Francisco Felipe Angel Villarreal
Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Felipe Angel Villarreal
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de seis del mes actual, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III, del citado Acuerdo General, este expediente es DESTRUIBLE, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del citado Acuerdo; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente electrónico con el registro 897/2023, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA. F... por propio derecho. ACTOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES Autoridades responsables Actos reclamados 1.- Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Mtra. En Dcho Esther Aracely Pinelo López). 2.- Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Uno de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). (Lic en Dcho. Manuel Malpica Pulido) a).- Acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación 23529/FEDE/2023/1, radicada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General del Estado, en donde se le niega la intervención dentro de dicha carpeta, así como ser informado y enterado de los hechos que se le imputan. 3.- Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (AEI de la FGEO). (Mtro, en Dcho. Jaciel Salvador Vásquez Castro). 4.- Comandante Especializado en Delitos Electorales (FEDE) de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (AEI de la FGEO). Acto de molestia en su persona y en su familia (progenitora), con motivo de las investigaciones que realizan dentro de la citada carpeta de investigación. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículos 1°, 8, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, pues se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación al 5o, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, y 20, apartado B, fracción VI, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, porque no existe afectación a la parte quejosa (pues del estudio de la demanda se advierte que el promovente tiene una sospecha o temor de ser investigado en la carpeta de investigación que refiere en su antecedentes); dichos numerales disponen: Dichos numerales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación r********************y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. EL IMPUTADO y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación CUANDO EL PRIMERO SE ENCUENTRE DETENIDO Y CUANDO PRETENDA RECIBÍRSELE DECLARACIÓN O ENTREVISTARLO. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.].". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De la referida intelección de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación r********************y actual a la esfera jurídica de los gobernados, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte. En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 151/2007-PS, sustentó que el juicio de amparo es improcedente contra la determinación que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, pues dicho Alto Tribunal sostiene que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Tales consideraciones se encuentran Plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." En efecto, no obstante que no se le ha dado acceso a la carpeta de investigación que dice se tramita en su contra, tal actuar de las responsables no viola en su perjuicio derecho humano alguno protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello atendiendo a lo siguiente: El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal reconoce como derecho del imputado que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Al respecto, dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibir se le declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]." En el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, el acceso al expediente está regulado en la fracción VIII del artículo 113, que a la letra dice: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." Del artículo transcrito, se colige que el imputado y su defensa tienen derecho a tener acceso a los registros de investigación, salvo las excepciones previstas en la ley, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos delos artículos 218 y 219 de dicho Código. Por su parte, los dispositivos 218 y 219 del Código adjetivo en consulta establecen lo siguiente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputa doy su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De las disposiciones legales transcritas se observan las siguientes reglas: a) Los registros de la investigación son estrictamente reservados, por lo que solamente las partes pueden tener acceso a ellos. b) La víctima u ofendido y su asesor jurídico pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento c) El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando: 1) Aquél se encuentre detenido; 2) Sea citado para comparecer como imputado; o, 3) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor. d). Convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener una copia, con la oportunidad debida, para preparar la defensa. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 72/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo I, página 994, décima época, con número de registro 2020891, lo siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes ,permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Como se puede advertir, las primeras tres reglas de los numerales transcritos se refieren al acceso a los registros de la investigación; sólo la última regla, que tiene lugar después de que se cita al imputado y a su defensor a la audiencia inicial, se menciona la posibilidad de consultar dichos registros y de obtener una copia. Sin embargo, del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que debe permitirse al indiciado y su defensor, que puedan obtener una reproducción de los registros de la carpeta de investigación, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido. Esto evidencia que el propósito que se persigue es garantizar el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, así como proteger el derecho a la no autoincriminación pues, con ello, el imputado puede tener conocimiento de los hechos que se le imputan; los datos de prueba obtenidos hasta el momento en que se actualiza alguna de esas hipótesis y, con base en ello, manifestar lo que a su interés convenga o, eventualmente, reservarse su derecho a declarar. En ese sentido, de una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor sólo podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia -entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva-, y se pretenda recibir su entrevista. Situación que en la especie no acontece, pues de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, por ahora, no se encuentra en algunos de los supuestos que le permitan tener acceso a los registro de investigación, como además se lo comunicó la representación social responsable en el acuerdo reclamado -dictado el veintiuno de agosto del año en curso- como se aprecia de su contenido, pues se anexa al escrito de demanda; por ende, tampoco se le ha restringido algún derecho fundamental tutelado por los artículos 14, 16 y 20, apartado B, de la Constitución Federal, relativos a brindar seguridad jurídica al inculpado y permitirle ejercer su derecho de defensa. En ese contexto, el hecho de que hasta este momento no se haya citado al aquí quejoso para rendir su declaración, ya sea en calidad de testigo o imputado, no es violatoria de sus derechos fundamentales, ni tampoco puede considerarse como un acto de molestia, pues no se le está privando total o parcialmente de su libertad, posesiones o derechos. Aunado a ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes, por lo que evidentemente el representante social responsable está facultado para llevar a cabo todas aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación; de ahí que, se considere, el desahogo de diligencias tendientes a su integración por sí misma no causan una afectación a la parte quejosa, pues no se están transgrediendo sus derechos fundamentales. Ello es así, pues en la investigación, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. Bajo esa tesitura, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación r********************y actual en la esfera jurídica del quejoso, salvo en los casos en los que se vea comprometido algún derecho fundamental de la quejosa, como podría ser, una orden de cateo en su domicilio, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que no sucede en el caso, pues en la carpeta de investigación de origen sólo se han recabado datos por parte de la autoridad ministerial, pero ninguno de ellos tendiente a perturbar alguno de los derechos fundamentales del quejoso. Por tanto, si la parte quejosa no se ubica en los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco se le ha citado para la audiencia inicial, consecuentemente, la actuación de la autoridad ministerial responsable en modo alguno viola en perjuicio del quejoso sus derechos humanos de audiencia y defensa adecuada tutelados por los artículos 14 y 20, apartado B, fracción VI, Constitucionales; por ende, es evidente que la parte carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia extraordinaria de defensa la negativa de acceso a la referida carpeta de investigación y ser informado de los hechos que se le imputan. Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, libro 17, septiembre de dos mil veintidós, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, tesis 1a./J. 95/2022 (11a.), registro 2025272, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." De igual forma apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2275, Tomo III, Octubre de 2018, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, Décima Época, registro 2018142, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitución al citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito dela investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa Reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuándo: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, sino se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucionales y legales mencionados." Consecuentemente, aun cuando la parte quejosa aduzca que tiene conocimiento de que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tienen el carácter de imputado de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Ello es así, en virtud de que, el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado. La anterior afirmación se hace, en atención a que, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan su apertura; ello, debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el Agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, la representación social sólo puede recabar en esa fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que, el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control Jurisdiccional y otros que no. Consecuentemente, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis VI.2o.P.59 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de 2019, tomo VI, página 5071, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabaren esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizadas con las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Saúl Alberto Ángel Villarr********************y ********************, pues se localizó registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; no así, a********************por tanto, se les tiene por autorizados únicamente en términos del numeral 24 de la ley de la materia, así como a las diversas personas que menciona. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga acceso al usuario ********************que corresponde al autorizado legal del quejoso (según se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que consulte el expediente electrónico de este juicio. Asimismo, para que se practiquen las notificaciones mediante dicho usuario; por tanto, en atención a la autorización de las notificaciones electrónicas, únicamente se toma conocimiento del domicilio convencional señalado para el caso de que exista algún impedimento para la práctica de notificaciones electrónicas. Para ello la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario del promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Tome conocimiento el área de actuaría para los efectos legales consiguientes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tiene al quejoso señalando el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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