Francisco Dorantes Sotero
Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Dorantes Sotero
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la parte quejosa hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓNVisto; el escrito de Francisco Dorantes Sotero, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de diecisiete de marzo del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EXTEMPORANEAAhora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV (a contrario sensu), 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Los preceptos legales mencionados, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Según se ve, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, considerando como aquellos, a los no impugnados dentro de los plazos que prevé la ley de la materia. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones que ahí se prevén. Y en el diverso precepto 18 del ordenamiento legal en cita, se ve que el legislador previó tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Estas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Sobre esta base normativa se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término genérico de quince días, antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Así del escrito de demanda y del diverso aclaratorio de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisan como actos reclamados los siguientes: a) El auto de formal prisión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 235/2017-VIII, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad. b) La media filiación ordenada llevar a cabo por conducto del Director del Centro de Readaptación de esta ciudad, en cumplimiento a dicho auto de formal prisión. Asimismo, en el escrito aclaratorio de cuenta el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que, el auto de formal prisión que se duele le fue notificado personalmente el dieciséis de febrero del año en curso, la cual hace prueba plena en su contra, al tratarse de una confesión expresa de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, debe decirse que para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del auto reclamado se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, el día siguiente al en que haya surtido efectos la fecha en que se le notificó la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado, que en el caso es el artículo 165 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, el cual establece: Artículo 165. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán: I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes: a) En el domicilio que para tal efecto se señale; b) El notificador, cerciorado que es el domicilio, requerirá la presencia del interesado o su representante legal; una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia de la resolución que deba notificarse con indicación de la causa y del juzgado o tribunal que la dictó, y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. c) De no encontrarse el interesado o su representante legal se le dejará citatorio para hora determinada del día siguiente con cualquier persona mayor de edad que viva o trabaje ahí, debiendo asentarse esa circunstancia y el nombre de la persona que lo recibió; d) De no encontrarse a nadie en el domicilio señalado, se fijará citatorio en la puerta del lugar donde se practique la notificación, para hora fija del día siguiente. Si en la fecha y hora indicadas no se encontrare la persona a quien deba notificarse o se niegue a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio, señalando el notificador tal circunstancia en el acta de notificación; y e) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. Todas las resoluciones en las cuales proceda el recurso de apelación se notificarán personalmente a las partes. II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o el domicilio del interesado. En tales casos, se publicará, por una sola ocasión, en la Gaceta Oficial del Estado y en un periódico de circulación local. Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar. Procede realizar la notificación por edictos, si previamente se ordenó la localización de la persona a notificar por medio de la policía o por cualquier otro conducto que el juez o tribunal considere pertinente y, del informe policiaco que se reciba, se desprende que la búsqueda no tuvo éxito en el plazo que al efecto se fijó. Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de su publicación; III. Por teléfono, en cuyo caso se dejará constancia de ello en las actuaciones de la autoridad correspondiente; o IV. Por medio electrónico, para lo que se imprimirán las copias de remisión y recepción, las que se agregarán al registro, o bien se guardarán en el sistema electrónico existente para el efecto." En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha donde se notificó al quejoso la resolución reclamada, que fue el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el cual comenzó a partir del día siguiente hábil en que se realizó la notificación respectiva, pues la misma surtió efectos al momento de llevarse a cabo. Entonces, la notificación del auto de formal de prisión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en los autos de la causa penal 235/2017-VIII, realizada y surtiendo efectos el mismo día, por lo que el referido plazo de quince días inició a correr a partir del diecisiete de febrero y feneció el nueve de marzo del año en curso, descontando los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de febrero, cinco y seis de marzo del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual, para mayor abundamiento y claridad, se especifica de la manera siguiente:: FEBRERO 2022 L M M J V S D 14 15 16 FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO Y SURTE EFECTOS 17 EMPIEZA A CONTAR PLAZO (1) 18 (2) 19 INHABIL 20 INHABIL 21 (3) 22 (4) 23 (5) 24 (6) 25 (7) 26 INHABIL 27 INHABIL 28 (8) MARZO 2022 L M M J V S D 1 (9) 2 (10) 3 (11) 4 (12) 5 INHABIL 6 INHABIL 7 (13) 8 (14) 9 (15) FENECE PLAZO 10 11 En tales condiciones, si el plazo para la promoción del juicio de amparo feneció el nueve de marzo de dos mil veintidós, y el solicitante de la protección constitucional presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, hasta el quince de marzo de dos mil veintidós, es inconcuso que su promoción resulta extemporánea. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Asimismo tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: Registro digital: 2009174 Tipo: Jurisprudencia Décima Época Instancia: Pleno Materia (s): Común Tesis: P./J. 12/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , página 38 AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XIV Ley de Amparo. Notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista; la demanda de amparo promovida por Francisco Dorantes Sotero, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 128/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Resulta conveniente citar lo establecido en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º. de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. De dichos numerales se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir al impetrante del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo1 , cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, el disconforme señaló como acto autoridades responsables a las siguientes: Señalo como autoridad responsable ORDENADORA: Al C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIAS del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, con domicilio en Calle Mariano Arista, 1 Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]., colonia Tajín de la misma Ciudad de Poza Rica, Veracruz, y como autoridad responsable EJECUTORA: Señalo al C. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE POZA RICA, VER. Es decir, ambas autoridades con sede en esta ciudad. Sin embargo, posteriormente en su capítulo de acto reclamado precisó: Del C. Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz reclamo: el auto de formal de prisión que dictó en mi contra el día 16 de febrero del año 2022, en los autos de la causa penal 235/2017-VIII, del índice de dicho juzgado. Del Director de Readaptación Social de Poza Rica, Veracruz, RECLAMO: el cumplimiento del Resolutivo Segundo del auto de formal prisión antes mencionado y por medio del cual a éste último se ordena la media filiación del hoy quejoso mediante el procedimiento administrativo adoptado para ese fin. Por lo tanto, de dichas transcripciones se aprecia que el quejoso señaló primeramente como autoridad responsable ordenadora al Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, y posteriormente al Juez Primero de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, a quienes se aduce que reclama el auto de formal prisión, dictada en la causa penal 235/2017-VIII, circunstancia que tiene como consecuencia la discrepancia de su escrito de demanda. Asimismo, de la lectura integral de la demanda, no se aprecia la fecha en la que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado que se duele. Por tanto, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción III y IV, del propio cuerpo normativo, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste y precise bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1) La autoridad responsable que emitió el auto de formal prisión que se duele. 2) La fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, o en su caso, la fecha en la que se le notificó el auto de formal prisión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós Lo anterior es así, porque tal y como se indicó, tales datos no los plasmó en su escrito de demanda de amparo, mismos que resultan indispensables a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de verificar la presentación oportuna de la demanda de amparo y la correcta fijación de la Litis en el caso. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Época: Décima Época Registro: 2005636 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079 APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que la parte quejosa del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Ténganse por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cristina Pérez García, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración.
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