Francisco Félix Herrera Cao Romero
Expediente 806/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Félix Herrera Cao Romero
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo que promovió * * * ** * * en representación de * * * * * * * * sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el escrito signado por ******, en representación de ******, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en proveído de siete de julio del año en curso, en atención a su contenido se acuerda: Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte, que ésta resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". Ahora, de las disposiciones legales resulta que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que fueron materia de otro juicio de amparo; actualizándose esa hipótesis, conforme a tres presupuestos formales: a) identidad de quejoso; b) identidad de autoridades responsables; y, c) identidad de acto reclamado, sin tomarse en cuenta las violaciones que se hubieren alegados en los amparos; condicionándose a que el juicio de amparo primigenio esté concluido, siendo ya, cosa juzgada. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia apuntada debe decirse que de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, los hechos notorios pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados por las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 64, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 89 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2002, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Ahora bien, resulta ser un hecho notorio para este juzgado una diversa demanda de amparo, promovida por los mismos actos y autoridades responsables, la cual fue radicada en el juicio de amparo 772/2020 del índice de este órgano jurisdiccional en el que el aquí quejoso, reclamó: "La omisión de llamarme a juicio en el expediente ***** del índice de ese unitario, en atención a que soy titular de derechos en el predio ubicado en *****". En efecto, en el caso a estudio, se actualizan los elementos que caracterizan la institución de la cosa juzgada a que se refiere la causal de improcedencia que se examina y que son: a) Que el amparo anterior, haya sido promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades. b) Que los actos reclamados en el primer amparo, sean los mismos que se reclaman en el nuevo amparo. c) Que el primer amparo haya sido resuelto por sentencia ejecutoria. Es así, porque en el juicio de garantías 806/2020 de este índice, también fue promovido por *****, en representación de *****. Contra actos del Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Seis, en el que se señaló como acto reclamado: "LA OMISIÓN DE LLAMARME A JUICIO EN EL EXPEDIENTE ***** DEL ÍNDICE DE ESE UNITARIO, EN ATENCIÓN A QUE SOY TITULAR DE DERECHOS EN EL PREDIO UBICADO EN ******. OBJETO DE LA CONTROVERSIA EN ESE EXPEDIENTE. La ejecución de esta sentencia y el acuerdo de asunto concluido del cual me enteré por la página de los Tribunales Agrarios"; actos idénticos a los que se reclamaron en el expediente 772/2020. Además, se encuentra colmado el tercero de los supuestos de la causa de improcedencia citada, toda vez que en la contienda constitucional 772/2020, se dictó sentencia el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Por lo que, inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso de recurso de revisión, mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, bajo el número amparo en revisión 376/2021. Luego, el ocho de abril del año en curso, emitió la ejecutoria en la que confirmó la sentencia dictada en este juicio de amparo. Al quedar acreditados los supuestos en la fracción XI del numeral 61 de la Ley de Amparo, es que el juicio que nos ocupa es improcedente, pues quedó evidenciado que los actos y autoridades aquí reclamados ya fueron materia de un juicio diverso. Sin que la anterior determinación soslaye la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 8, de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA". Lo anterior, toda vez que en la demanda que se analiza, se advierte que el quejoso al promover la demanda de que se trata, en el punto cuarto establece: "CUARTO. Que el C. ******, mantenía en ese predio una posesión derivada del contrato de comodato, que quedó establecido en el contrato de cesión de derechos celebrado a mi favor con fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, en la cláusula sexta del mismo contrato se convino un comodato a favor del Señor ****** con quien se acordó que podrá habitar la casa mientras viva." Y presentó ante el Tribunal Unitario como pruebas de su demanda de amparo las siguientes: Certificado sobre tierras de uso común, número 106176, de diez de octubre de dos mil seis (foja 29); Ratificación de firmas, de un "contrato de cesión de derechos parcelarios de fecha siete de noviembre del año dos mil veinte" (fojas 30 y 31); al que se anexan copia de las credenciales para votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ***** (foja 32); ****** (foja 33); ******(foja 34); y *****(foja 35); Certificación de firmas de siete de noviembre de dos mil veinte (foja 36); y, Copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, de siete de noviembre de dos mil veinte (foja 37 y 38). Pruebas que ya fueron analizadas en la ejecutoria de ocho de abril del año en curso, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, en el número amparo en revisión 376/2021, que resolvió el recurso promovido por el quejoso en contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintidós que emitió esee órgano colegiado, en los términos siguientes: "Por su parte, como se adelantó, el quejoso adujo que se le debió llamar a ese juicio en virtud de ser titular de los derechos del predio ubicado en ******; para tal efecto, con su demanda de amparo exhibió copia certificada de un cuadernillo compuesto de nueve fojas útiles, certificado, que comprende los documentos siguientes: Certificado sobre tierras de uso común, número 106176, de diez de octubre de dos mil seis (foja 30 del juicio de amparo); Ratificación de firmas, de un "contrato de cesión de derechos parcelarios de fecha siete de noviembre del año dos mil veinte" (fojas 31 y 32 del juicio de amparo); al que se anexan copia de las credenciales para votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de *****(fojas 33 del juicio de amparo); ******(foja 34 ibídem); ****** (foja 35 del juicio de amparo); y ****** (foja 36 ibídem); Certificación de firmas de siete de noviembre de dos mil veinte (foja 37 del juicio de amparo); y, Copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, de siete de noviembre de dos mil veinte (foja 38 del juicio de amparo). Probanzas con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; no obstante, ni en lo individual ni en su conjunto acreditan el interés jurídico del quejoso en el asunto. Cierto, el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, de siete de noviembre de dos mil veinte, refiere que el peticionario de amparo otorgó a ****** y ***** aquel poder. Mientras que las credenciales para votar, expedidas a *****, ******, ***** y ******, se relacionan con el registro de esas personas en el Instituto Nacional Electoral. En cuanto a la ratificación de firmas de un contrato de cesión de derechos, es pertinente hacer las precisiones siguientes: Cuando un quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio, como en la especie, que se trata de un juicio agrario donde se condenó al demandado a la entrega de un bien que aquél dice le pertenece y no a éste, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. De manera que si el quejoso se ostenta como propietario de un bien y pretende defender ese derecho, para acreditar su interés jurídico de manera fehaciente debe demostrar que tiene el dominio sobre la cosa. Es preciso destacar que resulta indispensable para la acreditación del interés jurídico para efectos del amparo, que el documento con el que se pretende demostrar la afectación a la propiedad que se afirma tener, sea apto, es decir, que por sus características objetivas reúna determinados requisitos, como es el hecho de que sea de fecha cierta, pues esta exigencia se encuentra intrínsecamente relacionada con su demostración, ya que de lo contrario el documento que se exhibe para acreditar ese extremo, no tendría el alcance probatorio suficiente para acreditar cuándo se realizó el acto traslativo. Cierto, ante la imposibilidad de determinar mediante un mecanismo que dé certeza a los actos jurídicos, la fecha de su celebración, no se puede garantizar que todo reclamo respecto de esos bienes que realicen terceros, sea derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, salvo que el contrato privado sea de fecha cierta, ya que así se tiene la certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. (.) Al efecto se estima necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; y, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Que si no se dan estos supuestos, al documento privado no se le puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Se considera así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen y, por lo mismo, no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo, por tanto, al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. (.) Así, en la especie, aquel contrato es un documento privado que no tiene fecha cierta, en virtud de que no se incorporó ni inscribió en algún Registro Público de la Propiedad, no se presentó ante un funcionario público y tampoco está acreditado que alguno de los firmantes haya muerto. (.)De ahí que resulten ineficaces los argumentos del recurrente que se sustentan en esa documental, porque su naturaleza es privada sin fecha cierta. Porque en la especie no se analiza quién tiene mejor derecho a poseer, sino el tema es si el quejoso acreditó o no su interés jurídico en el juicio de amparo. (.) Luego, atinente a la certificación de la ratificación de firmas del documento denominado "CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS de siete de noviembre del año dos mil veinte", el quejoso solo aportó ese documento (la ratificación), no así el contrato cuyas firmas se dice ratificaron los intervinientes. (.) Transcripción de la que se desprende que ***** y ******, como cedente y cesionario, así como ***** y ******, como testigos, ante la presencia del Notario Público ciento cinco en el Estado de Oaxaca, plasmaron sus firmas en el contrato de enajenación de derechos parcelarios de siete de noviembre de dos mil veinte; no obstante, como se dijo, ese contrato no lo exhibió el quejoso, sino solamente el diverso de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, valorado en párrafos precedentes. De esa manera, se desconoce el contenido y términos del contrato de enajenación de derechos parcelarios de siete de noviembre de dos mil veinte; sin que de la certificación de la ratificación de firmas se advierta que asiste algún derecho al quejoso respecto del bien en litigio en el juicio agrario. Por lo que se refiere al certificado sobre tierras de uso común, número 106176, de diez de octubre de dos mil seis; acredita la calidad de comunero del quejoso y su derecho sobre tierras de uso común, las cuales están identificadas en el plano interno inscrito con la clave catastral *****; no así el derecho en cuanto al bien ubicado en ******. Así las cosas, con las pruebas aportadas, el quejoso no acreditó que la Asamblea de Comuneros le haya delimitado y asignado el bien en litigio; tampoco justificó el uso o aprovechamiento de ese bien a través de un diverso reconocimiento formal por parte de aquella Asamblea; ni la causa generadora de su posesión. Si bien exhibió copia certificada del contrato de cesión de derechos de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres; lo verídico es que se desestimó en líneas precedentes -por tratarse de un documento privado que carece de fecha cierta-. Por lo anterior, son ineficaces los argumentos del quejoso donde se refiere a la calidad de comunal de la tierra en Teposcolula. Consecuentemente, ninguna de las pruebas documentales aportadas por el quejoso acredita su interés jurídico en relación con el bien inmueble que defiende y en esa medida, son infundados los agravios en los que controvierte su valoración. (.) De ahí que se considere que ya fue analizado el interés jurídico de ***** para promover el juicio de amparo en los términos propuestos en la demanda que se provee, lo que hace inejercitable nuevamente la acción de amparo de modo absoluto, ya que si bien el interés jurídico, es materia de prueba, en el caso, las documentales que ahora exhibe, ya fueron materia de análisis en el juicio de amparo 772/2020 y la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Se agrega oficio de la alzada. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual, remite: a) el juicio de amparo directo 239/2022 de su índice, que promovió *****, en representación de ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Seis, y b) un tomo anexo; en razón a que ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de ese juicio constitucional y ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, para que se avoque a su conocimiento y resuelva lo conducente. En consecuencia; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 806/2022. Expediente electrónico y juicio en línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Se acepta competencia. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 45, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA; acúsese el recibo correspondiente. Requerimiento Ahora, a fin de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones I a VIII, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad, adecue su demanda presentada, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/95, con número de registro 200232, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VIA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes." Asimismo, se cita la diversa jurisprudencia 1a./J.64/2015 (10a.), con número de registro 2010471, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Tomo anexo A efecto de evitar el deterioro de las constancias que adjunta la autoridad declinante, se ordena formar por separado como tomo I anexo al presente expediente, respetando su folio y entresello. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas para tales efectos a las personas que refiere. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicita, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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