Francisco Daniel Yemes Gómez
Expediente 1171/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Daniel Yemes Gómez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo 1171/2022, del cual derivó este cuaderno de antecedentes; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada a su favor y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el expediente de amparo 723/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la boleta de turno, oficio de cuenta y testimonio del juicio de amparo número 1166/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, promovido por Francisco Daniel Yeme Gómez, contra actos reclamados al Juzgado Quinto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande. Acúsese recibo. Se advierte que en dicho juicio de amparo, mediante proveído de siete de octubre del año en curso, se determinó la separación de autos, ordenándose que el presente juicio se ocupe únicamente de los actos reclamados derivado de la causa penal 436/2010-C, y sus acumulados 68/2013-B, acumulados anteriormente a la 322/2011-A, 468/2013-D, 165/2012-A, 447/2013-C, 104/2012-BIS y 93/2012-C, del índice del Juzgado Quinto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, a efecto de que sea resuelto por cuerda separada al diverso expediente del que deriva el testimonio de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1171/2022. Incompetencia. Ahora bien, como se dijo, el presente asunto conocerá de la demanda de amparo promovida por Francisco Daniel Yeme Gómez, contra el acto reclamado al Juez Quinto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, consistente (conforme se advierte de la lectura integral de la demanda) en: La omisión de darle seguimiento a la causa penal 436/2010-C, y sus acumulados 68/2013-B, acumulados anteriormente a la 322/2011-A, 468/2013-D, 165/2012-A, 447/2013-C, 104/2012 BIS y 93/2012-C; así como la falta de información sobre dicho proceso y de una debida defensa. En el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". [Lo resaltado es propio].". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, que son: a) Cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) En el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) Cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material; lo que se traduce en una competencia territorial, basada en los efectos de la ejecución material del acto reclamado o a la inejecución material del mismo. Ahora bien, de la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se deduce que la competencia para conocer de una demanda de amparo puede darse en dos vertientes: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse. 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está llevando a cabo por lo que la autoridad ejecutora tiene participación en el curso del juicio. Al respecto debemos mencionar que: El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) En virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. Ahora bien, como se precisó, la parte quejosa controvierte del Juez Quinto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, el no darle seguimiento a la causa penal 436/2010-C, y sus acumulados; así también, que no se le ha informado el trámite del proceso, ni se le ha otorgado una debida defensa (no se ha podido comunicar con su defensor). Luego, se considera que se trata de actos omisivos con efectos positivos, dado que esas omisiones tiene consecuencias fácticas, pues generan una afectación que no cesará hasta en tanto el juez responsable cumpla con la obligación que tiene de informarle al quejoso el estado de esa causa penal y de darle continuación a la misma; así como de asegurarle una efectiva defensa (garantía de impartición de justicia pronta y expedita y de defensa); por tanto, resulta competente para conocer de los mismos, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal, que en el caso es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Además, no se atribuye una ejecución material a alguna autoridad circunscrita en la jurisdicción de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde se encuentra recluido el quejoso, esto en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; sino lo que reclama al Juez Quinto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, se insiste, es la omisión de darle seguimiento a la causa penal 436/2010-C, y sus acumulados, así como la falta de información sobre su proceso y de una debida defensa. Por lo tanto, dado que es criterio del más Alto Tribunal del País, que no dictar sentencia en un proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, resulta competente para conocer de este asunto, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por ser quien ejerce competencia en el municipio al que corresponde el lugar de residencia del juez que conoce del proceso de primera instancia. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone lo siguiente: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dispone: . . . CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: III. TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan y Puente Grande, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por la propia entidad federativa." De ahí que, al permanecer el procesado a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J.24/2021 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Registro: 2023548, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Asimismo, por su información, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En consecuencia, es incuestionable que la competencia para continuar con el conocimiento del presente asunto, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; por ello, en beneficio de una pronta y expedita impartición de justicia, acorde a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, este juzgado declara carecer de competencia legal para seguir en su conocimiento. Similar determinación se sostuvo en el conflicto competencial 37/2022, suscitado entre este Juzgado Tercero de Distrito y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con sede en Zapopan, quien resulta competente; esto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que les presta auxilio. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. Asimismo, solicítese al Juzgado Federal que se avoque al conocimiento del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Finalmente, por conducto del actuario adscrito, notifíquese la presente determinación al quejoso Francisco Daniel Yeme Gómez, en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CEFERESO 13 "CPS-OAXACA".
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