Francisco De la Cruz Gamez
Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Francisco De la Cruz Gamez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo tres días concedido en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 167 a 169), para que las parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho que pudo haber ejercitado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudiera recurrir en queja el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 156 a 163), que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello "DESTRUIBLE" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164217, Novena época, cuyo rubro es de la literalidad siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Francisco de la Cruz Gámez, ratificó la firma de su escrito aclaratorio identificado con el folio 17559, recibido en este Juzgado el tres de noviembre del año en curso, ello en cumplimiento al proveído de esa misma fecha. Atento a lo anterior, téngase por ratificada la firma del escrito aclaratorio en cita y desahogando la prevención formulada al quejoso en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 54 a 61); en ese orden, se provee: FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Este órgano jurisdiccional precisa que la parte quejosa reclama: dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 65/2022, por el Juez de Control, Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con residencia en esta ciudad; y, la medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica por la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos moneda nacional). DESECHAMIENTO Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentran consentidos tácitamente. (.) De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el promovente de amparo acude a esta vía constitucional, para reclamar el auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 65/2022, por el Juez de Control, Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con residencia en esta ciudad; y, la medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica por la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos moneda nacional). Así, tomando en consideración la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós (fecha en que se dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal 65/2022), resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos (conforme a la ley que rige el acto) la notificación del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. (.) En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Debe decirse que la aplicación de los criterios antes citados, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente; y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinado en sesión celebrada el veinte de junio del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2700/2022 suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida del Secretario que autoriza Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE 10/NOVIEMBRE/2022 Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 09/NOVIEMBRE/2022: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Francisco de la Cruz Gámez, ratificó la firma de su escrito aclaratorio identificado con el folio 17559, recibido en este Juzgado el tres de noviembre del año en curso, ello en cumplimiento al proveído de esa misma fecha. Atento a lo anterior, téngase por ratificada la firma del escrito aclaratorio en cita y desahogando la prevención formulada al quejoso en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 54 a 61); en ese orden, se provee: FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Este órgano jurisdiccional precisa que la parte quejosa reclama: dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 65/2022, por el Juez de Control, Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con residencia en esta ciudad; y, la medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica por la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos moneda nacional). DESECHAMIENTO Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentran consentidos tácitamente. (.) De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el promovente de amparo acude a esta vía constitucional, para reclamar el auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 65/2022, por el Juez de Control, Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con residencia en esta ciudad; y, la medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica por la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos moneda nacional). Así, tomando en consideración la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós (fecha en que se dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal 65/2022), resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos (conforme a la ley que rige el acto) la notificación del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. (.) En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Debe decirse que la aplicación de los criterios antes citados, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente; y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinado en sesión celebrada el veinte de junio del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2700/2022 suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida del Secretario que autoriza Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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