Francisco Eufracio Ramos Castro

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Eufracio Ramos Castro
  • Francisco Eufracio Ramos Castro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida *****, contra actos del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno, bajo el número de expediente 82/2023-VIII. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente del amparo se duele esencialmente de lo siguiente: El que por estas autoridades se ejecutó y que se materializó en el oficio Número ASE/UAJ/SS-B/0996/2022 en autos del expediente ASE/AUJ/SS-B/PARA-P/002/2022; acto este que me causa agravio personal y directo, pues ese acto se hace consistir en que la responsable trasgrede los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues no han cumplido con lo prescrito por ese artículo pues no ha fundado ni ha motivado con la debida exhaustividad por escrito las consideraciones de derecho con que me niega el derecho sustantivo que tengo a ser notificado personalmente del emplazamiento y que se surta a mi favor los plazos previsto por la Ley de la Materia en pro de la audiencia inicial en el procedimiento administrativo de que se trata. Ahora, a fin de tener una mejor claridad del acto reclamado, conviene destacar lo siguiente: 1.- Al quejoso Francisco Eufracio Ramos Castro, se le instruye el procedimiento administrativo ASE/AUJ/SS-B/PARA-P/002/2022, ante la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2.- En dicho procedimiento, se fijó el veintiuno de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia inicial, posteriormente, se difirió la audiencia para el próximo treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 3.- El quejoso, promovió incidente de nulidad contra la falta de notificación para acudir a la audiencia inicial de veintiuno de junio de dos mil veintidós, con el fin que se repusiera el procedimiento y se señalara nueva fecha para la audiencia inicial. 4.- La autoridad responsable desechó el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento promovido por el quejoso. Lo anterior constituye el acto de molestia que la parte quejosa considera vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales. Sobre la base de lo anterior, este órgano de control constitucional considera, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, éste, interpretado contrario sensu, por las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En este sentido, este juzgador determina que el contenido del proveído emitido por la autoridad responsable, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, toda vez que el promovente del amparo señala que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable promovió incidente de nulidad de actuaciones a fin de que repusiera el procedimiento y de nueva cuenta le notificara de manera personal la comparecencia al procedimiento iniciado en su contra, solicitando nueva fecha y hora para la comparecencia a la audiencia inicial. Ahora, si bien la autoridad responsable desechó el incidente planteado, lo cierto es que señaló nueva fecha para la audiencia inicial con el propósito de que las partes se encuentren presentes, pues el propio quejoso asentó en la demanda de garantías que la audiencia inicial fue programada para el treinta y uno de enero del año en curso. Asimismo, el promovente del amparo señala que desde el doce de mayo de dos mil veintidós, fue emplazado a juicio, corriéndole traslado con el acuerdo de admisión informe de presunta responsabilidad y oficio citatorio para audiencia inicial; de ahí que, de lo que se duele es de la indebida notificación a la audiencia inicial, lo que constituye un acto que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Lo anterior es así, pues dicha determinación no le causa ningún perjuicio de imposible reparación, toda vez que durante el desahogo del procedimiento administrativo ASE/AUJ/SS-B/PARA-P/002/2022, cuenta con la oportunidad debida para allegarse de las constancias que lo integran a fin de tener conocimiento de su contenido y durante la substanciación del mismo, combatirlas, por tanto, el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que ese acto no trastoca derecho fundamental alguno. Al respecto, cobra aplicación, la Jurisprudencia 3a. 43. por Contradicción de Tesis 3/89, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, localizable en la página 59 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 820074, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...".." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por****** atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda; además, se tiene únicamente como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Alberto Montesinos Álvarez, por haber encontrado su cédula profesional en el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona, por no contar con dicho registro...

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