Francisco del Toro Contreras

Expediente 2343/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2343/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Francisco del Toro Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, uno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa, el veintidós de marzo del año en curso, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "De inmediato, acredite que se realizó la notificación a la parte actora del auto en que se señaló fecha para la celebración de la audiencia bifásica, así mismo, emplace a la demandada al juicio de origen ***; en su defecto, acredite fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo". Al respecto, por oficio ***, el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, remitió copias certificadas de las constancias de notificación y emplazamiento a las partes dentro del procedimiento laboral; comunicado que se atendió, por parte de este órgano jurisdiccional, en el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por un aparte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en términos de los artículos décimo primero, último párrafo y vigésimo, ultimo párrafo, ambos del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Ténganse por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual remite copias certificadas de diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a través del cual remite copia certificada de la constancia de entrega y recepción de fecha veintiocho de febrero del año en curso, así como del título de crédito (cheque ***) entregado al quejoso ¨****; al respecto, téngase a la autoridad oficiante brindando tal información, y se está en la espera de que la misma cumpla con el requerimiento formulado en auto de dos de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 2°, del primer ordenamiento citado, se acuerda: Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 499/2020, en relación a la ampliación de demanda promovida por ***, contra actos de las autoridades que denominó: 1 Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. 2 Titular de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. 3 Director General Jurídica de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. 4 Titular del Área de Recursos Financieros de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir por duplicado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por CIEN el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al juicio de amparo y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia incidental. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas. Sin que haya lugar a tener como tales la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, toda vez que no se encuentran contempladas en el incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Tercero Interesado. Sin que por el momento se reconozca el carácter de tercero interesado a persona alguna. Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la 1 Véase, por ejemplo, la Contradicción de tesis 122/2005-SS, entre las sustentadas por el Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, fallada el 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. De dicho criterio emanó la jurisprudencia: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva." (Época: Novena Época, Registro: 177160, Instancia: SEGUNDA SALA, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 112/2005, Pag. 493, [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 493.) existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.2 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de 2 En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para que un recurso sea efectivo "se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla"2. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama (Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112). los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X,3 permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,4 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar siendo que, en el caso, se incumple con lo previsto en el inciso iv), como se procede a analizar. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la 3 Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes [.]. 4 Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).5 Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En ese orden de ideas, atento a las manifestaciones del peticionario, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados. Lo anterior es así ya que es requisito indispensable para su procedencia que el acto sea jurídica y materialmente suspendible, lo cual no acontece en el caso, pues tal como lo refiere el quejoso, no se encuentra recibiendo el pretendido estímulo económico de $***), que señala. De tal manera, de concederse la suspensión para el efecto que pretende, se le daría a la suspensión efectos que son propios de la sentencia definitiva que, en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que la constitucionalidad en el actuar de las responsables, en tono al referido estímulo y su no entrega a la parte quejosa, será, en su caso, materia de análisis en el 5 Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. juicio principal. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, número II. 3o. J/37, publicada en la página cincuenta y uno, del Tomo 60, Diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo contenido es: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Conclusión y efectos de la suspensión (artículos 138 y 146 Ley de Amparo). Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados. Al no haberse acreditado este presupuesto para la concesión de la suspensión, resulta innecesario pronunciarse sobre el resto. Autorizados y domicilio. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso designando como autorizado en amplios términos a ***, toda vez que sí cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a las personas restantes únicamente para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el peticionario; por otra parte, se tiene como domicilio procesal de la accionante constitucional el señalado en el escrito inicial. En el entendido de que si la parte quejosa solicitó que las notificaciones personales se efectúen electrónicamente, aquellas se diligenciarán por ese medio, siempre y cuando el usuario proporcionado se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Consulta Vía Internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, la parte quejosa y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese; así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s).

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