Francisco Eleazar Enríquez Santeliz
Expediente 511/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Eleazar Enríquez Santeliz
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos presentados por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado en veinte de mayo de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas las documentales que anexa las autoridades oficiantes, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, las documentales agregadas, así como el estado de los autos, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para la celebración del desahogo de prueba testimonial dentro del plazo previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 1384/17; siendo esta fijada para el quince de agosto de dos mil veintidós. Del actuario notificador adscrito a la Junta responsable, el haber omitido notificar a los testigos en dicho juicio. Acerca del acto a), se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó los actos reclamados, pues así se denota de dicho informe. Luego, de las constancias que anexó al referido informe, se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señaló nueva fecha para el desahogo de la consabida diligencia testimonial para las once horas con treinta minutos del veintinueve de junio del presente año; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinte de abril de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha para la multicitada diligencia testimonial dentro del plazo previsto en el artículo 883 de la ley obrera, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en análisis. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Después, con respecto al acto b), se provee: Como se plasmó en párrafos precedentes, se dilucidó del referido informe justificado la existencia del acto reclamado que en este apartado se analiza. Después, de las documentales agregadas en esta data, se remitió razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario responsable, de la que se denota que no fue posible notificar a la testigo Martha Patricia Márquez Ortiz, en virtud de los motivos que ahí exponen. También, se acreditó la notificación de los testigos Jorge Alfonso Monteverde Mosqueira y Ramón Miguel Ramírez Badilla, pues así se observa de las cédulas de notificación efectuadas por el fedatario público responsable de veinticinco de mayo del año que transcurre. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado en el que se indicó la omisión de fijar fecha para la celebración de una diligencia testimonial dentro del plazo de ley previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, la junta responsable emitió diverso acuerdo el dieciocho de mayo anterior (durante el trámite de este sumario), en el que corrigió el procedimiento del juicio y fijó para el verificativo de la aludida audiencia de la que se duele, a las once horas con treinta minutos del veintinueve de junio del presente año. De modo que aquél auto en el que se había señalado una fecha lejana para el desahogo de las testimoniales de mérito y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que, por lo que se refiere a los la notificación de los absolventes, se acreditó la notificación de dos de ellos, no obstante, por la restante, el actuario responsable pretendió realizar lo conducente, empero infructuosamente, por causas ajenas a su voluntad. Por lo que ahora, la Junta se encuentra en aptitud de proveer lo que corresponda al respecto para dar oportunidad a la parte quejosa de que manifieste lo que a su interés legal convenga, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo propio en cuanto a la notificación de la testigo faltante. De ahí, que con tales actuaciones desplegadas por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la absolvente Martha Patricia Márquez Ortiz, aún no ha sido notificada para el desahogo de la diligencia testimonial a su cargo; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte, este acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió notificar a dicha testigo; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de dicha ciudadana, o bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a realizar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse dicha omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con un minuto del veintiuno de junio del año en curso-. Asimismo, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de las probanzas acompañadas al oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable omitió anexar las constancias relativas a la notificación de la totalidad de las partes intervinientes en las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte quejosa, en el expediente laboral de origen 1384/2017 de su índice, o bien, los actos tendentes para ello, pues, como se dilucida del anexo de cuenta, menciona que, habilita días y horas inhábiles, atento a las razones actuariales levantadas por el fedatario público de su adscripción. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias mencionadas en el párrafo precedente. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver lo conducente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con un minuto del veintiuno de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la magistrada titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, mediante los cuales cumple con el requerimiento formulado en autos; y al efecto, comunica que al realizar una búsqueda minuciosa en el departamento de archivo de ese tribunal, no se localizó ningún juicio agrario en el que se dilucide la existencia de sucesión a bienes del tercero interesado Rosendo Reynaldo Dávila González, en el poblado "13 de Julio", Municipio de Guaymas, Sonora. Comparecen a juicio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por Carlos Iván, Rafael y Adrián, los tres de apellidos Dávila Pérez, quienes se apersonan a juicio, aduciendo ser hijos legítimos del extinto tercero interesado Reynaldo Rosendo Dávila González; asimismo, manifiestan que no existe juicio instaurado en relación con la sucesión a bienes del mencionado tercero interesado, y piden se les emplace con ese carácter. Sin que haya lugar a tener por presentes con el carácter que se ostentan (de hijos del extinto tercero interesado) a los promoventes, toda vez que no acreditan tal entroncamiento familiar con documento alguno; por tanto, requiéraseles para que en el acto de la notificación del presente acuerdo, o bien, dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, acrediten con documento idóneo, la filiación que refieren tener con el interfecto (Dávila González), a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la prosecución del trámite de este biinstancial. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción l, inciso b) y 27, fracción ll, de la Ley de Amparo en correlación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, gírese atento despacho al juez de Primera Instancia de lo Civil en el Estado de Sonora, con residencia en Guaymas, para que en auxilio y por comisión de las labores de este juzgado, notifique a Carlos Iván, Rafael y Adrián, los tres de apellidos Dávila Pérez, con domicilio en Rancho Guayacán, Kilómetro 2.5 del Boulevard Tetakawi en San Carlos Nuevo Guaymas, Parcela 12 dentro del Ejido "13 de Julio", Municipio de Guaymas, Sonora, el presente proveído y los requiera en los términos apuntados en el párrafo que antecede. En la inteligencia de que, solo en caso de que acrediten ante su potestad el entroncamiento con el tercero interesado Reynaldo Rosendo Dávila González, con la documentación idónea para tal efecto, deberá emplazárseles a juicio con copia de la demanda, a fin de que puedan comparecer a hacer valer los derechos que como tercero interesado debía tener en vida Dávila González en este sumario; de igual modo, deberá requerírseles para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación relativa al emplazamiento, señalen domicilio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de emplazarles deberá hacerles saber el número del juicio en que se actúa, anexándoles para tal efecto copia de la demanda, copia autorizada del presente acuerdo y del auto admisorio; asimismo, que se encuentran señaladas las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional (con independencia de que tal fecha ya hubiere transcurrido). En el entendido que de no acreditarse el entroncamiento de que se trata, el diligenciario deberá abstenerse de correrles traslado con la copia de la demanda y del auto admisorio que se anexa. Con el objeto de agilizar la actuación del juez auxiliar, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de su adscripción lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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