Francisco Eliseo Ramirez Gonzalez
Expediente 70/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 37 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Francisco Eliseo Ramirez Gonzalez
- Juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Motozintla, Chiapas
- Francisco Eliseo Ramirez Gonzalez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso firmado por Nimrod Marcelino Ortiz Sánchez, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, se provee: Como lo solicita el promovente, devuélvanse los documentos que ofreció como pruebas en el presente juicio de amparo y expídanse las copias a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.
- Incidental
MESA 4-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 552 a 556), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal y el original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV párrafo segundo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que la justicia de la unión amparo y protegió a la parte quejosa; y se concedió la medida cautelar, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno duplicado del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 4-A (AVISO DE NOTIFICACIÓN). SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACIÓN I, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 552 a 556), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal y el original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV párrafo segundo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que la justicia de la unión amparo y protegió a la parte quejosa; y se concedió la medida cautelar, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno duplicado del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 4-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 349 a 364), este órgano de control constitucional determinó no amparar ni proteger a Francisco Eliseo Ramírez González, en el presente juicio de amparo. Inconforme con la sentencia el quejoso interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, cuyos integrantes en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, revocaron la sentencia recurrida (fojas 417 a 440), siendo los efectos de la concesión, para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada dictada en la causa penal 157/2015 de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, y en su lugar emita otra resolución, en la que tome en consideración los lineamientos expuestos en esta ejecutoria y efectúe lo siguiente: b) Con base en las pruebas existentes en las causas penales 126/2008 y 157/2015, establezca que Frankley Ramírez Morales fue considerado, en una averiguación previa anterior, propietario del bien inmueble y que ha estado en posesión continúa y pacifica; por lo que, deberá tomar en consideración tales circunstancias, a fin de dilucidar si él o Berenisa Ramírez López es quien posee el inmueble y con base en qué título. c) Hecho lo anterior, una vez dilucidado quién ejerce la posesión, deberá ponderar si esa cuestión jurídica incide o no en la justificación del delito de despojo; y, resolver lo que en derecho corresponda. En acuerdo de veintiséis de julio del año que transcurre (fojas 495), se tuvo por recibido el oficio número 431-P/2019 (foja 448), con un anexo consistente en el nuevo auto de incoación de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 449 a 494), signado por la Secretaria de acuerdos del Juzgado del ramo Penal del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, encargada del despacho por ministerio de ley, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio, dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Mediante auto de doce de agosto de la presente anualidad (fojas 510 a 514), se tuvo por no cumplida la sentencia protectora de derechos fundamentales y se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Motozintla, Chiapas. En proveído de cinco de septiembre actual (foja 546), se tuvo por recibido el oficio 521-P/2019, signado por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, por el cual en cumplimiento a la sentencia amparadora remitió copia certificada del nuevo auto de incoación de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 157/2015 de su índice; y con su contenido, se dio vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio sí se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de lo informado por la autoridad responsable de mérito, se advierte lo siguiente: Que dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada en la causa penal 157/2015 de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió otra. a) Con base en las pruebas existentes en las causa penales 126/2008 y 157/2015, estableció que Frankley Ramírez Morales fue considerado, en una averiguación previa anterior, propietario del bien inmueble y que ha estado en posesión continúa y pacífica, derivado del contrato de compraventa del inmueble en Litis celebrado ante las autoridades ejidales del Ejido Lázaro Cárdenas de Chicomuselo, Chiapas, en acta de asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil siete, en el que Berenisa Ramírez López (aquí tercera interesada), de manera voluntaria aceptó la venta de dicho inmueble. b) Resolvió negar la orden de aprehensión dictada en contra del indiciado Francisco Eliseo Ramírez González, como probable responsable del delito de despojo agravado, cometido en agravio de Berenisa Ramírez López. Lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos fundamentales del fallo constitucional, toda vez que, en el caso, la Juez Mixto de Primera Instancia de Motozintla, Chiapas, al dejar insubsistente y sin efecto la orden de aprehensión dictada en la causa penal 157/2015 de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió el nuevo auto de incoación de fecha veintiocho de agosto del año en curso, en el que base en las pruebas existentes en las causa penales 126/2008 y 157/2015, estableció que Frankley Ramírez Morales fue considerado, en una averiguación previa anterior, propietario del bien inmueble y que ha estado en posesión continúa y pacífica, derivado del contrato de compraventa del inmueble en Litis celebrado ante las autoridades ejidales del Ejido Lázaro Cárdenas de Chicomuselo, Chiapas, en acta de asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil siete, en el que Berenisa Ramírez López (aquí tercera interesada), de manera voluntaria aceptó la venta de dicho inmueble; y en consecuencia, resolvió negar la orden de aprehensión dictada en contra del indiciado Francisco Eliseo Ramírez González, como probable responsable del delito de despojo agravado, cometido en agravio de Berenisa Ramírez López. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese personalmente.
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