Francisco David Piedragil Jiménez
Expediente 1746/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1746/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco David Piedragil Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja contra el proveído de veintiséis de octubre del año que corre, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de referencia QUEDA FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto que no tiene trascendencia jurídica y carece de relevancia documental; por consiguiente, procédase a su cumplimiento transcurrido el término de CINCO AÑOS.
- Principal
Por recibido el oficio de la responsables, a través del cual pretende informar de las gestiones que se encuentra realizando, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector y solicita una prórroga para estar en aptitud de dar cumplimiento. Sin lugar a acordar de conformidad la prórroga que solicita, toda vez que no exhibe las constancias con las cuales acredite las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables y vinculadas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, han sido omisas, dentro del ámbito de sus atribuciones, en acatar el fallo. Requierase a los superiores jerárquicos de las autoridades directamente obligadas al cumplimiento del fallo protector, así como de las autoridades vinculadas ya enlistadas, para que dentro del término de CINCO DÍAS, acrediten haberlas conminado a que en el ámbito de sus atribuciones cumplan el fallo protector. Se hace del conocimiento de los superiores jerárquicos que se encuentran obligados a tomar las medidas necesarias para que sus subordinados den cumplimiento a la ejecutoria.El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, se procederá a separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer."Se apercibe a todas las autoridades requeridas que, en caso de ser omisas en atender el presente mandato en el ámbito de sus atribuciones, se les impondrá multa por el equivalente a CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN vigente, de conformidad con los artículos 238, primer párrafo y 258, ambos de la legislación de la materia, y el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año en curso. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y 192 de la Ley de Amparo; esto es, para que la omisa sea separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda.Cabe precisar que, respecto del Consejo de Honor y Justicia de la citada dependencia policial, se le requiere en virtud que fue la autoridad vencida en el juicio de nulidad al habérsele condenado a realizar el pago a la quejosa de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, por lo que en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo, le corresponde asegurarse que esa determinación sea cumplida por las autoridades que intervengan en ella directa o materialmente.Por lo que hace al Secretario, al Subsecretario de Desarrollo Institucional, al Oficial Mayor y al Director General del supracitado órgano colegiado, todos de dicha corporación policiaca, se les vinculó al cumplimiento del fallo constitucional considerando que, por sus atribuciones, pueden tener intervención para darle celeridad.Así, las mencionadas autoridades en su carácter de responsables, superiores jerárquicos y autoridades vinculadas, se encuentran obligadas a que no subsista la omisión en su cumplimiento, pues aun cuando entre sus facultades no se encuentre directamente la de realizar el pago de la cantidad adeudada a la quejosa, su participación se constriñe a la gestión de los trámites inherentes a su obtención.De ahí que, en el ámbito de su competencia, deben agotar los medios que tengan a su alcance e inclusive, emplear los apercibimientos y sanciones puedan formular e imponer para acatarlo. Ahora bien, en cuanto a los incidentes de inejecución de sentencia el procedimiento de cumplimiento es de DIEZ DÍAS HÁBILES atendiendo a la complejidad y particularidades de los actos que competen a las autoridades de las que se requiera su intervención, en el ámbito de su competencia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, toda vez que el quejoso no desahogo las cargas procesales, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Por recibidas las copias de conocimiento de los oficios; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud que las firmas que ostentan no son autógrafas, por lo que no existe manifestación expresa de la voluntad de quien suscribe tales documentos.
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