Francisco de Jesús Lucero Sánchez

Expediente 806/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
806/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Francisco de Jesús Lucero Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil dieciocho. PERSONERÍA Se tiene por recibido el escrito presentado por Francisco de Jesús Lucero Sánchez, por el cual promueve juicio de amparo por propio derecho, contra actos de la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo número 806/2018 y su registro en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse del escrito inicial un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.)" Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil diez, emitida por la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, dentro del expediente laboral 5269/09-1ª, de su índice, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, por los motivos siguientes: Primeramente, resulta conveniente citar los artículos antes mencionados, los cuales, en el orden mencionado, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos. (...)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (...)". De los preceptos citados, se advierte que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma establecida en el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente manera: 1) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación realizada al quejoso del acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija el mismo; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado o de su ejecución. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, no guardan prelación alguna, sustentándose en el conocimiento del acto reclamado y no sólo en la formalidad de la notificación; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de derechos fundamentales se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. Así, la causa que torna inejercitable la acción de derechos fundamentales tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo general de quince días que consagra el artículo 17, de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ellos a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora bien, establecidas las anteriores premisas, se reitera, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a estudio, ya que Francisco de Jesús Lucero Sánchez, señaló en su escrito inicial de demanda como acto reclamado la resolución de diecinueve de febrero de dos mil diez, emitida por la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, dentro del expediente laboral 5269/09-1ª, de su índice. Acto del cual el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, por motivo de su inconformidad con el convenio aprobado por la junta responsable, revocó todos y cada uno de los abogados autorizados en su demanda inicial por perjudicarle dicha representación, contestando la autoridad que el asunto se encontraba concluido y archivado. De ahí que de forma incuestionable, se puede concluir que el peticionario del amparo Francisco de Jesús Lucero Sánchez, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenía que promover el juicio de amparo contra el acto que reclama dentro del plazo de quince días, computado a partir del día siguiente al que se tuvo conocimiento del mismo, esto es, del veintiséis de marzo al quince de abril de dos mil diez, sin que lo hubiera realizado. Así las cosas, la afirmación del promovente en cuanto a su conocimiento del acto reclamado, constituye prueba plena de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 27/96, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así, la causa de improcedencia que se estudia opera en la medida que el peticionario de amparo no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que éste había fenecido al siete de junio de dos mil dieciocho, en que presentó la demanda que dio origen a este juicio, según se advierte del sello de recepción de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido implícitamente por el peticionario al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Por último, cabe destacar que en el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, pues el acto que reclama, es emitido dentro de un procedimiento penal que inicia desde la fase de la indagatoria; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; por lo tanto, al ser un acto restrictivo de libertad que emerge dentro del procedimiento, el plazo que tenía la parte quejosa para promover juicio de amparo en su contra es de quince días, el cual en el caso, empezó a computarse desde el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, día siguiente al en que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó tener conocimiento del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P./J.12/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Tomo I, Mayo de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y contenido dicen: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Aunado a lo anterior, se tiene a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 873/2016, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por el mismo quejoso Francisco de Jesús Lucero Sánchez, de la cual se ordena agregar copia certificada de la demanda de amparo a este expediente, pues se advierte que en dicho juicio el promovente reclama entre otros actos: la omisión de ejecutar el convenio celebrado el diecinueve de febrero de dos mil diez, en el expediente laboral 5269/09-1ª, del índice de la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tijuana, Baja California, así como ordenar el archivo de dicho juicio como asunto total y definitivamente concluido. De igual forma, del referido expediente se advierte que dicha demanda de amparo se presentó el veintiuno de julio de dos mil dieciséis; por ende, es claro que el juicio de amparo indirecto 873/2016 y éste fueron promovidos por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y en ambos casos se tilda de inconstitucional actos idénticos; por lo que se advierte que desde esa fecha tuvo conocimiento del acto que se reclama. Apoya lo anterior lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. En las relacionadas circunstancias, se desecha la demanda de amparo respecto al acto consistente en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil diez, emitida por la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, dentro del expediente laboral 5269/09-1ª, de su índice, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Yadira Pérez González, hasta en tanto acredite en este asunto contar con cédula profesional registrada ante el referido sistema computarizado. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Igualmente, como lo solicita, con fundamento en los artículos 22 al 27 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, y acceso a éstos, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, así como en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado al ocursante para consultar el presente juicio en la vía electrónica, en razón de contar con nombre de usuario autorizado en el referido sistema. Asimismo, se autoriza a recibir las respectivas notificaciones por el sistema referido, mismas que surtirán sus efectos a partir de que se registre en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual se documentará en la constancia que se genere automáticamente una vez que el sistema identifique la FIREL que se haya utilizado para expresar dicha solicitud y corrobore que corresponde a la del promovente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del citado Acuerdo General 1/2014. TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Gabriel Coria Martínez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Órganica del Poder Judicial de la Federación y de acuerdo al oficio CCJ/ST/2338/2018 de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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