Francisco Díaz González

Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
101/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Díaz González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "Inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral ********************, y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, también se le apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 101/2023-II-C; estando en audiencia pública Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria Jessica Karen Rosas Yáñez, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Relación de constancias Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias que integran el expediente, entre las que se encuentran: la boleta de turno, demanda inicial, auto admisorio, la notificación a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado e informe justificado, rendido por la autoridad responsable. De igual manera, la Secretaria certifica: que el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo a las partes, aún no transcurre, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: ténganse por relacionadas las constancias de mérito y respecto a la certificación que precede, no obstante que a la fecha aún no transcurre el plazo previsto el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, procédase a resolver el presente sumario, toda vez que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de ellas. Periodo probatorio Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistente en la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano; asimismo, con la documental remitida por la autoridad responsable a su informe justificado, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. Periodo de alegatos Se abre la fase de alegatos en el que se hace constar que las partes se abstuvieron de formularlos, con lo cual se cierra dicha fase. Cierre de audiencia constitucional No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente: S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 101/2023-II-C; promovido por ********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad y acto que se precisan a continuación: "III. Autoridad Responsable: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en CALLE RAFAEL M. HIDALGO, No. 301, ESQUINA CON IGNACIO LÓPEZ RAYÓN SUR, COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV. Acto reclamado: La abstención y de la Autoridad Responsable de emitir LAUDO correspondiente en el expediente al rubro indicado. Acto que viola mis derechos previstos en el artículo 1° fracción I de la Ley de Amparo y con ello produce una afectación real y actual a mi esfera jurídica ya que de manera directa violentan mis derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte consagrados en los artículos 1° y 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRONTA Y EFECTIVA)". Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, párrafo tercero, 14, 16, 17 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 101/2023-II C, se admitió a trámite por auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 36 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto omisivo, esto es, un acto que no requiere ejecución material, por una autoridad en materia de trabajo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridades responsables. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable de emitir laudo en el juicio laboral ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues al rendir su informe con justificación el Presidente de dicho Tribunal lo aceptó. Aunado a que de la constancia que adjuntó al mismo consistente en copia certificada del auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, se advierte que se declaró cerrada la tapa de instrucción y se turnaron los autos al auxiliar dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente. Documental a la cual se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de un documento público expedido por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." No obstante, lo anterior, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. Se hace innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, en la medida en que no existe dispositivo legal alguno que la exija, pues lo que se exige es que se analice el acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en el escrito de demanda, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso en esencia aduce que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 17 constitucionales, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El aludido argumento es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la impartición de justicia adecuada se produce, en cuanto mira a la celeridad, es decir, si las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad juzgadora, para que pronuncie sus resoluciones dentro de un espacio temporal determinado. Por su parte, los artículos 191, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 241, 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 226.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará al auxiliar o secretario que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores. A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera concurrir personalmente. "Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmada y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá contener: I. Nombre y domicilio del promovente; II. Nombre y domicilio del demandado o demandados; III. Objeto de la demanda; IV. Relación de los hechos; V. Documentos probatorios; o VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar directamente." "Artículo 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora o laboró deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios. " "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente." "Artículo 237. El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley." "Artículo 238. En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva." "Artículo 241. Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos." "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal." "Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." "Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado." "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." Del contenido de los numerales citados, se aprecia que el procedimiento laboral inicia con la presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal, quien lo turnará a quien corresponda. Luego, una vez recibida la demanda por el Tribunal o Sala que corresponda, dentro de los tres días posteriores a la presentación de la demanda, en caso de ser obscura o imprecisa, prevendrá al actor para que la corrija. Hecho lo anterior, o en caso de no existir motivo de prevención alguno, se admitirá la demanda y el escrito de pruebas, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada donde se le correrá traslado con los mismos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, para que en el plazo de diez días dé contestación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofrezca las que considere pertinentes. En ese orden de ideas, el Tribunal dictará auto dentro de los tres días siguientes a que reciba la contestación de demanda o una vez fenecido el plazo concedido para tal efecto, donde señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo, bajo el apercibimiento a las partes de tenerlas por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia respectiva. Además, en el mismo acuerdo en que admitan las pruebas, el Tribunal señalará día y hora para la celebración del desahogo de pruebas, la que deberá de llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes; asimismo, que de presentarse alguna imposibilidad de desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo se señalará el día y hora en que se efectuará la respectiva audiencia -sin que ese período exceda de quince días-, desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia o en un término de cuarenta y ocho horas formularán sus alegatos, y una vez formulados éstos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar la resolución -en un término no mayor a quince días-, y una vez aprobada la resolución la elevará a categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En ese sentido, de manera intrínseca es evidente que se deberán atender las reglas y plazos fijados por la propia ley para llevar a cabo el desahogo de las diligencias ahí contempladas. Luego, de las constancias que obran en autos, se advierte, en lo que aquí interesa, que se llevó a cabo la etapa postulatoria, probatoria y, en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, el tribunal responsable cerró instrucción y ordenó turnar los autos del expediente ********************, al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha haya dictado el mismo. Atento a ello, se advierte que del día en que cerró la instrucción a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo que conlleva a sostener que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, se concluye que la dilación reclamada por la promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, visible en la página 1283, del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por ende, es evidente que la autoridad responsable, no ha emitido el laudo en el juicio laboral ********************, dentro del plazo indicado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, violando en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. Sirve de apoyo la jurisprudencia P****, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Constitucional, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5, cuya literalidad es: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, ****." En ese orden, como la responsable no observó el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: Inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral ********************, y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Sin que el resultado que se obtenga sea objeto de análisis en el presente juicio. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y, en consideración, a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, lo cual ha sido plasmado en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no ha concluido el plazo otorgado a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado; en virtud a que es inconcuso que la presente sentencia no afecta a la parte quejosa, mientras que la autoridad responsable no está legitimada para combatir la decisión aquí adoptada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por propio derecho, respecto del acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consistente en la omisión de emitir el laudo en el expediente laboral ********************, de su índice, para los efectos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. pruebas En ese orden, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba del Juez oficiante la documental que adjunta; dada su naturaleza se tienen por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Diferimiento anticipado Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que el presente sumario se encuentra debidamente integrado para el dictado de la resolución correspondiente, en virtud de que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable. En ese contexto, a efecto de velar por el derecho de las partes a la impartición de justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la tesis I.5o.C.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados."

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