Francisco Daniel Albarran Luna

Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1038/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Francisco Daniel Albarran Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca Morelos; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio con evidencia criptográfica que valida la firma de la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelospor medio del cual solicita que se autorice la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo. Al respecto******************** se autoriza al juzgado homólogo la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE* por tanto* instrúyase a la Oficial Judicial Aa efecto de que realice las gestiones necesarias y habilite la consulta. Por último* como está ordenado en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós devuélvase los autos al archivo como asunto concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión provisional y definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de veinte de septiembre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la información proporcionada por la responsable María Esther Salazar García, Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana, en el sentido que a las dieciséis horas con diecisiete minutos del quince de agosto del año en curso, obtuvo su libertad respecto de la carpeta de la investigación*******, por motivo de la comisión del delito flagrante de resistencia de particulares; sin que haya hecho manifestación alguna, no obstante de encontrarse notificado de tal obligación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se le tiene por conforme con lo informado, esto es, que obtuvo su libertad respecto de la carpeta de la investigación SC01/9517/2022. En ese contexto, se advierte la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La parte quejosa *******, reclamó en su escrito de demanda presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, la detención, privación de la libertad y la omisión de resolver la situación jurídica del quejoso dentro de la carpeta de investigación *****, por motivo de la comisión del delito flagrante de resistencia de particulares. Ahora bien, de las constancias adjuntas por María Esther Salazar García, Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana, recibidas el seis y trece de septiembre del año en curso, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que dicha autoridad resolvió la situación jurídica del quejoso respecto de la carpeta de la investigación ********y dictó acuerdo de libertad a su favor a las dieciséis horas del quince de agosto de dos mil veintidós, ordenando al Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Área de Separos Zona Metropolitana, la cancelación de custodia para así dejarlo en libertad a las dieciséis horas con diecisiete minutos del mismo día, como se advierte de la copia certificada de la página del libro de libertades correspondiente al Turno de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de la Fiscalía Regional Metropolitana, en la que el quejoso *********asentó con puño y letra "Obtuve mi libertad sin dar dinero al personal de esta fiscalía 16:17 PM". Establecido lo anterior, se tiene que si bien al quince de agosto de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, diversas autoridades responsables informaron que la parte quejosa ******, fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana , Sector Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana, por conducto de los elementos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de esa institución, por motivo de la comisión del delito flagrante de resistencia de particulares, por lo que se dio inicio con la carpeta de investigación ******, además que se encontraba retenido, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, a las dieciséis horas del quince de agosto de dos mil veintidós, se resolvió su situación jurídica, ordenando al Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Área de Separos Zona Metropolitana, la cancelación de custodia para así dejarlo en libertad a las dieciséis horas con diecisiete minutos del mismo día, por lo que es evidente que en el caso la detención, privación de la libertad, así como la omisión de resolver la situación jurídica reclamados, cesaron en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. Por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de septiembre del año dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 998/2020, asimismo, allega copia certificada de la resolución dictada en el recurso de Inconformidad registrado con número 30/2022 de su índice, por la que en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de inconformidad." Acuse de recibo y anotaciones en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a emitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que no lo solicita la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, glósense únicamente las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes, pues el mismo fue formado con copia fotostática de las que integran este asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia de la ejecutoria dictada por la Superioridad requiérase Ramiro Escobar Terrones, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en autos; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de proceder conforme al diverso 193 de la propia ley. Notifíquese.

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