Francisco Eduardo Garcia Donato
Expediente 1009/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Eduardo Garcia Donato
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de quince de agosto del año en curso, dictado en este juicio, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Causa estado En tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración documental Acorde a lo establecido en el artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de TRES AÑOS contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Se informa a las autoridades. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Contenido del informe justificado Visto el informe de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que por auto de diez del presente mes y año, dictado en el juicio laboral de origen, se fijó fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y alegatos. Delegadas Con fundamento en el artículo 9°, de la ley de la materia, ténganse como sus delegadas a las personas que indica. Causal de improcedencia Ahora, del contenido íntegro del citado informe de ley, se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; numeral que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". La hipótesis legal consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Caso concreto En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de proveer el escrito recibido por la Junta responsable el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, a través del cual, promovió el incidente de liquidación de laudo, dentro del juicio laboral 205/2015. Pues bien, del informe justificado rendido por la aludida responsable, y del anexo que acompaña en copia autógrafa, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el diez del presente mes y año, la autoridad responsable acordó el escrito que la aquí parte quejosa le presentó el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; admitió a trámite el incidente de liquidación de laudo y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia relativa de pruebas y alegatos, cuya omisión se reclamó en este juicio. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Decisión Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que el sentido de la determinación que se pronuncia no causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio laboral, se cristaliza una afectación tanto el actor como al demandado. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta determinación se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Recepción y registro de demanda y anexos Vista la demanda promovida por Francisco Eduardo García Donato, contra actos de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, con dos anexos y cuatro copias que acompaña; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1009/2023-VIII. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata en sus términos. Incidente de suspensión Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, enviándoles para tal efecto copia de la demanda de amparo y sus anexos. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Asimismo, se informa a las autoridades que se hagan en el presente juicio serán computados sin que se descuenten los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo1 . Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia constitucional Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia constitucional. Parte tercero interesada por oficio Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, téngase como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien deberá ser emplazado por medio de oficio que al efecto se le envíe, de conformidad con la fracción II, inciso b), del artículo 26 del ordenamiento legal en cita, remitiéndole copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la fecha y hora que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional 1 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2022 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE.", en la que se sustentó el siguiente criterio jurídico: "Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable." [registro digital: 2024510] para que si lo estima conveniente comparezca a éste juicio a hacer valer lo que a su derecho convenga. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y, toda vez que el presente asunto es materia laboral y el quejoso es parte trabajadora en el juicio de origen, se tienen como sus autorizadas en términos amplios a las personas que menciona. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese.
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