Francisco Eduardo Rojas Palacios

Expediente 945/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
945/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Eduardo Rojas Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), por lo que es susceptible de depuración, mientras que el original del incidente de suspensión se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Magistrados de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 945/2022, promovido por ******* contra actos de los Magistrados de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, remitido al día siguiente (doce de julio de dos mil veintidós) por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, ****** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "III AUTORIDADES RESPONSABLES Magistrados de la sala del Segundo Circuito Judicial del H. tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos" "IV ACTOS RECLAMADOS Resolución de fecha quince junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente toca civil ************* SEGUNDO Por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós., este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, solicitó a la autoridad responsable para que informara el nombre y domicilio de las partes en el juicios de origen, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, las omisiones reclamadas se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto que reclama de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se hace consistir en: Resolución de quince de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil ***** en la cual se desecha el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, que derivo del juicio de divorcio ****** del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del Estado de Morelos. TERCERO Es cierto el acto atribuido a la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución de fecha quince de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente toca civil ***** Lo anterior, porque así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que anexo a su informe justificado. A las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO Al no hacerse valer causas de improcedencia, ni oficiosamente se observa alguna que, por ser su estudio de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo por este Juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación, los cuales se omiten transcribir, ya que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además, ello no le causa perjuicio a la parte quejosa, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, correspondiente a mayo de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, esto es, en la Novena Época, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" La parte quejosa alega en su primer concepto de violación que, en el acto reclamado, se violaron en su perjuicio, lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como el 552, fracción IV del Código Procesal Familiar, ya que, a su consideración, la responsable, hizo una incorrecta interpretación de dichos preceptos. Sigue argumentando, que se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica, establecidas en el artículo 17 constitucional, refiriendo que en este se prescribe, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, en los términos y plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el mismo sentido refiere, que, la responsable en la resolución que reclama, no dio cumplimiento a lo señalado en la fracción IV, del artículo 552, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. En la que se establece que sí el incidente requiere prueba, se recibirá en una audiencia indiferible. Asimismo argumenta que, la resolución reclamada viola el artículo 14 constitucional, que establece la garantía de audiencia, ya que, en la resolución combatida, el juez de origen, no se pronunció respecto de las pruebas que ofreció, como fueron la confesional y la testimonial, las cuales, dice, fueron ofrecidas en tiempo y forma. También, sostiene el quejoso que, en el artículo 17 constitucional, se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de congruencia de las resoluciones, externa como interna, mencionando en qué consisten cada una. En el mismo tenor, argumenta que, la resolución combatida, viola sus derechos fundamentales, pues la misma carece de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, al no analizar la totalidad de los conceptos de reclamación planteados, en relación a la con la valoración de las pruebas que ofreció. Decisión Los conceptos de violación reseñados son inoperantes. Efectivamente, de la lectura del auto reclamado, se desprende que, el quince de junio de dos mil veintidós, se determinó por parte de la responsable declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, contra la resolución interlocutoria de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primera Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en el expediente *********resolución que constituye aquí el acto reclamado. Sin embargo, la parte quejosa se limitó a señalar que la sala de apelación trasgredió sus garantías de legalidad, seguridad jurídica, administración de justicia y debido proceso, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, así como los principios de congruencia y exhaustividad, sin especificar las razones por las que lo considera así; lo que imposibilita realizar el estudio correspondiente, como consecuencia de tal deficiencia argumentativa. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, que a continuación se reproduce: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR. en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo" Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que si bien para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios basta con que en ellos se exprese la causa de pedir (lo que obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental) eso de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde salvo los casos en que opera la suplencia de la deficiencia de la queja señalar cuál es la lesión o agravio que consideran se actualiza en su perjuicio, y los motivos de origen de ese agravio. Entonces, toda vez que los argumentos del quejoso, como se anticipó, se limitan a señalar que la autoridad responsable infringió los derechos y los principios mencionados, sin exponer las razones por las que lo considera de ese modo, se insiste, deben declararse inoperantes. En efecto, la eficacia de los conceptos de violación se encuentra supeditada a la proporcionalidad con la que se controvierten las razones que sustentan el fallo reclamado, pues si no existe un combate específico las mismas permanecen incólumes y, por ende, el sentido del fallo prevalece. En este caso el quejoso no aporta elementos para desestimar el fallo de segundo grado, en tanto únicamente se limita a reiterar los agravios que aportó en el recurso de apelación con la finalidad de combatir la interlocutoria de primer grado -de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, no obstante soslaya que las consideraciones de esta última han sido sustituidas con las que la sala emitió en la resolución reclamada de quince de junio de dos mil veintidós donde se declaró improcedente el recurso interpuesto. Ello, pues si bien en aras de optimizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y atendiendo a una mayor flexibilidad sobre los requisitos exigidos en el planteamiento de los conceptos de violación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se mencionó párrafos atrás, ha sostenido que para su estudio en el amparo, es suficiente que los quejosos expongan con claridad la causa de pedir, aunada a la manifestación sencilla sobre la afectación que sufra el agraviado; ello no implica la aceptación de una revisión oficiosa de los actos reclamados en el amparo, respecto a su constitucionalidad, convencionalidad o legalidad ni del procedimiento que lo haya generado, pues debe considerarse que prevalece una carga procesal mínima para quien se dice agraviado, consistente en precisar la causa de pedir de su impugnación y la afectación que se estime lesiva en su perjuicio; y cuando los peticionarios de la protección constitucional no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse inoperante, como en la especie se realiza. En tal virtud, se concluye que las cuestiones señaladas por la parte quejosa en los conceptos de violación, no pueden servir de base para satisfacer sus pretensiones, al omitir controvertir las consideraciones que sustentan el acto reclamado y, por tanto, permanecen firmes las razones sostenidas por la autoridad responsable por las que declara improcedente el recurso interpuesto por el aquí quejoso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.2C. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 845 del tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, novena época, registro digital 192315, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil Sirve de apoyo en el mismo sentido, la jurisprudencia II.3 J/44, página 40 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 63, marzo de 1993, octava época, materia civil, registro digital 216777, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. - Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes" En efecto, tales conceptos de violación en los que el promovente reitera los agravios que expuso en la apelación, dirigidos a cuestionar las consideraciones del fallo de primera instancia son inoperantes, en atención a que, como se indicó, en el amparo no se debe resolver si la resolución primigenia estuvo bien o mal dictada, sino si los fundamentos del acto reclamado, que se ocuparon de los referidos agravios enderezados en su contra (en apelación) son o no violatorios de derechos fundamentales. Finalmente, es infundado lo alegado por el promovente en cuanto a que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, y para corroborar lo anterior es necesario tener en cuenta que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la controversia, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1a/J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, cuyos rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso" De acuerdo con el criterio reproducido, las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales deben atender lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Norma Suprema, que les impone la obligación de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. De ahí que al haber expresado la autoridad responsable, al dictar el fallo reclamado, las razones de derecho y los motivos de hecho que la condujeron a arribar a la decisión que adoptó, deben considerarse satisfechos los referidos requisitos de fundamentación y motivación. En esta tesitura, ante lo infundado e inoperante de los motivos de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** por propio derecho, contra la resolución dictada en quince de junio de dos mil veintidós, por la Primera Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el recurso de apelación ****** Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de la Sección de Amparos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, a través del cual, remite constancias de emplazamiento realizada la parte tercero interesada dentro del presente sumario. Atento a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento realizado por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, y en consecuencia, con fundamento en los artículos 5 fracción III, inciso b y 26, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente emplazada, a la tercero interesada y se deja sin efectos el apercibimiento realizado a la autoridad responsable. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Magistrados de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que rinda su informe justificado, o en su defecto fenezca el mismo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas del trece de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano