Francisco Doval Naranjo

Expediente 1056/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1056/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Francisco Doval Naranjo

Actuaciones

  1. Principal

    ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este juicio como concluido... Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    ...Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Glósese la razón actuarial de la licenciada Laura García Pérez, actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad de notificar de manera personal al quejoso el auto de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 124 a 128), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso A, de la Ley de Amparo, notifíquese el citado auto por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional...Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por Francisco Doval Naranjo, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese la demanda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1056/2018/VI-A. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se desprende la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. La parte quejosa fundamentalmente reclama: a) La emisión del acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado Instructor en el juicio de nulidad 3377/18-13-01-6 del índice de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad capital, por el que se desechó por improcedente la solicitud de suspensión de ejecución, por considerar que el acto administrativo respecto del cual se solicitó la suspensión, carece de ejecución. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Congruente con lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto delas cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. [.]" Dicho precepto constituye uno de los principios jurídicos rectores del juicio de garantías, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En este contexto, la parte quejosa reclamó en este juicio de amparo el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 3377/18-13-01-6, por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, a través del cual se desechó por improcedente la solicitud del aquí quejoso, por lo que es se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en cita, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Lo anterior es así, dado que la decisión de no atender la petición de suspensión, se cumple tanto en el caso de que exista una resolución que expresamente niega la suspensión por parte de la autoridad administrativa, como cuando dicha negativa se deduce de conductas y actitudes que envuelven ese sentido, como sucede cuando se desecha de plano la indicada solicitud independientemente del motivo y legalidad, si bien no constituye un pronunciamiento expreso, el resultado implica una denegación tácita al otorgamiento de la medida cautelar solicitada; en consecuencia, el requisito para obtener la indicada suspensión de ejecución ante el tribunal administrativo, se cumple tratándose de una negativa expresa o tácita, tal como lo es el desechamiento por improcedencia de la autoridad responsable. Al respecto, aplica al caso la tesis aislada XXI.1o.P.A.123 A del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2927, Novena Época, registro 165137, que se transcribe a continuación: "SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. EL REQUISITO PARA OBTENERLA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE CUMPLE TRATÁNDOSE DE UNA NEGATIVA EXPRESA O TÁCITA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA A CONCEDER DICHA MEDIDA. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los requisitos para la procedencia de la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio de nulidad del que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre los cuales se encuentra la demostración de la petición de la suspensión ante la autoridad administrativa y que ésta niegue su otorgamiento, rechace la garantía o reinicie la ejecución. Acorde con ello, tal requisito se cumple tanto en el caso de que exista una resolución que expresamente niega la suspensión por parte de la autoridad administrativa, como cuando dicha negativa se deduce de conductas y actitudes que envuelven ese sentido, como sucede cuando se desecha de plano la indicada solicitud. Ello es así, porque la decisión de no atender la petición, independientemente de su motivo y legalidad, si bien no constituye un pronunciamiento expreso, su resultado implica una denegación tácita al otorgamiento de la medida solicitada. Por tanto, el requisito para obtener la indicada suspensión ante el referido tribunal se cumple tratándose de una negativa expresa o tácita de la autoridad demandada a concederla." En consecuencia, en contra de dicha negativa, procede el recurso de reclamación a través del cual puede ser modificado o revocado conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo, que dispone: "ARTÍCULO 62.- Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia." Asimismo el artículo 36, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece lo siguiente: "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: [.] VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala; [.]" Del numeral transcrito, se obtiene que las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas por la Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda y, éste se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. En este orden de ideas, de conformidad con la porción normativa antes reproducida, se concluye que el acto reclamado a la autoridad responsable, es recurrible mediante el recurso de reclamación, previsto en el artículo 62 antes transcrito, por lo que es inconcuso que la parte quejosa debió agotar el citado medio de impugnación, antes de acudir a esta instancia constitucional. Máxime, que el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo, no sólo hace referencia a las sentencias interlocutorias que den por terminada la controversia incidental, sino que incluye cualquier determinación que emita el Magistrado Instructor, conforme al diverso numeral 25 de la misma Ley -provisional o definitiva¬-, es decir no distingue entre resoluciones provisionales o definitivas o interlocutorias, por tanto, debe entenderse que el citado precepto incluye cualquiera de éstas, siempre y cuando se trate de una resolución sobre medidas cautelares solicitadas. Resulta aplicable la tesis aislada IV.2o.A.147 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Julio de 2018, página 1592, Décima Época, registro 2017378, que se transcribe a continuación: "RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE O REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el recurso de reclamación en el juicio de nulidad procede contra las "resoluciones" que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas cautelares previstas en ese ordenamiento. Ahora, dicho concepto no se refiere sólo a las sentencias interlocutorias que den por terminada la controversia incidental, sino que incluye cualquier determinación que emita el Magistrado instructor conforme al diverso numeral 25 de la misma ley, provisional o definitiva. Lo anterior se concluye, porque el precepto citado, interpretado en su literalidad no distingue, por lo que no cabe al intérprete disociar o distinguir entre resoluciones provisionales y definitivas o interlocutorias, de modo que dicha expresión debe entenderse referida a cualquiera de éstas que resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas. Considerar lo contrario, causaría un estado de indefensión al gobernado que resienta un agravio con la determinación; además, implicaría una interpretación restrictiva, carente de razonabilidad y desproporcional, contraria al sentido del tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, en cuanto prevé que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Además, la interpretación indicada es conforme con el principio pro homine establecido en artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y con el diverso principio in dubio pro actione o favor actionis, que exige a los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tener presente la ratio de la norma, a fin de evitar formalismos o entendimientos no razonables que impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto." Lo sustenta así la tesis aislada I.17o.A.25 A del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 1279, Novena Época, registro 162003, que se transcribe a continuación: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías será improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa. Asimismo, del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se colige que las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, dictadas por alguna de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueden ser impugnadas a través del recurso de reclamación. En congruencia con lo anterior, el particular se encuentra obligado a agotar dicho medio de defensa previo a promover el juicio de amparo, sin que obste que el precepto en cita disponga que las resoluciones "podrán" ser impugnadas, pues ello no implica que sea potestativo para el gobernado, ya que tal optatividad debe entenderse como la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, mas no que pueda elegir entre la vía ordinaria de defensa y la extraordinaria del amparo. Tampoco constituye obstáculo el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que el artículo 28 de la ley en cita exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues dicho criterio rige para la interposición del juicio de nulidad y no de un recurso intermedio dentro de dicho juicio, como lo es la reclamación; máxime que, al haberse optado por la vía ordinaria, al promover el juicio de nulidad, el particular quedó sujeto a ella, con todas sus consecuencias hasta que agote totalmente la secuencia de medios ordinarios de defensa." Finalmente, es importante destacar que el citado principio admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, su observancia no es imperativa, pues previo a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender si en el caso se encuentra situado en alguna de las excepciones que la ley en la materia contempla. El acto reclamado en el presente juicio, no se sitúa en alguna de esas excepciones, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos consistentes en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento, ya que el peticionario es la parte actora en el expediente 3377/18-13-01-6 del índice de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad capital. Por lo expuesto, es indudable que existe causa notoria y manifiesta de improcedencia y con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Doval Naranjo, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, de conformidad con el artículo 113, de la legislación en cita. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Yesareli Pérez García, que autoriza y da fe...

  3. Principal

    ...Agréguese el telegrama remitido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Primera Instancia, con sede en Chetumal, Quintana Roo, en cumplimiento al proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, informa que remitió el disco óptico que contiene copias certificadas de la carpeta auxiliar digital de ejecución 23/2018 de su índice, asimismo, remite el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la citada carpeta, mediante correo correspondiente, en consecuencia, estese en espera de que sean recepcionadas en este Juzgado para acordar lo procedente...

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