Francisco Efraín Miranda Peñuelas

Expediente 960/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
960/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Efraín Miranda Peñuelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo 960/2023-VI, e informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Ahora, en atención a lo solicitado, se habilita la vinculación al presente expediente para su consulta, no obstante a ello, remítanse las constancias que refiere, mismas que a su vez puede disponer del expediente electrónico al momento de encontrarse habilitado para su consulta. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" (encargado del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), que lleve a cabo las gestiones necesarias para la vinculación del expediente electrónico que deriva del juicio en que se actúa. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse declinado la competencia, es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se estima que dada su naturaleza carece de relevancia documental. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, remitido por la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en Mexicali, Baja California; este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto se reciba información respecto de la incompetencia planteada al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta presentado por Claudia Leticia Plascencia Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, en atención a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto. Por otra parte, en atención a la diversa petición en el sentido de que se autorice el acceso al expediente electrónico y vista la certificación de cuenta, se advierte que en el módulo de consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario ******************** correspondiente a Claudia Leticia Plascencia Romero; en consecuencia, se acuerda favorablemente el acceso al expediente electrónico del presente juicio. En virtud de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" (encargada del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm

  4. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de constancias que obran dentro de la causa penal 683/2008-2, de su índice. Ahora, del contenido integral de la demanda que se atiende, se advierte que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, carece de competencia legal para conocer de la misma; a fin de evidenciar la incompetencia de este órgano jurisdiccional, resulta menester conocer el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que para las dos primeras reglas competenciales, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Así, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que la litis planteada por el quejoso en este juicio de derechos fundamentales, lo constituye la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición realizada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, relativa a la solicitud de copias de la causa penal 683/2008, del índice del Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en Mexicali, Baja California Por tanto, el acto reclamado -de naturaleza omisiva- sí trae aparejada una ejecución material, pues al no proveer sobre la petición de copias presentada por el quejoso, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso; ya que la referida omisión, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados, motivo por el cual, se actualiza la primera de las reglas para la fijación de competencia; y, como consecuencia, el conocimiento de la demanda corresponde al Juez que ejerza jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto al órgano jurisdiccional que ha omitido resolver sobre la petición de que le expidan copias de la causa penal de origen, con independencia del lugar en el que se encuentre privado de libertad el quejoso. Para avalar la anterior postura, es preciso destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018 - que más adelante se citará-, estableció que las autoridades jurisdiccionales en materia penal, tienen la obligación constitucional, convencional y legal de dictar sus resoluciones en un plazo razonable. Lo que constituye una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional; por lo que, al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales Por tanto, determinó que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material, en la medida que, al no dictar una sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso; es decir, que dicha omisión, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Asimismo, la Primera Sala sostuvo que, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra la omisión de dictar sentencia en un proceso penal, conforme al artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por tanto, el conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos, corresponde al Juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Lo anterior debido a que la unidad y concentración del procedimiento son aspectos que permiten la emisión de criterios generales y evitan la concurrencia de múltiples resoluciones. Ello con independencia -se precisó- que la omisión de pronunciar sentencia sea susceptible de incidir de manera indirecta en la libertad personal del procesado, la cual se concretiza en el lugar donde se encuentra recluido. Sin embargo -puntualizó-, dicha circunstancia es insuficiente para afirmar la competencia de las autoridades residentes en su lugar de internamiento, fundamentalmente porque el procesado se encuentra sometido a la potestad del Juez de la causa, cuya jurisdicción no necesariamente coincide con aquella en la que se ejecuta la prisión preventiva. En ese sentido, concluyó que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva, pues ésta es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un juzgado que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interno el proceso y posteriormente sea trasladado a otro centro de reclusión, lo cual traería más problemáticas al respecto. Consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 478/2018 que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada el 17 de septiembre de 2021, registro 2023548, cuyo rubro y texto son: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia - por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. PRIMERA SALA Contradicción de tesis 478/2018. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito. 2 de septiembre de 2020. Mayoría de tres votos de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Ramón Eduardo López Saldaña. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2018 y por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2017, en los que se sostuvo que el hecho de que el Juez no dicte sentencia constituye un acto omisivo, pero que tiene efectos positivos, ya que dicha omisión vulnera los derechos de seguridad jurídica, acceso a la justicia y libertad, por lo que, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley d Amparo, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, esto es, donde se lleva a cabo su proceso penal; y El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2018, en el que consideró que la naturaleza jurídica del acto reclamado es la de una omisión que no requiere ejecución material; por tanto, de conformidad con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo. Tesis de jurisprudencia 24/2021 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno." En tales condiciones, si bien es cierto que el quejoso actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Reinserción Social, EL Hongo, en Tecate de Baja California -como lo señaló el quejoso en su demanda de amparo-, también cierto es que, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, es decir, la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición realizada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, relativa a la solicitud de copias de la causa penal 683/2008, del índice del Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en Mexicali, Baja California, la regla para la fijación de la competencia legal se define por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Por tanto, toda vez que la autoridad responsable que conoce la causa penal de origen tiene su residencia en Mexicali, Baja California, lugar donde tiene ejecución material el acto reclamado; este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para resolver el presente asunto, motivo por el cual resulta procedente declinar la competencia legal por razón de territorio al Juez de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali, en turno, para que conforme a sus atribuciones legales resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes relativo, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, para que se realice el turno correspondiente y solicítese de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo y el informe correspondiente a la competencia planteada. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra interno y sus asesores jurídicos. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe''

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