Francisco Felipe Muñoz Negrete
Expediente 1417/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Felipe Muñoz Negrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documental. se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, correrán la misma suerte del cuaderno principal y serán glosados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 1417/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diecisiete minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la autoridad responsable. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se consideró que debido a la naturaleza de los actos reclamados no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, se hace constar únicamente las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa junto con su demanda de amparo y la exhibida por el director general del Servicio Ganadero; el juez acuerda: se tienen por ofrecidas y admitidas las citadas probanzas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1417/2022; y Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido el día hábil siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ******************** promovió demanda de amparo en contra del director general de Servicios Ganaderos, con residencia en esta ciudad. El veintiséis de octubre siguiente, se radicó la citada demanda, registrándola bajo el número 1417/2022, del propio índice, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio a la representación social adscrita la intervención que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el trámite respectivo, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se reclaman actos a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito recibido el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Existencia del acto en reclamo Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable director general de Servicios Ganaderos, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Lo anterior se encuentra corroborado con las documentales exhibidas por el quejoso junto con su demanda de amparo y por dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o. Causa de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese tenor, quien resuelve advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable director general de Servicios Ganaderos, con residencia en esta ciudad, de dar respuesta a la petición que le formuló el quejoso, mediante escrito que le fue presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación de la referida norma se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir, que ha quedado insubsistente, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiese otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso específico, es que la autoridad responsable respete el derecho fundamental violado. De esta forma, se destaca que la parte quejosa reclamó violación al artículo 8° Constitucional, en virtud de la omisión del director general de Servicios Ganaderos, residente en esta ciudad, de contestarle la petición contenida en el escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, ante dicha autoridad. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho humano consagrado en el artículo 8° constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los siguientes elementos: La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. Además, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto; tampoco existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. También es jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo, pues así se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8 constitucional, que toda autoridad a quien le fue formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional, la autoridad mencionada adquirió la obligación de emitir un acuerdo en el que diera respuesta, en breve término, congruente con la petición contenida en el escrito citado y, además, notificarla personalmente a la parte quejosa en el domicilio que hubiese señalado para tal efecto. Así, en el caso a estudio, el director general de Servicios Ganaderos al rendir informe justificado, remitió copia certificada del oficio número 12/05-854-2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós, el cual revela que dio respuesta por escrito a la petición formulada por el aquí quejoso; lo cual se hizo del conocimiento del mismo mediante al entregárselo a Juan Javier Celaya Gutiérrez el dieciséis de noviembre siguiente, según así aparece del contenido de dicha constancia anexada al informe justificado rendido por dicha autoridad responsable. Bajo estas condiciones, se concluye que la autoridad responsable dio respuesta al escrito de petición aludido, como se advierte de la constancia remitida en apoyo a su informe, circunstancia que se hizo del conocimiento de la parte quejosa; por lo que se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8° constitucional. Así, tomando en consideración que la parte quejosa conoció el contenido de la respuesta recaída a su escrito en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, resulta inconcuso que el acto reclamado aunque resultó cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de las citadas autoridades quedó insubsistente, ya que realizaron la acción que se les reclamaba, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la desatención delatada. Es aplicable la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." También, conviene citar la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Decisión En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es que debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado en el apartado II de este fallo, por las razones expuestas en el considerando IV de la presente resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con diecisiete minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por director general de Servicios Ganaderos, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecida la documental que anexa, la cual será valorada en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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