Francisco Esquivel Domínguez

Expediente 1162/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1162/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Francisco Esquivel Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de treinta de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIOD ELISTA DE OCNOFMRIDAD CON OS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYDE AMPARO Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, se tiene a *******, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, que hace consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito de cinco de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Tzucacab, Yucatán. Fórmese expediente, regístrese con el número 1162/2019-VI-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, este resolutor advierte que respecto del acto antes señalado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. .". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. Con base en lo anterior, el acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de doce de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Tzucacab, no constituye un acto de autoridad. En efecto, en el caso se tiene que el Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, ante quien fue dirigido el aludido ocurso, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que lo hace en el plano de un particular en relación con el aquí quejoso Francisco Esquivel Domínguez, porque de la demanda de amparo se advierte que éste se ostenta como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Tzucacab. Por consiguiente, el escrito que dirigió al indicado Director a fin de que lo reincorpore en el puesto que desempeñaba, se está presentando en una relación de igualdad entre la entidad señalada como responsable y el quejoso, esto es, entre particulares. Por tanto, el acto reclamado por el peticionario del amparo a la autoridad que señala como responsable, debe regirse por las reglas del derecho laboral y de las demás leyes aplicables, sin que sea dable analizar tal acto a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad de actos típicos de autoridad. Pues la omisión del Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, de dar respuesta a la solicitud del quejoso respecto a su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Tzucacab, no puede resultar violatorio de sus derechos constitucionales que consagran los artículos 14 y 16, atento a que aquél acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regida por ordenamientos internos propios del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad señalada como responsable, no es la de un gobernado. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que el artículo 5, fracción II, último párrafo establece que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general"; sin embargo tal disposición debe entenderse que está condicionando la procedencia del juicio de amparo a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurrió en el caso, porque se reitera, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de dar respuesta al escrito de doce de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Tzucacab, en su calidad de docente a quien funge como su patrón. Por lo tanto, se trata de una relación de coordinación entre la Dirección del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, como patrón y el quejoso como director de plantel. Se cita como sustento la tesis XXVII.3o.18 L (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Laboral, Página: 2358 y Registro: 2008612, que señala: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad". Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, visible en la foja 1723, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES UN FUNCIONARIO DE UNA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DERIVE DE UNA RELACIÓN LABORAL. La omisión de un funcionario de una universidad de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre las causas de su remoción, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vinculaba, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad universitaria, no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado." También tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 3436 del Tomo IV, Noviembre de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el que señala para tal fin en su demanda de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.

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