Francisco Enrique Sánchez Pérez
Expediente 1629/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco Enrique Sánchez Pérez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial 321/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual formula diversas manifestaciones a manera de alegatos; al efecto, únicamente agréguese a los presentes autos dicha intervención para que obre como en derecho corresponda, lo anterior, tomando en consideración que mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, decretándose la firmeza en el mismo auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente, rindiendo su informe justificado, mismo al que adjunta copia certificada de la resolución incidental de liquidación emitida el treinta de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 947/2016; la cual tiene relación con el acto reclamado. De la mencionada constancia, se advierte que resulta innecesario esperar a la audiencia constitucional para analizar la constitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, al actualizarse una causa de improcedencia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se actualiza toda vez que en el presente caso la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: ha omitido dictar la resolución incidental de liquidación dentro de juicio laboral 947/2016. Ahora, de la constancia adjuntada al informe de cuenta, a la cual se otorga valor pleno probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el treinta de junio de dos mil veintitrés, la junta responsable dictó la resolución incidental de liquidación dentro del juicio laboral 947/2016 Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, puesto que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (quince de junio de dos mil veintitrés), la responsable había sido omisa en dictar la resolución incidental de liquidación de referencia, lo cierto es que dicha omisión quedó superada el treinta de junio del año en curso, por lo que es procedente determinar que en el caso en estudio cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se sobresee fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2ª/J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto admisorio, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 23 y 24 del Acuerdo en comento, el expediente principal deberá conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.JCIR
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2581/2023, signado electrónicamente por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite diversas constancias relativas al presente juicio de amparo; sin embargo, al analizar las mismas, en especial la diligencia de emplazamiento realizada el siete de junio del año en curso, es imposible verificar su contenido, en razón de que se encuentra de una manera completamente ilegible. Por tanto, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada del presente acuerdo, remita la referida constancia de una manera legible; lo anterior, a fin de que se pueda proceder a la verificación y análisis de su estudio. ... Notifíquese. ...
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