Francisco de Javier Fermin Urrutia Saiz

Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
911/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Francisco de Javier Fermin Urrutia Saiz
  • Juez Octavo de lo Civil de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que este cuaderno es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el arábigo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y dado que la parte quejosa no hizo manifestación respecto del informe justificado rendido por el responsable, se provee lo conducente al tenor del contenido de las piezas enviadas por la autoridad, tal como se indicó en dicho acuerdo. PRIMERO. PRECISIÓN DEL RECLAMO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico a los medios preparatorios a juicio ordinario civil 324/2021, del índice del Juzgado Octavo Civil de la Ciudad de México y reclama la orden de embargo de la cuenta número ... de la Institución bancaria ..., de la que afirma ser titular. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las documentales allegadas por la autoridad responsable con su informe justificado - mismas que gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que aun cuando el juez de origen reconoció la existencia del procedimiento natural, no existe un agravio actual, real y directo contra el quejoso, en términos del ordinal 107 fracción I de la Carta Magna, 61 fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. Y es así, dado que dicha autoridad manifestó que al asunto no se le dio entrada a trámite por incumplimiento a la prevención hecha a la actora, por lo que formalmente concluyó la relación procesal entre las partes, como se ve del auto de dieciocho de junio de este año, donde se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de prevención. Los numerales que sustentan la improcedencia, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por otra parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte accionante, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Por tanto, la procedencia del juicio constitucional en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el particular, el quejoso ostentándose tercero extraño auténtico reclama la orden de bloqueo de su cuenta bancaria, dentro del juicio de origen, empero, del informe rendido por el Juez responsable se advierte que el asunto no fue admitido a trámite por incumplimiento a la prevención; de modo que no hay relación procesal que vincule al aquí quejoso formalmente frente a los actos de autoridad, mismos que ni siquiera se han concretado, dado que el proceso no inició su trámite. Lo anterior, sin que la parte quejosa hiciera manifestación en contra u ofreciera pruebas para controvertir lo asentado por la autoridad en su comunicado, aún cuando se le dio el término de ocho días que marca el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues es tal la finalidad del plazo de ley. En ese sentido, conforme a lo informado por el juzgador de origen y que quedó incontrovertido por parte del demandante, no se advierte una afectación de forma directa, en virtud que no existe en este momento, algún acto de ejecución que vulnere la esfera jurídica del ocursante pues el procedimiento al que se ostenta tercero extraño auténtico fue desestimado sin entrar al fondo de la cuestión planteada. De tal forma que lo reclamado, por el estado del procedimiento natural, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de un agravio real y actual en perjuicio del accionante, así el amparo promovido es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de garantías, consistente en "la afectación" a los derechos de la impetrante. Al respecto, se cita por analogía, la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas." Por tanto, al configurarse una causal del improcedencia de manera pante, y solventada con constancias certificadas, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; pues considerar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio; y en consecuencia queda sin efectos la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, vistos los ocursos signados por el quejoso, atento a su contenido, expídanse las copias que solicita; y se instruye a la secretaría para que de inmediato gestione el acceso del quejoso al expediente electrónico como ya se había ordenado en el auto de admisión. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE PROCEDA.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 911/2021, promovido por ...; contra actos del Juez Octavo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico a los medios preparatorios a juicio ordinario civil 324/2021, del índice del Juzgado Octavo Civil de la Ciudad de México y reclama la orden de embargo de la cuenta número ... de la Institución bancaria ..., de la que afirma ser titular, con motivo de lo ordenado en el procedimiento del que aduce no ser parte. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, el juez responsable fue omiso en rendir su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La autoridad responsable fue omiso en rendir su informe, no obstante de habérsele notificado oportunamente el proveído donde se le requirió, por ello, debe tenerse por presuntivamente cierto el acto reclamado, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL INTERÉS JURÍDICO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que el quejoso tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad; por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se cita se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, registro 170500 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia(s): Común, página: 225, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos riguroso, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento sin mayores requisitos que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." II. Por otro lado, cuando se trata de la suspensión definitiva, la comprobación del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el particular, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. No obstante, es inviable conceder la medida cautelar solicitada, pues el quejoso es tercero extraño a juicio, y no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución de actos dictados en el procedimiento primigenio. Esto es, el accionante de amparo no allegó medios de convicción que revelen algún derecho a su favor respecto a la cuenta bancaria ... de la Institución bancaria ..., de la que afirma ser titular. Lo anterior aun cuando el quejoso anexó a su escrito de demanda una impresión simple del que aduce ser un estado de la cuenta a su nombre, dado que dicha copia no goza de valor probatorio, al tratarse de una simple reproducción que carece de medios de autenticación. Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia 1/89, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, cuyo rubro y texto dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En consecuencia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA, pues aunque se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, no acredita ni aún en forma indiciaria que tiene algún derecho sobre la cuenta bancaria que pretende defender en la vía de amparo. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J.96/97, visible en la página 23, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SERECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.- Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción Cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Aunado a lo anterior, del informe del juez que derivó en la apertura de esta incidencia (no el previo, pues éste no se rindió), se aprecia que a pesar de existir el procedimiento de origen, no prosperó en su trámite, como se ve del auto de dieciocho de junio pasado. Por lo cual no hay una ejecución que pueda ser susceptible de paralizarse en beneficio de la parte quejosa, pues de acuerdo al estado del procedimiento de origen, éste ni siquiera inició. Al efecto se cita la tesis XV.4o.7 K. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 2049, que dispone: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE ABSUELVE AL DEMANDADO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS AL CARECER DE EJECUCIÓN. No procede conceder la suspensión en el amparo cuando el acto reclamado consista en la sentencia que determina absolver al demandado de las prestaciones reclamadas, toda vez que por la naturaleza jurídica de dicha resolución, en ella no se contienen actos que puedan paralizarse; y si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna donde se consigne que debe negarse la medida cautelar cuando se ejerce la acción constitucional en contra de ese tipo de determinaciones, lo cierto es, que como el objeto de dicha providencia consiste en suspender su ejecución, si ésta no es susceptible de materializarse, ello hace improcedente decretar el instrumento precautorio de referencia." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ...; contra actos del Juez Octavo Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Juez responsable, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en autos; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tienen rindiendo su informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes por el término de ocho días; transcurrido el plazo, de no haber manifestación o prueba en contrario de parte del quejoso, se resolverá lo conducente con dichas piezas. Por otro lado, atento a la información que remite, conforme a lo dispuesto por los diverso numerales 125 y 128 de la misma ley, por cuerda separada, con copia simple de la demanda, su aclaratorio, así como con reproducción certificada del presente proveído, del oficio de cuenta y la documental anexa, fórmese por duplicado el incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano