Francisco Enriquez Marrón

Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
507/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Francisco Enriquez Marrón
  • Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, facción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Asimismo, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que de no hacerlo en dicho término, los mismos correrán la suerte que tenga el presente expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió al presente juicio, consistentes en el juicio agrario 128/2004 y 651/2011, en tres y dos tomos respectivamente, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA Francisco Enríquez Marrón por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 507/2018, promovido por Francisco Enriquez Marrón, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo directo. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 19-26), ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, Francisco Enriquez Marrón, en cuanto ejidatario del núcleo agrario Tlazazalca, municipio de Tlazazalca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del mencionado Tribunal. Actos que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. La responsable remite demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Mediante oficio T.U.A. 36/UJ/402/2018 de uno de junio de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado y remitió la demanda de amparo, expediente de origen y demás anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, donde se recibió el ocho siguiente (foja 18, del juicio de amparo). Por razón de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano que por acuerdo de pleno de once de junio de dos mil dieciocho (fojas 35 a 41, juicio de amparo), tuvo por recibido el oficio signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, registro el asunto como juicio de amparo directo 306/2018 y se declaró legamente incompetente para conocer del juicio de amparo. Ello, al considerar que si bien Francisco Enriquez Marrón señaló como acto reclamado la sentencia dictada dentro del juicio agrario 651/2011, de veintisiete de febrero de dos mil trece, lo cierto era que sus argumentos esencialmente los encaminó a demostrar la ausencia total a su persona de notificación, emplazamiento y/o llamamiento a juicio, dejándolo en total estado de indefensión al no tener oportunidad de hacer valer su derecho de defensa, respecto de la parcela a las que aduce tener derechos; esto es, es claro que ataca la falta de emplazamiento; por lo que el conocimiento de la misma compete a un Juez de Distrito. Por lo que ordenó remitir la demanda de amparo, con sus anexos, al Juez de Distrito en turno con sede en Morelia, Michoacán. Tercero. Trámite de la demanda de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este órgano jurisdiccional, el que se avocó a su conocimiento el trece de junio de dos mil dieciocho, se registró con el número 507/2018; ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en esta ciudad; se convalidaron los emplazamientos realizados a los terceros interesados Ejido Tlazazalca y a Francisco Arce Aguilar; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; misma que se celebró con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito así como sus modificaciones, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por el quejoso al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad es: Falta de emplazamiento al juicio agrario 651/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad y demás consecuencias jurídicas o cualquier acto que tenga por objeto o pretenda ejecutar la resolución recurrida. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 18). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad, consistentes en los expedientes originales 651/2011 y 128/2004, el primero constante de dos tomos y el segundo de tres. Probanzas que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie este juzgador considera -de oficio- que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio agrario 651/2011, relativo a la restitución de un terreno urbano ejidal que demandó el Comisariado Ejidal del poblado denominado "Tlazazalca", municipio de Tlazazalca, Michoacán en contra de Francisco Arce Aguilar; al efecto aduce quejoso que es poseedor de una superficie sobre la cual se pretende ejecutar la sentencia emitida en dicho juicio; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que, en el caso que nos ocupa, el quejoso debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con la superficie sobre la cual manifiesta ser propietario y poseedor [Tierras de uso común]. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que obra a foja 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Novena Época, registro 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, en la que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En la especie el quejoso se ostenta como persona extraña dentro del expediente de restitución de un terreno urbano ejidal, que demanda el Comisariado Ejidal del Poblado denominado "Tlazazalca", Municipio de Tlazazalca, Michoacán en contra de Francisco Arce Aguilar. Aduce en sus conceptos de violación, que es propietario y poseedor del .1000% (punto mil por ciento) del total de los derechos sobre tierras de uso común, que se encuentran registradas en el plano interno inscrito bajo la clave catastral E13B19E001A, resguardado en el Registro Agrario Nacional del ejido de Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán. Para acreditar dicha afirmación adjuntó a su demanda de amparo las documentales siguientes: Copia certificada de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral (foja 27, juicio de amparo). Copia certificada de su acta de nacimiento (foja 28, juicio de amparo). Copia certificada del "certificado de derechos sobre tierras de uso común" número 000000064503, expedido a su favor por el Delegado del Registro Agrario Nacional el nueve de febrero de dos mil cuatro (foja 22, juicio de amparo). Sin embargo, debe decirse que con el aludido "certificado de derechos sobre tierras de uso común" número 000000064503, el quejoso no acredita su interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo. Del contenido del mencionado certificado se advierte que tuvo su origen en el "Acta de Asamblea de Ejidatarios, celebrada con motivo de la delimitación, destino, asignación de tierras y reconocimiento de derechos ejidales del poblado "Tlazazalca", Municipio de Tlazazalca, Estado de Michoacán", verificada el veintitrés de noviembre de dos mil tres [la cual obra a fojas 54-63, del tomo I de pruebas]. Ahora bien, este juzgador, en proveído de diecisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 59) a efecto de estar en condiciones de apreciar en debida forma el acto reclamado, requirió al Delegado en Michoacán, del Registro Agrario Nacional, para que remitiera copia certificada de: "1. Del certificado de derechos sobre tierras de uso común 000000064503, del Ejido de Tlazazalca, ubicado en el municipio de Tlazazalca, Michoacán, inscrito a favor de Francisco Enríquez Marrón; y, 2. De la historia registral de derechos sobre tierras de uso común 00000006450 del Ejido Tlazazalca, ubicado en el municipio de Tlazazalca, Michoacán". En cumplimiento a lo ello, mediante oficio SDR/3860/2018 de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 62), la Subdelegada de Registro del Registro Agrario Nacional adjuntó la constancia requerida, la que a su vez le fue remitida por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, por el diverso SDR/2621/2018, la cual -en lo de interés- es del tenor siguiente: "Por medio de la presente y en atención a la solicitud oficio 14428 exp. 507/2018 de fecha 18 de julio del año en curso, se HACE CONSTAR, que Vistos los antecedentes que obran en este Delegación Estatal del REGISTRO AGRARIO NACIONAL, se llegó al conocimiento de lo siguiente: DE ACUERDO AL ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2003, S USO COMÚN CON NÚMERO 65503, EN FAVOR DE FRANCISCO ENRIQUEZ MARRÓN, MISMO QUE FUE CANCELADO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2006, RECAÍDA EN EL JUCIO NO. 128/2004, EMITIDA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- La anterior información se obtuvo de los antecedentes que obran en este órgano registral, misma que se encuentra sujeta a modificaciones que se hubieren generado, por falta de información proveniente del ejido y resoluciones de los tribunales agrarios.- Se expide la presente, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 19 días del mes de julio del año 2018 dos mil dieciocho" (foja 63, del juicio de amparo). Derivado de ello, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional requirió al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, para que remitiera copia certificada de las constancias que integran el juicio agrario 128/2004 (foja 64). Por oficio TUA36/UJ/525/2018, de uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 67), el Secretario del mencionado Tribunal remitió los autos originales del expediente 128/2004. De las constancias que integran el mencionado expediente, se advierte que el veinte de febrero de dos mil cuatro Esther Ballesteros Orozco y otros, promovieron juicio de nulidad de actos y documentos en contra de la Asamblea General de ejidatarios del poblado Tlazazalca, municipio de Tlazazalca, Michoacán, así como de la Delegación del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, respecto del Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de tierras ejidales del veintitrés de noviembre de dos mil tres. Seguido el juicio por sus demás trámites, se dictó resolución el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 508-516, tomo II del expediente 128/2004), de la que se advierte que se declaró procedente la acción intentada por los actores, por lo que se ordenó a la Delegación del Registro Agrario Nacional "proceda a cancelar la inscripción realizada en cuanto a la asignación de tierras de uso común en el poblado de referencia, así como que deberá cancelar todos y cada uno de los certificados de uso común, expedido con motivo de la asignación de tierras de uso común, verificada el veintitrés de noviembre de dos mil tres". Por tanto, es evidente que el quejoso no acreditó su interés jurídico, pues el certificado de derechos sobre tierras de uso común que adjuntó a su demanda se canceló mediante la referida resolución de dieciocho de agosto de dos mil seis emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y seis, por lo que no probó la calidad de posesionario sobre las tierras de uso común contenidas en el mismo; máxime, dicha cancelación ocurrió mucho antes de que se iniciara el juicio de restitución de tierras 651/2011 (ocho de junio de dos mil once), respecto del cual el quejoso reclama que debió ser llamado. No es impedimento a lo anterior que en la resolución emitida el dieciocho de agosto de dos mil seis, también se hubiere determinado (fojas 515, tomo II del expediente 128/2004): "El núcleo ejidal de Tlazazalca, Municipio de Tlazazalca, Michoacán, deberá realizar, tal y como lo establecen los artículo 41, 42 y 43 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, el repartimiento en forma proporcional entre todos los ejidatarios del citado núcleo sobre una superficie de 1188-75-61.466 hectáreas, que fueron determinadas como de uso común, en los trabajos técnicos efectuados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y en el supuesto de que pretendan otorgar a los ejidatarios diferentes porcentajes en la asignación de los terrenos de uso común, tal y como lo establecen los numerales 44 y 45 del citado reglamento, dicho proyecto deberá ser sometido a la aprobación de la asamblea general de ejidatarios. Cabe precisar que la asignación de uso común deberá realizarse a favor de los ejidatarios reconocidos, y que de acuerdo al padrón inscrito en la delegación del Registro Agrario Nacional, que obra a foja de la 189 a la 195 del expediente, es de 242 ejidatarios. Asamblea que deberá sujetarse entre otros requisitos, a lo señalado por el artículo 22 de la Ley Agraria, es decir, en la que participen únicamente los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente". Ello, en primer lugar, porque de la información remitida por la Delegación del Registro Agrario Nacional no se advierte que se hubiere emitido una nueva asignación sobre los terrenos de uso común; y, en segundo, porque aunque ello se hubiere realizado, el quejoso adjuntó a su demanda el certificado de derechos sobre tierras de uso común que fue cancelado en cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente 128/2004. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 3ª.58 8/90 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, Materias Civil-Común, registro 207227, del epígrafe y texto siguientes: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante del presente juicio de amparo, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, no se analizarán las causas que hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al manifestar que se actualizaba la causal de improcedencia que se estudió, ya que al quedar demostrada la misma, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 195744 de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." No pasa inadvertido por este juzgador que el quejoso solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, la misma no es procedente. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Enríquez Marrón, en términos del considerando cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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