Francisco Emmanuel Moguel Caro

Expediente 586/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
586/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Francisco Emmanuel Moguel Caro

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito; mediante el cual anexa testimonio de la resolución emitida en sesión celebrada en vía remota el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, donde se resolvió el conflicto competencial 26/2022 suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo y este Juzgado, determinando que era el órgano citado en primer término el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Francisco Emmanuel Moguel Caro Al respecto, este juzgado se da por enterado de dicha resolución, hágase saber lo anterior al quejoso por medio de lista y, remítase por la vía electrónica el acuse de recibo del oficio en comento a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, proceda el actuario de este juzgado a remitir vía interconexión al tribunal oficiante el oficio que se deriva de auto, debiendo dejar constancia del envío en autos. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo a los presentes autos como constancia de la remisión electrónica del comunicado relativo para los efectos conducentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno correspondiente, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 20, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por último, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    IV-Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 767-VI, remitido por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún Quintana Roo, mediante el cual, remite acuerdo de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós y comunica la recepción del conflicto competencial surgido entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo y este Juzgado, mismo que quedo radicado bajo el número 26/2022-VI de su índice. En esas condiciones se toma conocimiento del acuerdo remitido, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    IV- Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, al cual anexa copia autorizada del proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que dicho juzgado comunicó que este juzgado de distrito tiene competencia por territorio para conocer del presente juicio de amparo y remitió conflicto competencial a efectos de que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, determine la competencia del juicio de amparo 1420/2021. Situación de la que este Juzgado se da por enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    IV-Se tiene por recibido el oficio firmado por el actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, y anexos que acompaña consistentes en el expediente original relativo al juicio de amparo 1420/2021, promovido por Francisco Emmanuel Moguel Caro, en su carácter de ejidatario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez, el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, de cuyo contenido se advierte que estima carecer de competencia para seguir continuar conociendo del referido juicio de amparo; así como un legajo de pruebas remitidas por la autoridad responsable. En tal virtud, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 586/2022-IV-A. De las constancias que integran el presente asunto, se advierte por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia para continuar conociendo de la indicada demanda de amparo por el acto que la parte quejosa hizo consistir en lo siguiente: La falta de emplazamiento al juicio agrario 9/2013 y su acumulado 2950/2013, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y como consecuencia todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia dictada en dicho juicio agrario, la resolución emitida en el recurso de revisión 211/2020, del índice del Tribunal Superior Agrario, así como las consecuencias respecto de la parcela 2055, número económico Z4P1, ubicado en Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, con residencia en Tulum, Quintana Roo. Con absoluto respeto y consideración, este Juzgado de Distrito no comparte las consideraciones y fundamentos por los cuales se declina la competencia. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de acto reclamado, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Al respecto, es conveniente citar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;.". La norma constitucional transcrita establece la competencia por territorio de un Juez de Distrito entendiendo ésta como el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. Correlativo a ello, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la reproducción anterior, se desprende que efectivamente uno de los aspectos determinantes para fijar la competencia en el amparo indirecto, es la posible ejecución del acto reclamado. Por ello, resulta necesario precisar si el o los actos reclamados tienen o no ejecución material, a fin de estar en aptitud de verificar qué regla de competencia opera en la especie. Esto es, si requiere de ejecución material, ya sea que la deba tener, trate de llevarse a cabo o ya la haya ejecutado, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde se haya ejecutado el acto. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos de ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. Ahora, para el caso de asuntos donde la materia de reclamo sea la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, pues mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como de las normas procesales que en cada materia contemple tal obligación; violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, so pena de que, en caso de hacerlo, un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. Así lo puntualizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y concluyó que la competencia para conocer del amparo indirecto en el que se reclama la omisión de emplazar al juicio, se surte en favor del juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde habrá de llevarse a cabo la correspondiente notificación. Esto al tenor de la jurisprudencia 2a./J.17/2022, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo.". El anterior criterio es el que se estima aplicable para el caso concreto y no el diverso citado por el Juzgado Cuarto de Distrito, que incluso se refiere a la reclamación del emplazamiento por vicios propios y no por su ausencia. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, de emplazarlo al juicio agrario 9/2013 y su acumulado 2950/2013 de su índice; respecto de lo cual, cabe destacar, de la demanda de amparo se advierte la afirmación en el sentido de ser posesionario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en Tulum, Quintana Roo. Para este punto, cabe destacar que de la demanda de amparo se advierten alegaciones en el sentido de que el Tribunal Unitario Agrario actuó incorrectamente por que no emplazó ni llamó al referido juicio agrario, a ninguna de las personas que fueron beneficiadas con la asignación de las parcelas delimitadas, creadas y asignadas en las asambleas del dos de diciembre de dos mil seis y veinte de noviembre del dos mil once; lo cual -afirma- viola en su perjuicio los derechos posesorios de la parcela 2055, ubicada precisamente en el referido ejido. Incuso, la parte quejosa precisó que también reclama la sentencia dictada en dicho juicio agrario, la resolución emitida en el recurso de revisión 211/2020, del índice del Tribunal Superior Agrario; así como las consecuencias respecto de la parcela 2055, número económico Z4P1, ubicado en Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, con residencia en Tulum, Quintana Roo. Por tanto, la falta de emplazamiento y restantes actos que implican actos de ejecución no se actualizan en esta jurisdicción, sino en donde han de ejecutarse, esto es, dentro de la jurisdicción del órgano declinante, de lo que se concluye que es competente para conocer del juicio el Juzgado de Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo Aunado a que, cuando en una demanda de amparo se reclaman actos que sí tengan ejecución y otros que no lo tienen, al interpretar el artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, -pero de igual contenido al del 37 de la vigente- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que ante la falta de regulación expresa para el caso, la competencia se finca a favor del juez de amparo que previno de la demanda, pero en el caso, dado que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, aceptó la competencia declinada originalmente propuesta al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, es entonces aquel el que debe conocer, entonces no es este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien debe conocer del juicio de amparo 1420/2021. Lo anterior quedó asentado en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), siguiente a saber: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad.". Sumado a lo anterior, la circunstancia de que actualmente la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo conozca de la demanda de amparo, permite presumir fundadamente que resulta ser de más fácil acceso material para el justiciable, respecto de este juzgado de amparo involucrado, dado que es ante aquél juzgado de distrito que ejerce jurisdicción en la localidad donde se ubican la parcela que defiende el quejoso y no al del otro territorio relacionado, donde sólo tiene su sede la autoridad responsable. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo promovida por Francisco Emmanuel Moguel Caro, en su carácter de ejidatario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez; por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con auto inserto de la presente determinación. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y en atención a lo solicitado, ténganse como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jorge Paniagua Alcocer, Enrique Burgos Quintal, Jorge Valencia Palomo y Félix de Jesús Castro Gutiérrez, toda vez que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el empleo de aparatos propios para la obtención documental por medio de imágenes de las actuaciones que integren el expediente para la disponibilidad de su reproducción. Lo antes expuesto tiene sustento en el siguiente criterio: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).". Época: Décima Época Registro: 2007298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.13o.T.15 K (10a.) Página: 1560". De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese por lista y por oficio al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

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