Francisco de Jesús Lucero Sánchez
Expediente 1401/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1401/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita
- Francisco de Jesús Lucero Sánchez
- Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el auto por el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de marzo de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta que firma la presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de veinticinco de febrero del presente año, informa que el aquí quejoso, compareció ante la mencionada autoridad el veintiocho de enero de dos mil veintidós, para desistirse lisa y llanamente de la acción y la demanda en el juicio laboral de origen 109/2019, por lo que el mismo, fue archivado como asunto totalmente concluido; y, a su vez, remite copia certificada de las constancias que así lo acreditan. Se admiten pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. III. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión en perjuicio del quejoso, de una pronta aplicación de justicia en el juicio laboral de origen, conforme a los términos de los procedimientos laborales, por lo que opone conculcación al artículo 17 Constitucional. Lo anterior, derivado de que la junta de trabajo, dice el quejoso, omite emplazar al demandado, regularizar el procedimiento del juicio de origen, y omite también poner el expediente a la vista del peticionario. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable acepta parcialmente la existencia del reclamo constitucional, por lo que debe tenerse como cierto el reclamo ya que de la lectura efectuada al informe y demás documentales remitidas por la responsable, se desprende substancialmente que desde el catorce de febrero de dos mil diecinueve, se radicó ante la Junta responsable la demanda promovida por el aquí quejoso, en contra de Servicios Administrativos de Personal y RH SAPE IV S.A. DE C.V. y otro, en el que no obstante que se le dio curso a dicha controversia, la audiencia de ley había sido diferida en diversas ocasiones, resultando así, que en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable señaló las diez horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 163), lo que motivó al quejoso para delatar en sede constitucional tal señalamiento fuera de los términos de la ley laboral y reclamando también diversos actos omisivos en la propia demanda de amparo. De lo anterior, se desprende la existencia del reclamo substancial del quejoso. De ahí, que si bien, resultó existente el acto reclamado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno); sin embargo, atento al contenido del oficio que se agrega en esta fecha, se advierte que se actualizó la causal de improcedencia en estudio, toda vez que la junta laboral informa de manera sustentada, que el aquí quejoso Francisco de Jesús Lucero Sánchez, compareció ante ese órgano el veintiocho de enero del presente año, para desistir lisa y llanamente de la acción de la demanda entablada, al haber celebrado un convenio con la parte demandada, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, ya que la pretensión del aquí quejoso fue la pronta aplicación de justicia dentro del procedimiento laboral de origen y, si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del reclamo constitucional, en la forma expuesta, esto es, que la responsable estaba siendo omisa al actuar fuera de los plazos y términos legales señalados en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, durante el lapso del trámite de ese biinstancial, ante la responsable se celebró convenio entre las partes y el ahora quejoso desistió lisa y llanamente de la demanda laboral de origen 109/2019, por lo que el expediente fue archivado como asunto totalmente concluido; en consecuencia, han cesado los efectos del reclamo omisivo de aplicación de justicia, por lo que, consecuentemente, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con once minutos del uno de abril de dos mil veintidós-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se hace necesario contar con mayores elementos probatorios, considerando que en el caso se estima que pudiera actualizarse una causal de improcedencia, lo cual resulta ser un asunto de orden público y estudio preferente, o en su defecto analizar con minuciosidad el fondo del asunto; por tanto, se acuerda lo siguiente: Requerimiento. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a los actos reclamados, concretamente de las actuaciones relativas a la fecha señalada para la celebración de audiencia de cuatro de febrero del presente año y las subsecuentes actuaciones; o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que al efecto tuviere. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, salvo impedimento legal o material que al efecto tuviere, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con once minutos del uno de abril de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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