Francisco de Paúl Ricalde Pech
Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Francisco de Paúl Ricalde Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la presente fecha no obra el acuse de recibo que acredite que a la autoridad responsable Delegado Municipal del Poblado de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, haya sido notificada del auto por el que se reanudó el procedimiento en el presente juicio de amparo, asimismo que el veinte de octubre de dos mil veinte se ordenó reexpedir el oficio que contiene su notificación. Con relación a lo anterior, se reciben los sobres devuelto por Correos de México, que contienen los oficios 14878/2020 y 18527/2020, dirigidos a la autoridad responsable Delegado Municipal del Poblado de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, que notifican los autos de veinte de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, sobres postales contienen la leyenda "No existe delegado en Maya Balam el Titular se encuentra privado de su libertad". Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales en el presente juicio de amparo, remítase al Presidente Municipal de Bacalar, Quintana Roo, el oficio 8285/2020, que notifica el auto de once de agosto de dos mil veinte, en el que se ordenó reanudar el presente juicio de amparo, para que, en su carácter de superior jerárquico, lo notifique a quien ostente el cargo de Delegado Municipal del Poblado de Maya Balam, perteneciente a ese municipio. En tales condiciones, con el propósito de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas del trece de enero de dos mil veinte, para su celebración. Sin que sea necesario emitir oficio a las diversas responsables para notificarles el señalamiento de la nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, pues esta determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/servicios Tramites.htm?pageName=servicios/expedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
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(aviso)R E S U E L V E: PRIMERO. Se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, promovido por ***contra actos del Juez de Control en el Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, consistente en el auto de vinculación de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en la carpeta administrativa 233/2020, en atención a motivos precisados en los considerandos cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos reclamados del Magistrado Unitario de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de esta resolución
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Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, con sede en Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, la responsable remite lo consistente en: ***. En consecuencia, dése vista a las partes con los anexos que acompañó la autoridad en comento, consistentes en una documental y tres discos versátiles digitales (DVD), los cuales, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, adquieren el carácter de documental pública. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, las documentales descritas con antelación, así como por desahogadas en atención de su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido de las documentales contenidas en el discos versátiles digitales, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control en el Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, la autoridad responsable remite lo siguiente: ***. En consecuencia, dése vista a las partes con los anexos que acompañó la autoridad en comento, consistentes en una documental y tres discos versátiles digitales (DVD), los cuales, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, adquieren el carácter de documental pública. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, las documentales descritas con antelación, así como por desahogadas en atención de su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido de las documentales contenidas en el discos versátiles digitales, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Respecto de las documentales contenidas en los discos versátiles digitales, a efecto de una mejor conservación de la misma, resguárdense por separado en la secretaría de este Juzgado. Hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias quedan a su disposición para su consulta en el local de este Juzgado en días y horas hábiles, para lo cual se le otorgaran las facilidades tecnológicas con que cuenta este órgano de control constitucional necesarias para la reproducción de los discos compactos de que se trata. En el entendido de que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a realizar el análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, permitir el acceso únicamente a las constancias que se consideren esenciales para su defensa, adoptando en todo momento las medidas de seguridad a efecto de evitar que se usen de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. Además, en caso de que este Juzgado permita el acceso total o parcial a las constancias, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del contenido literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." [Énfasis añadido]. Notifíquese.
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