Francisco Estrada García

Expediente 914/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
914/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Francisco Estrada García

Actuaciones

  1. Principal

    El auto de veinticuatro de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por ****************, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE PROMOVENTE ***, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta promovida por **************** a nombre y representación de ****************, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ****************. Del contenido de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente señaló, como actos reclamados los siguientes: "Primero.- De todas las autoridades responsables: el Inconstitucional e ilegal traslado que de mi persona se hizo, del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVACEP) Módulo 4 cuatro al CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15. Segundo.- De todas las autoridades responsables: El dificultar mi readaptación social al alejarme de mi domicilio, de mi familia y amistades con ese traslado injustificado en un Estado de Derecho Democrático, ya que trasladar a un sentenciado a un penal lejano a su domicilio viola de manera directa el Artículo 18 de la Constitución, y que a partir de las reformas en materia de garantías fundamentales ese precepto quedó enmarcado en el apartado de los derechos fundamentales, y por tanto de mayor protección. Tercero.- De todas las autoridades responsables: El haberme privado de mi derecho fundamental de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a mi domicilio, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberme dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. Cuarto.- De todas las autoridades responsables: El trato indigno a mi dignidad humana. Quinto.- De todas las autoridades responsables: La violación al derecho de igualdad o no discriminación, ya que he sabido que, sin motivos justificados conocidos, dejaron sin efecto el traslado de algunos internos quienes estaban en la lista de personas a trasladar, de personas calificadas como de Alta Peligrosidad.". Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 6° de la ley de la materia, dispone: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Así también, el numeral 15 del ordenamiento legal citado en último término, dice: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad..." Y el precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado..." De los arábigos transcritos, se desprende que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada; por ello, la representación de quien acude a la vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos previamente anotados. En la especie, del análisis del ocurso de que se trata no se advierte que se dé alguno de los supuestos a que aluden los citados preceptos, para la procedencia de la interposición de la demanda a través de un tercero, pues si bien el arábigo 6° dispone que el juicio podrá ser promovido por conducto de representante, ello no debe entenderse de manera aislada, sino vinculado con el arábigo 15 de la ley de la materia, y toda vez que en el presente caso no se desprende que ****** se halle impedido para hacer valer la acción constitucional por sí mismos, es inconcuso que para efectos de su tramitación, quien suscribe el escrito no está legitimado para efectuarlo a nombre del directo quejoso. Así es, ya que del contenido íntegro del libelo inicial no se desprende que el directo inconforme tenga alguna imposibilidad para hacer valer la acción de amparo, y si bien la promovente refiere que no le es posible trasladarse al Estado de Chiapas, al carecer de recursos económicos; éste no se considera un motivo que haga pensar que el directo quejoso esta impedido para redactar, firmar y hacer llegar incluso al órgano de control de la jurisdicción ante la que se encuentra recluido, por conducto de algún tercero, como bien pudieran ser los defensores de oficio de aquélla adscripción; su libelo de amparo. En esas condiciones, al no encontrarse el directo inconforme incapacitado para signar el escrito mediante el cual solicita la protección constitucional, es inconcuso que no se actualizan los extremos contemplados en el dispositivo 15 de la legislación de la materia. Consecuentemente, con fundamento en los preceptos 112 y 113, en relación con los arábigos 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO el ocurso de garantías de que se trata."

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