Francisco Fernandez Juarez

Expediente 383/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
383/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Fernandez Juarez
  • Juez Primero de lo CIvil de Puero Vallarta, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite telegrama proveniente de la Unidad Departamental del Registro de la Propiedad y Comercio con Sede en Puerto Vallarta, Jalisco, para ser acordado de la siguiente manera. Visto el telegrama que envía la Jefa de la unidad Departamental del Registro de la Propiedad y Comercio con Sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Atento a su contenido, se le tiene acusando de recibo del oficio por el cual este Juzgado informa la resolución mediante la cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el , en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda, los telegramas que suscriben la Jefa de la Unidad Departamental del Registro de la Propiedad y Comercio, con Sede en Puerto Vallarta y el Juez Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco. Atento a su contenido, se les tiene acusando de recibo de los mediante los cuales se les informa la resolución mediante la cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 383/2022, promovido por Francisco Fernandez Juarez, contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Notificador adscrito, Director de Catastro del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco y Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Puerto Vallarta, Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Francisco Fernández Juárez, por su propio derecho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovió demanda de amparo, en contra de actos de las autoridades precisadas y que más adelante se sintetizarán, misma que correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular dictó acuerdo de radicación el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno y le asignó el juicio de amparo indirecto 1423/2021, asimismo en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, propuso el returno al actualizarse la hipótesis de conocimiento previo, ya que este Juzgado conoció en primer término del juicio de amparo 374/2020-VIII; mismo que fue recibido el dos de marzo de dos mil veintidós. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito, aceptó el returno planteado y se avocó al conocimiento el tres de marzo de dos mil veintidós, en que ordenó: su radicación bajo expediente 383/2022-IV-B; se ordenó la notificación a las autoridades responsables, tercero interesado, dio la intervención legal que compete a la Fiscal Federal adscrita y al no advertir irregularidad alguna que subsanar, se reconoció la validez de las etapas celebradas; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó a las diez horas con catorce minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la naturaleza del acto reclamado se atribuye a diversas autoridades especializadas en materia Civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Juez y Notificador adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco: Las constancias de citatorio y emplazamiento al hoy quejoso, emitidas el veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil catorce, en los autos del juicio civil ordinario con número 493/2014, así como todo lo actuado con posterioridad en dicho expediente, incluida la sentencia. Del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, del Director de Catastro Municipal y del Director del Registro Público de la Propiedad, ambos de Puerto Vallarta, Jalisco: Las inscripciones realizadas como consecuencia de lo actuado en el expediente de mérito. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez y Notificador adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de los actos se les imputan, precisados en el considerando que antecede; lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que fueron remitidas por las autoridades jurisdiccionales, consistentes en copia certificada del juicio civil ordinario 493/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco su índice, mismas que obran como cuaderno de pruebas; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco y el Director de Catastro Municipal y el Director del Registro Público de la Propiedad, ambos de Puerto Vallarta, Jalisco, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se le reclaman; sin embargo, dichas negativas se desvirtúan en virtud de que tales autoridades tienen el carácter de ejecutoras, siendo que, como se adelantó, las autoridades ordenadoras aceptaron la existencia de los actos reclamados; de ahí que su ejecución deba considerarse como inminente; y por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario pronunciarse respecto del fondo del juicio, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia que se advierte de manera oficiosa, contenida en el artículo 61, fracción XIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en el artículo 17 de la ley en cita. En efecto, la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo 383/2022-IV el ilegal emplazamiento efectuado en el juicio civil ordinario 493/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, incoado por el tercero interesado HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC BANCO que se tienen a la vista, y las consecuencias como lo son registros, inscripciones, así como hechos provenientes derivados del procedimiento mencionado. Ahora bien, según información publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) misma que este Juzgado invoca como hecho notorio, en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se evidencia que la parte quejosa también promovió diverso juicio de amparo 374/2020-VIII del índice de este Juzgado y el acto reclamado lo hizo consistir en: Del Juez Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco y Secretario Ejecutor adscrito: Las constancias de citatorio y emplazamiento al hoy quejoso, emitidas el veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil catorce, en los autos del juicio civil ordinario con número 493/2014, así como todo lo actuado con posterioridad en dicho expediente, incluida la sentencia. Del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, del Director de Catastro Municipal y del Director del Registro Público de la Propiedad, ambos de Puerto Vallarta, Jalisco: Las inscripciones realizadas como consecuencia de lo actuado en el expediente de mérito. Asimismo del contenido de la demanda de amparo relativa al juicio de amparo indirecto 374/2020-VIII, del índice de este órgano de control constitucional, en el capítulo respectivo a la fecha de conocimiento de acto reclamado, se obtiene que el quejoso manifestó lo siguiente: V.- FECHA EN LA QUE EL QUEJOSO TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD, la suscrita tuve conocimiento del acto reclamado el día 12 DOCE DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.". De lo anterior se hace patente que, como se adelantó, los actos aquí reclamados fueron materia de examen en el juicio 374/2020-VIII del índice de este órgano de control constitucional. Ello es así, al tomar en consideración que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 374/2020-VIII, del índice de este Juzgado promovido por el ahora quejoso, reclama las constancias de citatorio y emplazamiento emitidas el veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil catorce, en los autos del juicio civil ordinario 493/2014, y en consecuencia, todo lo actuado con posterioridad en dicho expediente, de la misma forma señaló, bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el doce de febrero de dos mil veinte. Cabe hace la mención de que en aquel juicio se le dio oportunidad de ampliar la demanda contra actos del Notificador adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, quien emitió dichas actuaciones, sin llegar a señalarlo como responsable a pesar de que por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se le requirió para que dentro del término establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, estuviera en posibilidad de ampliar su demanda de garantías respecto del aludido Notificador adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta. En ese orden y como se anticipó, el presente juicio de amparo deviene improcedente, ya que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el doce de febrero de dos mil veinte. Siguiendo con lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Del contenido sistemático de los preceptos transcritos, se evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando no sea promovido dentro del término de quince días. Término que contará: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, Al en que se hubiese ostentado sabedor de éstos, en caso de que la ley que rige el acto reclamado no señale cómo deben computarse los términos. En la especie, el quejoso no promovió el juicio de amparo indirecto en que se actúa en los términos señalados en el párrafo precedente y se sitúa en el segundo de los supuestos. Así es, la Ley de Amparo contempla dichos supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías. Y del estudio de la demanda de amparo así como del juicio de amparo primigeneo, se desprende que el quejoso presentó el libelo de garantías, fuera del término de quince días, pues contrario a lo manifestado, se obtiene que bajo protesta de decir verdad asentó haber tenido conocimiento de los actos reclamados, el doce de febrero de dos mil veinte. Manifestación que al ser una confesión expresa en términos de los artículos 95, 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen pleno valor probatorio, pues produce el efecto de una presunción, máxime que al ser adminiculado con las constancias certificadas relativas y el diverso juicio de amparo 374/2020-VIII, del índice de este Juzgado, permite corroborar la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia en estudio. Encuentra sustento a lo antes determinado, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 857, del tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación , cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Por tanto, si la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el doce de febrero de dos mil veinte, en el diverso juicio de amparo 374/2020-VIII, el término de quince días para que el quejoso acudiera al presente juicio transcurrió de trece a cuatro de marzo de dos mil veinte. De ahí que, si el quejoso presentó la demanda de amparo que deriva del juicio en que se actúa el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, lo hizo en forma extemporánea, y de esa forma, es que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y como lógica consecuencia, procede el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Firma electrónica (FIREL). Con fundamento en los artículos 3o de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente sentencia se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Fernández Juárez, contra los actos del Juez y del Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco; así como del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, del Director de Catastro Municipal y del Director del Registro Público de la Propiedad, ambos de Puerto Vallarta, Jalisco, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de esta sentencia.

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