículos 66 y 68 de la ley de la materia, se proceda a DESECHAR DE PLANO el incidente de nulidad de notificaciones promovido. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" . De igual forma, apoya lo anterior, el tercer precepto legal referido, que establece: "Artículo 68.- Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano." Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que para esta fecha se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no es factible llevarla a cabo, en razón que del estado de autos se aprecia que no obran los informes justificados de las autoridades responsables Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos con residencia en Cuernavaca, Morelos, ni el acuse de recibo de los oficios 11309-VI-B y 11310-VI-B que acrediten su respectiva notificación. Ahora bien, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en Cuernavaca, Morelos, para evitar dilaciones innecesarias en la tramitación de este asunto, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 298, 299 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar atento EXHORTO VÍA SISE, al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quienes correspondan, se sirva hacer entrega de los oficios que para tal efecto se giren con transcripción del acuerdo de veintiséis de enero de la presente anualidad y copia simple de la demanda de amparo, dirigido a las autoridades responsables con sede en esa ciudad, hecho lo anterior, sin más demora lo devuelvan a la brevedad posible. Para efectos de lo anterior, se faculta al actuario comisionado para tal diligencia, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio ubicado en xxxxxxxxxxxx, Cuernavaca, Morelos, y fuere informado que las autoridades responsables, pueden ser notificadas en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las diversas autoridades responsables, toda vez que este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Notifíquese

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