Francisco Eutiquio Porras Medrano

Expediente 299/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
299/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2016

Partes del expediente

  • Francisco Eutiquio Porras Medrano

Actuaciones

  1. Principal

    Advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, se declara que dicho proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Francisco Eutiquio Porras Medrano, queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental y no existen documentos originales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente, y archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Francisco Eutiquio Porras Medrano, en contra de actos del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 299/2016-5. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Ahora bien, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad, que hace consistir en el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo disciplinario P.J./65/2015, en el cual, se tuvo por no ofrecida la prueba testimonial a cargo de Mariana Cervantes Fuentes, Víctor Manuel Mendoza Contreras y Ramón Meza Reza. Ahora bien, el suscrito estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. A efectos de dar sustento a la aseveración hecha, conviene citar aquí el texto del numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b). Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta disposición legal derivan los siguientes supuestos: a) El juicio de amparo procede contra de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, entendiéndose por éstos, los actos emitidos por autoridades administrativas no jurisdiccionales. b) Cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se emitan actos que agravien al particular, éstos pueden reclamarse hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán impugnarse tanto las violaciones contenidas en dicha resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. c) Se establece como excepción cuando los actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, la expresión "procedimiento en forma de juicio" ha sido definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquella "... en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia", en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184435, tomo XVII de abril de dos mil trece, materia común, de la Novena Época, página 196, que dice al rubro; "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Por tanto, al establecer la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un "procedimiento en forma de juicio", el amparo sólo procede contra la resolución definitiva, entendiéndose por "procedimiento en forma de juicio", entre otros, aquellos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva. Ahora bien, se afirma que se actualiza la hipótesis prevista en los numerales citados, ya que el quejoso reclama el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del procedimiento administrativo disciplinario P.J./65/2015, en el cual, se tuvo por no ofrecida la prueba testimonial a cargo de Mariana Cervantes Fuentes, Víctor Manuel Mendoza Contreras y Ramón Meza Reza. Actuación que no tiene la naturaleza de una resolución definitiva, porque no resuelve la cuestión de fondo planteada en el procedimiento administrativo mencionado, ni constituye un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo. En este contexto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia analizada, ya que en el particular, como ya se precisó, la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del procedimiento administrativo disciplinario P.J./65/2015, en el cual, se tuvo por no ofrecida la prueba testimonial a cargo de Mariana Cervantes Fuentes, Víctor Manuel Mendoza Contreras y Ramón Meza Reza, determinación que no tiene una ejecución de imposible reparación. Ciertamente, las consecuencias de la posible violación consistente en no tener al quejoso por ofrecida la prueba testimonial en el procedimiento administrativo disciplinario P.J./65/2015, pueden extinguirse con el dictado de la resolución definitiva correspondiente, pues conviene recordar que independientemente del proceso, éste puede declararse improcedente, es decir en sentido favorable. Como se advierte, aun cuando se haya tenido por no ofrecida la prueba testimonial, cabe la posibilidad no remota de que la resolución pueda serle favorable a sus intereses, con lo que aquella afectación habrá quedado reparada sin haber dejado afectación a la esfera jurídica del particular. Ahora bien, advertido que la hipótesis relativa no se ubica en la regla general de procedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales por no cumplir con la característica de irreparabilidad y no afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos, siendo que se identifica como una violación procedimental formal, conviene señalar que las consecuencias que produce tampoco afectan al gobernado en grado predominante o superior. Lo anterior se afirma de esa forma, en razón de que la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad el quejoso de combatirla conjuntamente con la sentencia si ésta resultara desfavorable a sus intereses, sin que pueda considerarse como una afectación de grado predominante. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado no viola ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal acto se trata de una violación procesal que sólo produce efectos formales o intraprocesales, los cuales, en caso de que ésta obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses, se extinguirán sin ocasionar ningún perjuicio en los derechos sustantivos del quejoso y, en caso contrario, podrá alegar tal violación en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo. De acuerdo a lo expuesto, el acto reclamado no puede estimarse como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, debe concluirse que no es impugnable a través del juicio de garantías en la vía indirecta, es inconcuso que tales actos sólo pueden impugnarse hasta que se dicte la resolución definitiva correspondiente, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales cometidas en la propia resolución. Apoya lo anterior la tesis aislada XV.5o.25 A (10a.) de la Décima Época, con registro 2010308, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, materia común, página 4069, que al rubro y texto dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN INSTRUIDO CONTRA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", y que para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por su parte, la fracción III, inciso b), del numeral citado establece que procede el amparo indirecto: "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ...b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por tanto, se concluye que el inicio del procedimiento administrativo de separación instruido en contra de los oficiales de seguridad pública del Estado de Sonora por la Comisión de Honor, Justicia y Promoción correspondiente, conforme a los artículos 174 a 176 de la Ley de Seguridad Pública local, no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que ese acto no afecta materialmente derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que en el procedimiento administrativo de que se trata el interesado cuenta con la oportunidad de ofrecer pruebas para su defensa y la resolución que se dicte deberá estar fundada y motivada, siendo hasta su pronunciamiento donde se concluye si ha lugar o no a imponer una sanción al servidor público". Asimismo, la tesis aislada II.1o.4 A (10a.) de la Décima Época, con registro 2007780, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, materia común, página 2921, que dice a la letra dice: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." Así como, la diversa de la Séptima Época, con registro 237913, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación, volumen 133-138, Tercera Parte, materia común, página 81, que dice: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACION DE LA FRACCION II, EN RELACION CON LA IV, DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio." En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, inciso b) del 107 de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Buenrostro Molina, por no haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y Tercero transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 8º de la ley federal aludida.

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