Francisco Daniel Ascencio Raygoza

Expediente 2917/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2917/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Francisco Daniel Ascencio Raygoza

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiera recurrido la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Hilario Núñez Arvizu, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/msm

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta Especial, el Presidente Auxiliar, el Actuario Notificador y la Secretaria de Junta Especial, todos de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual se les tiene rindiendo su informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo y allegando documentales relativas al juicio laboral de origen, las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, revisadas que fueron las documentales de mérito, es dable advertir que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que los efectos del acto reclamado han cesado y, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite de este juicio. Se afirma lo anterior, en virtud que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se aprecia que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que el juzgador, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por los peticionarios de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además, dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juzgador a esperar la data señalada para la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de garantías, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77 de la ley de la materia; como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud de que la quejosa promovió esta instancia constitucional, en razón de la omisión por parte de la responsable en señalar día y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como llevar a cabo la notificación y el emplazamiento correspondientes; ahora bien, de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que mediante proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, señaló las quince horas del catorce de febrero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la celebración de la misma; luego, el diecinueve de los corrientes se notificó a la parte actora el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y el ocho del mes y año en curso, el actuario adscrito a la junta responsable manifestó la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada por los motivos que expuso; lo que, resulta suficiente para tener por demostrado que los efectos del acto reclamado han cesado; medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por ser documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, sin duda alguna el válido concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por el acto de autoridad. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por tanto, se insiste, ya no ocasiona agravio alguno al quejoso; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VI, Noviembre de 1997, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En razón de todo lo expuesto, se sobresee en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley; déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hilario Núñez Arvizu. Doy fe. LAPT/HNA/msm

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE EN SINTESIS DICE: POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN AUTOS SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que prevé el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan su informe justificado, el cual comprende del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete al veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que indica el artículo 19 de la ley de la materia, así como el periodo vacacional de la junta responsable, el cual comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete al siete de los corrientes. Por tanto, se ordena diferir la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hilario Núñez Arvizu. Doy fe. LAPT/HNA/msm

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