Francisco Cruz Montiel
Expediente 1262/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Francisco Cruz Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL OFICIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CINCUENTA Y CINCO EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TENGASELE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE, LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. FINALMENTE, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA AL ARCHIVO.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS, DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE TRES DIAS CONCEDIDO AL QUEJOSO, A EFECTO DE QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU DERECHO CONVINIERE RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA POR ESTE ORGANO FEDERAL, SIN QUE HAYAN REALIZADO MANIFESTACIÓN ALGUNA; EN CONSECUENCIA, COMO ESTA ORDENADO EN PROVEÍDO QUE ANTECEDE, DEVUELVASE EL PRESENTE EXPEDIENTE A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ANIBAL LAFRAGUA CONTRERAS, PARA QUE FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO el proyecto de resolución del juicio de amparo directo agrario 1262/2017, promovido por Francisco Cruz Montiel, en su carácter de quejoso, en el sentido de sobreseer en él, por las consideraciones siguientes: "[.] SÉPTIMO.- Los concepto de violación vertidos por la parte quejosa, fueron transcritos con carácter informativo, pues este órgano pluripersonal considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio en términos del diverso 63, fracción IV, del mismo ordenamiento. Como se precisó, del estudio que este órgano pluripersonal hace de los antecedentes que se desprenden del presente juicio, principalmente de las constancias remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, así como de los conceptos de violación antes transcritos, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio en términos del diverso 63, fracción IV, del mismo ordenamiento. En efecto, en la sentencia reclamada, la autoridad responsable fijó la litis para resolver la nulidad absoluta de la lista de sucesión resguardada en el sobre 45285 donde se designó como sucesora preferente a Leodegaria Cruz Montiel y, como consecuencia, el procedimiento administrativo que se efectuó en la Delegación del Registro Agrario Nacional por el cual se expidieron los certificados parcelarios, invocando como fundamento el artículo 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y después de analizar las pruebas ofrecidas por las partes, principalmente, la pericial en materia de grafoscopía, declaró improcedente la acción. Lo anterior evidencia que el quejoso, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, debió agotar la revisión prevista en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria; al no hacerlo, actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se demuestra a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dice: (Se transcribe). Del artículo y fracción transcritos, se desprende que la causa de improcedencia del juicio, se actualiza cuando concurren los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud del medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el mismo precepto, al caso, que sean actos que importen peligro de privación a la vida o la libertad, o cuando se trate de personas extrañas al procedimiento. Conforme con lo anterior, en contra de la sentencia dictada por la autoridad responsable, que resolvió improcedente la nulidad absoluta de la lista de sucesión resguardada en el sobre 45285 donde se designó como sucesora preferente a Leodegaria Cruz Montiel y, como consecuencia, el procedimiento administrativo que se efectuó en la Delegación del Registro Agrario Nacional por el cual se expidieron los certificados parcelarios, procede el recurso de revisión. Para demostrarlo debe destacarse que el actor en el juicio natural demandó la nulidad absoluta de la lista de sucesión resguardada en el sobre 45285, donde se designó como sucesora preferente a Leodegaria Cruz Montiel. Para mayor precisión se transcribe la parte conducente: (Se transcribe). En la sentencia reclamada se declaró improcedente la acción de nulidad y, como consecuencia, el procedimiento que se efectuó ante el registrador agrario quien expidió los certificados parcelarios 000001023784 y 000001006982, confirmando un derecho que adquirió en la apertura de la lista de sucesión, donde fue designada sucesora preferente Leodegaria Cruz Montiel, al haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Agraria, tal como se advierte de la siguiente transcripción: (Se transcribe). Ahora bien, la expedición de los certificados parcelarios 1023784 y 1006982 a favor de la demandada Leodegaria Cruz Montiel, se efectuó por el proceso de apertura de lista de sucesión en la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Hidalgo, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 17 de la Ley Agraria, 84 y 85 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional (foja 12 del juicio subyacente). Por otra parte, conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1°, 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, tal dependencia es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normatividad agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. En la especie, el Delegado del Registro Agrario Nacional en la designación de sucesores relativa al sobre 45285, hizo constar que María Amalia Montiel García, quien se identificó plenamente con credencial de elector folio 114779966, se presentó a depositar su lista de sucesores, la cual procedió a guardar en sobre cerrado y sellado, estampando como firma la huella digital del pulgar derecho. En dicha lista de designación aparece como sucesora, en primer lugar, Leodegaria Cruz Montiel, firmando el registrador asistido de dos testigos. Así, la designación de Leodegaria Cruz Montiel, como primera sucesora, tuvo como consecuencia que el registrador, bajo su responsabilidad, expidiera los certificados agrarios de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En efecto, los artículos 22, fracciones I, III, inciso i), y VIII, 34, fracciones III y VI, 49, fracción XV, 77, 78, 79, 81, 84 y 86 de dicho reglamento, dicen: (Se transcriben). De los artículos transcritos se advierte que el Delegado del Registro Agrario Nacional, tiene como atribuciones: dar fe de la lista de sucesión formulada por los sujetos de derechos agrarios, procediendo a su depósito, verificando la autenticidad de la firma y huella digital del ejidatario o comunero, además, dicha lista debe permanecer bajo el resguardo del Registro, en sobre cerrado y sellado, y una vez fallecido el titular de los derechos agrarios, ante quien acredite tener interés jurídico, abrirá el sobre e informará el nombre de la persona designada como sucesor preferente, asentando los datos en el folio correspondiente, para proceder a expedir el o los certificados de derechos agrarios. Así las cosas, al demandarse como acción la nulidad absoluta de la lista de sucesión resguardada en el sobre 45285 donde se designó como sucesora preferente a Leodegaria Cruz Montiel y, como consecuencia, del procedimiento administrativo que se efectuó en la Delegación del Registro Agrario Nacional, por el cual se expidieron los certificados parcelarios, es inconcuso, que la autoridad responsable confirmó el derecho adquirido por la demandada Leodegaria Cruz Montiel, bajo el procedimiento administrativo que se efectuó en términos de Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional. En el contexto jurídico anterior es inconcuso que, contra la sentencia reclamada, procede el recurso de revisión a que refiere la fracción III, del artículo 198 de la Ley Agraria, pues el término 'resolución' no debe entenderse en sentido formal, sino como cualquier determinación proveniente de alguna autoridad agraria que tenga como consecuencia la afectación de un derecho. Lo anterior, evidencia la actualización de lo dispuesto en las hipótesis previstas en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que hace procedente el recurso de revisión instituido en el artículo 198 de la Ley Agraria. En efecto, el artículo 9° y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dicen: (Se transcriben). Por su parte el artículo 198 de la Ley Agraria, dice: (Se transcribe). Los artículos transcritos, regulan la procedencia de un medio impugnativo excepcional, como es el de revisión, que sólo resulta viable tratándose de sentencias dictadas por los tribunales unitarios en los casos expresamente previstos en el numeral 18, fracciones I, II y IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el registro digital 185915, en la página 348 del tomo XVI, septiembre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente expresa: 'RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. SÓLO ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ UN JUICIO SEGUIDO ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO, EN LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL NUMERAL 18, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.' (Se transcribe texto). En el caso, se actualiza lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 18, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues en la sentencia reclamada se resolvió respecto a la nulidad de resoluciones emitidas por una autoridad en materia agraria, al caso, la nulidad de la lista de sucesión llevada a cabo mediante un procedimiento administrativo bajo la responsabilidad del Delegado del Registro Agrario Nacional. En efecto, es pertinente destacar que los artículos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 198, fracción III, de la Ley Agraria, establecen que los Tribunales Unitarios son competentes para conocer de las controversias en las que se demande la nulidad de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, y procede el recurso de revisión contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan precisamente la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia definida que a continuación se invoca, determinó que el término conceptual 'resoluciones', no debe entenderse en sentido formal que defina o concluya un procedimiento administrativo, sino en uno más amplio, esto es, cualquier tipo de resolución o acuerdo, incluso un acto que altere, modifique o extinga un derecho, o determine la existencia de una obligación, puede constituir una resolución susceptible de ser impugnada en el juicio de nulidad. Es aplicable en ese sentido la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 193222, en la página 462 del tomo X, octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 'REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.' (Se transcribe texto). Por otra parte, en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios o en la Ley Agraria, no existe algún precepto que defina qué autoridades deben considerarse en materia agraria, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia determinó, en jurisprudencia definida, que el recurso de revisión procede cuando el juicio se tramitó bajo el supuesto a que se contrae la fracción IV, del artículo 18 de la propia ley orgánica, excluyendo aquellas resoluciones en donde se reclame la nulidad de un acta o resolución de la asamblea general de un núcleo de población, porque en esa hipótesis el juicio estaría regido por la fracción VI, del propio numeral 18. Dicho criterio jurisprudencial, emitido por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, es consultable bajo el registro 188917, en la página 206 del tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: 'TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN.' (Se transcribe texto). Luego, si ni en las leyes agrarias ni jurisprudencialmente se ha determinado o definido cuáles son aquellas 'autoridades' que deben considerarse en materia agraria, por lo tanto, en dicho concepto debe incluirse a los Delegados del Registro Agrario Nacional, porque como se dijo, en términos del artículo 1° del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, dicho registro es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con autonomía técnica y presupuestal en el ámbito de sus atribuciones. En el contexto jurídico anterior, lo dispuesto tanto en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 198, fracción III, de la Ley Agraria, debe ser aplicado a las resoluciones emitidas los Delegados del Registro Agrario Nacional, pues como se dijo, sus resoluciones no deben entenderse en sentido formal que definan o concluyan un procedimiento administrativo, sino en un sentido amplio, ya que, se insiste, ningún artículo hace la distinción en la procedencia del recurso de revisión en cuanto a las autoridades que deban considerarse en materia agraria. Tiene aplicación a lo analizado, la jurisprudencia con número de registro 192280 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, marzo de 2000, en Materia Administrativa, que literalmente dice: 'DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.' (Se transcribe texto). En la especie, aun cuando el quejoso no haya agotado el recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, este órgano pluripersonal es competente para resolver el presente juicio de garantías, y facultado para analizar las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que, bajo el número de registro 2008791, es visible en la página 95 del libro 17, abril de 2015, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: 'TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).' (Se transcribe texto). Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la propia ley. Por lo expuesto, y fundado en lo dispuesto por los artículos 73 a 79 y 170 a 172 de la Ley de Amparo, se [.].". Con el proyecto anterior, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que legalmente estime pertinente. Hecho lo anterior, devuélvanseme los autos, para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, consultable con el número de registro 2008790, en la página 8 del libro 17, abril de 2015, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad."
- Juicio de Amparo Directo
VISTA LA COPIA DEL OFICIO DE CUENTA RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, MISMA QUE HACE PRUEBA PLENA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 210-A DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE SU NUMERAL 2°, DE LA CUAL SE ADVIERTE QUE LA COMISIÓN DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ACORDÓ LA PRIMERA ADSCRIPCIÓN, DE MANERA INTERINA, DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS HINOJOSA ZAMORA, A ESTE TRIBUNAL, EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO AURELIANO VARONA AGUIRRE, EN LA PLAZA DE LA QUE ES TITULAR EL MAGISTRADO GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, CON EFECTO A PARTIR DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE; LO ANTERIOR HÁGASE SABER A LAS PARTES PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES.
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