Francisco Díaz Medrano
Expediente 243/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Díaz Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 116/2015-B suscrito por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1379/2013-II promovido por BANCO INVEX, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, y cuatro anexos, asimismo remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 255/2013, en la que determinó resolver lo siguiente; "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Blanquel Carreño, por su propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de la sentencia impugnada, por las razones y efecto precisados expresados en el último considerando de la sentencia recurrida." Asimismo, en el oficio de cuenta el Tribunal de Alzada precisó lo siguiente: "Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de la ejecutoria, de cumplimiento a la misma; apercibido que en caso de no hacerlo así le será impuesta una multa." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos del cuaderno relativo al antecedente e incidente de suspensión. Ahora bien, toda vez que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, confirmó la sentencia dictada catorce de julio de dos mil catorce, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección a Roberto Blanquel Carreño, contra los actos reclamados a las Juezas Cuarto y Noveno de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y Actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales y Juez Décimo Séptimo de lo Civil, con sede en México, Distrito Federal, consistentes en el emplazamiento practicado en el juicio especial hipotecario expediente 1944/2009, incluyendo todo lo actuado, hasta el dictado de la sentencia, y su ejecución, en específico la orden de entrega voluntaria del inmueble hipotecado, dictada el seis de septiembre de dos mil trece, precisando los efectos siguientes: "En las referidas condiciones, y tomando en cuenta que en el caso particular fueron fundados en parte los conceptos de violación aducidos, aunque suplidos en sus deficiencias, lo que procede es conceder al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que la Juez Décimo Séptimo de lo Civil, con sede en México, Distrito Federal: - Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario expediente número 1944/2009, a partir del emplazamiento reclamado y provea lo necesario a fin de que el hoy quejoso sea llamado a ese procedimiento en forma legal. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados de las autoridades señaladas como ejecutoras, toda vez que no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Al respecto, se cita la jurisprudencia II.3o. J/12, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 55, julio de 1992, página 41, Octava Época, de rubro y texto, siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Finalmente, debe decirse que los efectos de la protección constitucional otorgada, al incidir en una cuestión que implica reponer el procedimiento del juicio natural del que derivan los actos reclamados, deben hacerse extensivos a los codemandados que no acudieron al juicio de amparo, siempre que ente ellos exista litisconsorcio pasivo necesario. Lo anterior, conforme lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la jurisprudencia P./J. 9/96, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, febrero de 1996, Novena Época, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." En el entendido que corresponde a la autoridad responsable pronunciarse sobre la existencia o no del litisconsorcio pasivo necesario a efecto de determinar los sujetos que puedan beneficiarse de la protección constitucional otorgada. Determinación que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 103/2011, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXXIV, Julio de 2011, página: 690, Novena Época, la cual establece: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LABORAL DETERMINAR SU EXISTENCIA. Para estimar existente un litisconsorcio pasivo necesario en materia de trabajo, no puede atenderse únicamente a las manifestaciones del trabajador en su demanda, pues éste puede narrar que tiene varios patrones con obligaciones solidarias o mancomunadas entre ellos; sin embargo, no puede tenerse establecido el litisconsorcio pasivo necesario sólo con esas afirmaciones, ya que el trabajador no está obligado legalmente a conocer quién es su patrón. En efecto, en ocasiones recibe órdenes de distintas personas, su salario de otras y puede que haya sido contratado físicamente por otras, por lo que cuando presenta una demanda ante la autoridad laboral puede verse en la necesidad de demandar a más de una persona, al no tener conocimiento cabal de quién resulta responsable de atender a su reclamo. Por tanto, como el litisconsorcio pasivo necesario surge por una relación jurídica previa entre los demandados y además esa relación es indivisible, porque constituyen una unidad procesal, corresponde a la autoridad que conoce del juicio determinar su existencia o inexistencia sin que baste la afirmación del actor en el sentido de que todos los demandados son responsables de la relación de trabajo origen del reclamo de su demanda. En esa virtud, con frecuencia tal existencia se descubrirá en la contestación de la demanda o en otra etapa del juicio, incluso hasta el desahogo de las pruebas o en la valoración que de ellas se haga en el laudo. De adoptarse una postura contraria el litisconsorcio pasivo necesario quedaría sujeto a la voluntad de la actora o, inclusive, al error en que ésta incurra al llamar a un conjunto de personas atribuyéndoles iguales hechos y reclamándoles las mismas prestaciones, como si fueran uno sin serlo." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridades responsables Juezas Cuarto y Noveno de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y Actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales y Juez Décimo Séptimo de lo Civil, con sede en México, Distrito Federal, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Por otra parte, como lo solicita la Superioridad, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 1379/2013-II, cuatro anexos y testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso en revisión 297/2014; asimismo, se le hace de su atento conocimiento que una vez que las autoridades responsables Juezas Cuarto y Noveno de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y Actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales y Juez Décimo Séptimo de lo Civil, con sede en México, Distrito Federal, informen el cumplimiento a la ejecutoria de amparo se le remitirá copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de marzo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha veintiséis de febrero del presente año, en el sentido de que señalara el domicilio en el cual podía ser notificado el testigo Francisco Javier Juárez Gutiérrez, sin que hubiere dado cumplimiento a ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y, se impone a la parte quejosa la carga procesal de presentar al ateste Francisco Javier Juárez Gutiérrez, debidamente identificado en la fecha y hora en que tendrá verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías (diez horas con doce minutos del veinticinco de marzo de dos mil quince), a efecto de que sea examinado al tenor del interrogatorio propuesto, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se declarará desierta en su perjuicio la mencionada probanza por lo que hace al testigo en mención. No obsta lo anterior, que en la presente instancia constitucional, si bien es cierto, el oferente de la prueba testimonial (quejoso), manifestó la imposibilidad jurídica que tenía en presentar a los testigos (Francisco Javier Juárez Gutiérrez y Carlos Alberto Tapia Carrillo), también lo es que en tratándose de juicios de amparo no existe obligación de que el suscrito juzgador de oficio realice el procedimiento de investigación de dichos atestes, porque si bien un testigo es una persona extraña al juicio en sentido amplio, por no ser parte del mismo -al no estar incluido en el artículo 5o. de la Ley de Amparo- sólo tiene el carácter de auxiliar de la administración de justicia cuando se le llama a declarar sobre hechos de que tenga conocimiento, sin que sea susceptible de sufrir un perjuicio en el procedimiento o en la ejecución de la resolución que es lo que lo diferencia como persona ajena a la controversia de las demás personas extrañas a juicio en estricto sentido. Aunado a lo anterior, a nada práctico conduciría que el juez desarrollara el procedimiento de investigación del domicilio del testigo y de no conocerse el correcto iniciara la notificación por edictos a costa del oferente (quejoso) ya que, en todo caso, sería una carga para el oferente de la testimonial, pues no debe perderse de vista que en un juicio de amparo cualquiera de las partes está en aptitud de ofrecer prueba testimonial y también se retardaría el procedimiento violando la garantía de prontitud en la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: Época: Novena Época Registro: 161502 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 23/2011 Página: 255 PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, NO COMPRENDE A LOS TESTIGOS. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio de garantías debe iniciar el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado o de la persona extraña al juicio cuando en autos no conste y, si a pesar de esto se desconoce, la primera notificación se realizará por edictos a costa del quejoso; sin embargo, en esta hipótesis no se ubican los testigos. Lo anterior porque si bien un testigo es una persona extraña al juicio en sentido amplio, por no ser parte del mismo -al no estar incluido en el artículo 5o. de la Ley de Amparo- sólo tiene el carácter de auxiliar de la administración de justicia cuando se le llama a declarar sobre hechos de que tenga conocimiento, sin que sea susceptible de sufrir un perjuicio en el procedimiento o en la ejecución de la resolución que es lo que lo diferencia como persona ajena a la controversia de las demás personas extrañas a juicio en estricto sentido. Aunado a lo anterior, a nada práctico conduciría que el juez desarrollara el procedimiento de investigación del domicilio del testigo y de no conocerse el correcto iniciara la notificación por edictos a costa del quejoso ya que, en todo caso, sería una carga para el oferente de la testimonial, pues no debe perderse de vista que en un juicio de amparo cualquiera de las partes está en aptitud de ofrecer prueba testimonial y también se retardaría el procedimiento violando la garantía de prontitud en la administración de justicia, que consagra el artículo 17 constitucional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial que antecede, tomando en consideración que el término de tres días concedido a la parte quejosa, transcurrió sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto de señalar como autoridades responsables a Omar Olivier Calderón, Rafael Martínez Magadan, Jorge A. Torres Rocha y Mario Álvarez Vidal, personal de la Dirección de Protección Civil Municipal de Zacatepec, Morelos, precisara el acto que le reclama a cada uno y en su caso, expusiera los conceptos de violación que estimara pertinentes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído tres de marzo de dos mil quince y se tiene como actos reclamados y autoridades responsables, únicamente a las señaladas en el escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones, solicitando que la sentencia dictada en el presente juicio cause ejecutoria. En atención a lo anterior, téngase por hechas las manifestaciones del ocursante para los efectos legales conducentes, y dígase al mismo, que se esté a lo acordado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, autorizada en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/405/2015, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón. Doy fe.
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