Francisco Erick Sanchez Zavala
Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Erick Sanchez Zavala
- Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 278/2021-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diez de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 278/2021-II, promovido por FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, actos de los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1o, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado y donde tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que el acto reclamado consiste en la resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el juicio laboral 01/785/13 por los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Presidente ejecutor de dicho Tribunal, a través de la cual, entre otras cuestiones, decretó aplicar una multa de hasta quince unidades de medida y actualización a cargo del propio peculio del servidor público FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA y no al erario del Ayuntamiento demandado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Presidente ejecutor de dicho Tribunal, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora de las constancias que anexó al informe justificado consistentes en copia certificada del expediente 01/785/13, de las que se advierte la existencia de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte reclamada. Documental, que justipreciada se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de ésta. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Al respecto, los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y el Presidente Ejecutor de dicho tribunal señalados como autoridades responsables, en relación con la multa que le fue impuesta al quejoso, esencialmente aducen que no le causa un agravio personal, material y directo en su esfera jurídica, haciendo valer dicha improcedencia en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se impone desestimar la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la argumentación expuesta se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer o que se actualice en la especie, corresponde estudiar el fondo del asunto. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo devienen infundados en una parte e inoperantes en otra, sin que en particular se actualice hipótesis alguna de suplencia de la queja, y por ende debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Para explicar lo anterior conviene citar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias certificadas del juicio de origen. 1. El aquí tercero interesado Laura Cruz Gallardo Balderas, ante la responsable, demandó una serie de prestaciones laborales por lo que se integró el expediente laboral 01/785/13, contra el Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos, quien acudió a juicio a contestar la demanda. 2. El doce de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/785/13, la responsable emitió laudo en cumplimiento a los juicios de amparo directo 771/2016 y 852/2016, promovidos por el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, demandada en dicho procedimiento y Laura Cruz Gallardo Balderas parte actora, en el que resultó condenada la patronal al pago de ciertas prestaciones reclamadas y absuelta de otras. 3. El cuatro de febrero de dos mil diecinueve el Tribunal responsable emitió auto por el que ordenó requerir al Ayuntamiento demandado por conducto del Presidente Municipal, del pago de la condena establecida en el laudo, así como de la reinstalación del aquí tercero interesado; con apercibimiento de que se daría cuenta al Pleno del Tribunal responsable para hacer efectiva la aplicación de la medida de apremio dispuesta en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y en diligencia de veinte de agosto del mismo año, ocurrió tal requerimiento, entendido por conducto de Guadalupe de Jesús González Cortes, auxiliar jurídico del Ayuntamiento allá demandado. 4. El ocho de septiembre de dos mil veinte la responsable emitió resolución por la que determinó que el Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado había incumplido con la reinstalación y pago del laudo en favor de la parte actora, por lo que le impuso al Presidente Municipal del mencionado Ayuntamiento una multa hasta por el equivalente a quince días de unidades de medida y actualización. Esta resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, constituye el acto reclamado. 5. La apoderada legal de la parte demandada, cuya representación ostenta el quejoso al detentar el cargo de presidente municipal, interpuso incidente de nulidad de notificación en contra de la diligencia de requerimiento de pago con apercibimiento de multa practicada el veinte de agosto de dos mil diecinueve, el cual fue admitido por el Tribunal responsable el seis de febrero del dos mil veinte. 6. Mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, el Tribunal responsable determinó declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte demandada en lo principal. En los conceptos de violación se sostiene que si bien por auto de cuatro de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó realizar contra, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, un requerimiento de pago del laudo dictado en el juicio de origen, con apercibimiento de multa en caso de no hacerlo, dicha resolución no le había sido notificada mediante la entrega de copia de la resolución autorizada por el Actuario. Por lo tanto, sostiene el quejoso que la Junta responsable dejó de analizar esa circunstancia y no obstante ello le impuso la multa referida, con lo que dejó de observar que conforme al artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, supletorios de la Ley del Servicio Civil, pese a que con base en dicho preceptos los acuerdos con apercibimiento deben notificarse personalmente a las partes, dejando cédula de notificación, como requisito previo al acto privativo. En tales condiciones, refiere el impetrante, que ante la falta de notificación del acuerdo que contenía el apercibimiento de multa, fue injustificado que el Tribunal le impusiera dicha medida de apremio mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, en virtud de que fue ilegal el procedimiento seguido. Es infundado el concepto de violación aducido por las siguientes consideraciones. El artículo 41 primer párrafo, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, prevé lo siguiente: "Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: (.) XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y" De la lectura de dicho numeral, se aprecia que el Presidente Municipal tiene la representación jurídica del Ayuntamiento y también es su obligación legal cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma, entre otros, los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. En el caso en estudio, por auto de ejecución de cuatro de febrero de dos mil diecinueve, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determinó que por conducto del Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, se requiriera el cumplimiento del laudo dictado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se procedería a lo previsto en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado, asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal el pago de dicha suma. Por tanto, el Auxiliar Jurídico en funciones de Actuario adscrito al Tribunal responsable, mediante diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se constituyó en las instalaciones de las oficinas oficiales del Ayuntamiento demandado, en busca del Presidente Municipal y fue atendido por Oscar Ángel Ramírez Fabian, quien se ostentó como apoderado legal de la demandad, a quien le hizo saber el motivo de su presencia y el cumplimiento del requerimiento de pago. Inconforme con la diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, Lorena Ríos Carrera en su carácter de apoderada legal de la Ayuntamiento demandado interpuso incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue admitido por el Tribunal responsable por auto de seis de febrero de dos mil veinte y resuelto el cuatro de marzo de dos mil veinte en el que determinó declararlo improcedente. En ese tenor, si la apoderada legal del órgano administrativo cuya representación jurídica corresponde al cargo que ostenta el quejoso tuvo conocimiento de los actos impugnados, esto es, del apercibimiento cuyo presunto desconocimiento pretende hacer valer el quejoso para combatir la multa impuesta, es evidente que éste también los conoció como su poderdante, no obstante que en esta instancia refiera instar el juicio de amparo por su propio derecho y no con el carácter de funcionario público referido. Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en el controvertido de origen se advierte que Lorena Ríos Carrera, en su carácter de apoderada legal del Ayuntamiento demandado, interpuso incidente de nulidad de notificación contra la diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve; de ahí que el impetrante quien ostenta el cargo de Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, no puede alegar desconocimiento del mencionado apercibimiento; pues tuvo conocimiento por conducto del órgano que representa, es decir el Ayuntamiento demandado y éste hizo valer el medio ordinario de defensa en su contra. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis IV.3o. J/30, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito,, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 682 Novena Época, número de registro 197543 de rubro y texto: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física.". Así como la tesis XXI. 1o. J/7, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 686, Novena Época, número de registro 197544 de rubro y texto: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal.". Razón por la cual, sí se hizo del conocimiento del apercibimiento decretado en contra del Presidente Municipal, pues incluso el órgano que representa en términos del mencionado artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, acudió al juicio de origen a recurrirla; por lo tanto, el quejoso no puede alegar que desconoce el apercibimiento, decretado en contra del Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, ya que como se dijo contra dicha diligencia la apoderada legal del mencionado Ayuntamiento hizo valer un incidente de nulidad de notificaciones; de ahí que sea infundado dicho concepto de violación. Por otro lado, el peticionario de amparo arguye que el tribunal responsable deja de observar que el Ayuntamiento demandado tiene imposibilidad económica y material para dar cumplimiento al laudo en una sola exhibición, sin que ello implique una negativa a pagar, además de que no se ha pronunciado respecto de la solicitud de otorgar un término prudente para dar cabal cumplimiento al mismo. En ese tenor, debe considerarse inoperante el motivo de disenso en comento, pues en este aspecto no se combaten, ni mucho menos destruyen los fundamentos y consideraciones formuladas por la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, a través de planteamientos lógicos y jurídicos, que pusieran de manifiesto ante esta potestad federal su ilegalidad, de suerte que si tales fundamentos y consideraciones no aparecen impugnados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, deben subsistir para continuar rigiendo la determinación del acuerdo combatido. Lo anterior se considera así porque la parte inconforme pretende combatir las consideraciones que tuvo la responsable para dictar el auto combatido, de manera ineficaz e insuficiente para lograr su objetivo, pues debió controvertir el razonamiento expuesto en el auto reclamado por esta vía constitucional y únicamente se constriñó a sostener que no existía negativa a cumplir pero que tiene dificultades financieras y han solicitado un término pero hacerlo; sin refutar el hecho que interesa relativo a estar enterados del apercibimiento que se hiciera efectivo. En esa virtud, ante la falta de razonamientos que controviertan los expuestos por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, se reitera deviene inoperante su motivo de disenso. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia I.6o.C. J/15, de la Novena Época, con número de registro 191572, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. De igual forma es aplicable la jurisprudencia número I.6°.C. J/21, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1051, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto del año dos mil, Novena Época, materia común, con número de registro 191370, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.". Por tanto, al resultar en una parte inoperantes los conceptos de violación y en otra infundados se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA, por propio derecho, respecto al acto y las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de agosto del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 278/2021-II, promovido por FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, actos de los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1o, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado y donde tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que el acto reclamado consiste en la resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el juicio laboral 01/785/13 por los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Presidente ejecutor de dicho Tribunal, a través de la cual, entre otras cuestiones, decretó aplicar una multa de hasta quince unidades de medida y actualización a cargo del propio peculio del servidor público FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA y no al erario del Ayuntamiento demandado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Presidente ejecutor de dicho Tribunal, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora de las constancias que anexó al informe justificado consistentes en copia certificada del expediente 01/785/13, de las que se advierte la existencia de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte reclamada. Documental, que justipreciada se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de ésta. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Al respecto, los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y el Presidente Ejecutor de dicho tribunal señalados como autoridades responsables, en relación con la multa que le fue impuesta al quejoso, esencialmente aducen que no le causa un agravio personal, material y directo en su esfera jurídica, haciendo valer dicha improcedencia en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se impone desestimar la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la argumentación expuesta se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer o que se actualice en la especie, corresponde estudiar el fondo del asunto. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo devienen infundados en una parte e inoperantes en otra, sin que en particular se actualice hipótesis alguna de suplencia de la queja, y por ende debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Para explicar lo anterior conviene citar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias certificadas del juicio de origen. 1. El aquí tercero interesado Laura Cruz Gallardo Balderas, ante la responsable, demandó una serie de prestaciones laborales por lo que se integró el expediente laboral 01/785/13, contra el Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos, quien acudió a juicio a contestar la demanda. 2. El doce de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/785/13, la responsable emitió laudo en cumplimiento a los juicios de amparo directo 771/2016 y 852/2016, promovidos por el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, demandada en dicho procedimiento y Laura Cruz Gallardo Balderas parte actora, en el que resultó condenada la patronal al pago de ciertas prestaciones reclamadas y absuelta de otras. 3. El cuatro de febrero de dos mil diecinueve el Tribunal responsable emitió auto por el que ordenó requerir al Ayuntamiento demandado por conducto del Presidente Municipal, del pago de la condena establecida en el laudo, así como de la reinstalación del aquí tercero interesado; con apercibimiento de que se daría cuenta al Pleno del Tribunal responsable para hacer efectiva la aplicación de la medida de apremio dispuesta en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y en diligencia de veinte de agosto del mismo año, ocurrió tal requerimiento, entendido por conducto de Guadalupe de Jesús González Cortes, auxiliar jurídico del Ayuntamiento allá demandado. 4. El ocho de septiembre de dos mil veinte la responsable emitió resolución por la que determinó que el Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado había incumplido con la reinstalación y pago del laudo en favor de la parte actora, por lo que le impuso al Presidente Municipal del mencionado Ayuntamiento una multa hasta por el equivalente a quince días de unidades de medida y actualización. Esta resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, constituye el acto reclamado. 5. La apoderada legal de la parte demandada, cuya representación ostenta el quejoso al detentar el cargo de presidente municipal, interpuso incidente de nulidad de notificación en contra de la diligencia de requerimiento de pago con apercibimiento de multa practicada el veinte de agosto de dos mil diecinueve, el cual fue admitido por el Tribunal responsable el seis de febrero del dos mil veinte. 6. Mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, el Tribunal responsable determinó declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte demandada en lo principal. En los conceptos de violación se sostiene que si bien por auto de cuatro de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó realizar contra, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, un requerimiento de pago del laudo dictado en el juicio de origen, con apercibimiento de multa en caso de no hacerlo, dicha resolución no le había sido notificada mediante la entrega de copia de la resolución autorizada por el Actuario. Por lo tanto, sostiene el quejoso que la Junta responsable dejó de analizar esa circunstancia y no obstante ello le impuso la multa referida, con lo que dejó de observar que conforme al artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, supletorios de la Ley del Servicio Civil, pese a que con base en dicho preceptos los acuerdos con apercibimiento deben notificarse personalmente a las partes, dejando cédula de notificación, como requisito previo al acto privativo. En tales condiciones, refiere el impetrante, que ante la falta de notificación del acuerdo que contenía el apercibimiento de multa, fue injustificado que el Tribunal le impusiera dicha medida de apremio mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, en virtud de que fue ilegal el procedimiento seguido. Es infundado el concepto de violación aducido por las siguientes consideraciones. El artículo 41 primer párrafo, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, prevé lo siguiente: "Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: (.) XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y" De la lectura de dicho numeral, se aprecia que el Presidente Municipal tiene la representación jurídica del Ayuntamiento y también es su obligación legal cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma, entre otros, los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. En el caso en estudio, por auto de ejecución de cuatro de febrero de dos mil diecinueve, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determinó que por conducto del Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, se requiriera el cumplimiento del laudo dictado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se procedería a lo previsto en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado, asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal el pago de dicha suma. Por tanto, el Auxiliar Jurídico en funciones de Actuario adscrito al Tribunal responsable, mediante diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se constituyó en las instalaciones de las oficinas oficiales del Ayuntamiento demandado, en busca del Presidente Municipal y fue atendido por Oscar Ángel Ramírez Fabian, quien se ostentó como apoderado legal de la demandad, a quien le hizo saber el motivo de su presencia y el cumplimiento del requerimiento de pago. Inconforme con la diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, Lorena Ríos Carrera en su carácter de apoderada legal de la Ayuntamiento demandado interpuso incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue admitido por el Tribunal responsable por auto de seis de febrero de dos mil veinte y resuelto el cuatro de marzo de dos mil veinte en el que determinó declararlo improcedente. En ese tenor, si la apoderada legal del órgano administrativo cuya representación jurídica corresponde al cargo que ostenta el quejoso tuvo conocimiento de los actos impugnados, esto es, del apercibimiento cuyo presunto desconocimiento pretende hacer valer el quejoso para combatir la multa impuesta, es evidente que éste también los conoció como su poderdante, no obstante que en esta instancia refiera instar el juicio de amparo por su propio derecho y no con el carácter de funcionario público referido. Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en el controvertido de origen se advierte que Lorena Ríos Carrera, en su carácter de apoderada legal del Ayuntamiento demandado, interpuso incidente de nulidad de notificación contra la diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve; de ahí que el impetrante quien ostenta el cargo de Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, no puede alegar desconocimiento del mencionado apercibimiento; pues tuvo conocimiento por conducto del órgano que representa, es decir el Ayuntamiento demandado y éste hizo valer el medio ordinario de defensa en su contra. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis IV.3o. J/30, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito,, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 682 Novena Época, número de registro 197543 de rubro y texto: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física.". Así como la tesis XXI. 1o. J/7, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 686, Novena Época, número de registro 197544 de rubro y texto: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal.". Razón por la cual, sí se hizo del conocimiento del apercibimiento decretado en contra del Presidente Municipal, pues incluso el órgano que representa en términos del mencionado artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, acudió al juicio de origen a recurrirla; por lo tanto, el quejoso no puede alegar que desconoce el apercibimiento, decretado en contra del Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, ya que como se dijo contra dicha diligencia la apoderada legal del mencionado Ayuntamiento hizo valer un incidente de nulidad de notificaciones; de ahí que sea infundado dicho concepto de violación. Por otro lado, el peticionario de amparo arguye que el tribunal responsable deja de observar que el Ayuntamiento demandado tiene imposibilidad económica y material para dar cumplimiento al laudo en una sola exhibición, sin que ello implique una negativa a pagar, además de que no se ha pronunciado respecto de la solicitud de otorgar un término prudente para dar cabal cumplimiento al mismo. En ese tenor, debe considerarse inoperante el motivo de disenso en comento, pues en este aspecto no se combaten, ni mucho menos destruyen los fundamentos y consideraciones formuladas por la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, a través de planteamientos lógicos y jurídicos, que pusieran de manifiesto ante esta potestad federal su ilegalidad, de suerte que si tales fundamentos y consideraciones no aparecen impugnados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, deben subsistir para continuar rigiendo la determinación del acuerdo combatido. Lo anterior se considera así porque la parte inconforme pretende combatir las consideraciones que tuvo la responsable para dictar el auto combatido, de manera ineficaz e insuficiente para lograr su objetivo, pues debió controvertir el razonamiento expuesto en el auto reclamado por esta vía constitucional y únicamente se constriñó a sostener que no existía negativa a cumplir pero que tiene dificultades financieras y han solicitado un término pero hacerlo; sin refutar el hecho que interesa relativo a estar enterados del apercibimiento que se hiciera efectivo. En esa virtud, ante la falta de razonamientos que controviertan los expuestos por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, se reitera deviene inoperante su motivo de disenso. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia I.6o.C. J/15, de la Novena Época, con número de registro 191572, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. De igual forma es aplicable la jurisprudencia número I.6°.C. J/21, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1051, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto del año dos mil, Novena Época, materia común, con número de registro 191370, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.". Por tanto, al resultar en una parte inoperantes los conceptos de violación y en otra infundados se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A FRANCISCO ERICK SÁNCHEZ ZAVALA, por propio derecho, respecto al acto y las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos para que obre como legalmente correspondan el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con los mismos y las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
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