Francisco de la Rosa Palma
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco de la Rosa Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
...Agréguese el oficio del presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez; a través del cual, rinde informe justificado aceptando parcialmente el acto reclamado, lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo al numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la documental pública que acompaña, consistente en original del expediente laboral 219/2017, de su índice, la cual se desahoga en razón y su propia especial naturaleza. Asimismo, se le tiene informando que en sus registros no se encuentra que la parte quejosa, haya promovido diverso juicio de amparo, contra los mismos actos aquí reclamados. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta responsable el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 219/2017, por el que se despachó ejecución respecto de la condena decretada en laudo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Por lo que en el particular se estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro de procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interpone dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la Ley de Amparo vigente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la Promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". (Jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I página 8, con registro digital 2017117). "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."(Jurisprudencia VI.1o. J/85, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 51, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 67, Julio de 1993, Octava Época, Materia Común). El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Ahora, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable (vigente al año dos mil diecisiete), dispone expresamente que contra los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Para mayor claridad se transcribe el numeral en cita: "CAPITULO XIV De la revisión de los actos de ejecución Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. (.) En el caso, de las constancias de autos, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: La parte quejosa reclama de la Junta responsable el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 219/2017, a través del cual se despachó auto de requerimiento de pago a SOFIPA CORPORATION, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. Y SOFIPA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., respecto de laudo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior como se ilustra en la imagen que se inserta: De donde se obtiene, que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el principio de definitividad a través del recurso de revisión, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado por el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, en el que despacha auto de requerimiento de pago y embargo, con efectos de mandamiento. De ahí, que a través de dicho medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Registro digital: 186133, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 95/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, Tipo: Jurisprudencia). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución sería el mismo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por último, se toma nota sobre la aducida imposibilidad de la responsable para proporcionar correo electrónico a fin de entablar comunicación procesal, bajo los argumentos que expone. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
"... Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito del promovente ****; toda vez que reproduce sustancialmente su similar acordado en auto de cinco de abril pasado, en el que se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto sean recibidos el informe de ley y sus anexos. No obstante, se le tiene por exhibida la documental consistente en copia del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ******, de índice de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de cuya lectura se advierte que no revela el domicilio de la persona moral tercera interesada *******..."
- Principal
"... Agréguese el escrito del promovente *******; a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de treinta de marzo pasado, reitera el domicilio señalado en su escrito de demanda, de la persona moral tercera interesada **********, el ubicado en: **********. En consecuencia, resérvese a proveer respecto del emplazamiento a dicha parte procesal, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable. Sin que haya lugar a tener por exhibida la documental que refiere la parte promovente en su escrito de mérito, toda vez que ésta no fue acompañada..."
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