FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ y Otros.
Expediente 437/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ y Otros.
- EVA IDALIA LEGARIA SOLANO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 437/2022. PARTES QUEJOSAS FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ. HIGINIO GIL RAMIREZ. EVA IDALIA LEGARIA SOLANO. LEONILA GRISELDA QUIROZ LAZO. MIRIAM GONZALEZ HERRERA. JUDIT AGUILAR AQUINO. DAVID CUAHUTEMOC LEGARIA SOLANO. BENIGNO LEAL CAMACHO. ARMANDO NEPANUCENO RODRIGUEZ. ELFEGO QUIROZ BLANCO. FLORENCIA SABINA MALDONADO VASQUEZ. AUTORIDADES RESPONSABLES INTEGRANTES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA. ACTO RECLAMADO I.- DEL AYUNTAMIENTO, PRSIDENTE, SÍNDICO Y TESORERO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. A) La falta y omisión de cumplimiento voluntario al laudo de 07 de julio de 2010 en el expediente laboral 36/2008 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, toda vez que la autoridad municipal del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, se encuentra colocada en un plano de desigualdad frente al particular, al otorgársele el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa ni embargo, en términos del artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, ya que tal prerrogativa deriva de la ley, lo que la obliga a cumplir voluntariamente el laudo de cita; hacer lo contrario por parte de la autoridad, significa transgredir la obligación legal cumplimiento voluntario, afectando nuestra esfera legal, porque nos impide obtener el pago ordenado en el laudo en comento y, ante la actitud contumaz de la autoridad, nos coloca en estado de indefensión para lograr la administración de justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Marcianos, sin que hasta la fecha se nos haga efectivo el pago total a pesar de que ha sido requerido su cumplimiento por parte de la Junta de Arbitraje competente, B) La omisión de presupuestar de forma inmediata y transparente, la partida que cubra el pago de las obligaciones contraídas en sentencias o laudos, acorde a los artículos 43, fracción LXV y 127, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. C) La reiterada violación a nuestros derechos humanos que ponen en riesgo nuestra vida, salud y dignidad al incumplir con el pago del laudo de 07 de julio de 2010, al negamos el acceso a una justicia completa pronta y expedita consagrado en el artículo 17 Constitucional. D) La omisión de cuidar el erario del Municipio y del Estado, pues con el incumplimiento voluntario de pago del laudo dictado en el expediente 36/2008, al cuantificarse salarios vencidos hasta el cumplimiento del laudo, generan tal deterioro, lo que se traduce en una omisión administrativa atribuible a sus funciones. E) La omisión de presentar un programa de cumplimiento o celebrar convenio con nosotros, aun cuando sea por un plazo mayor a su periodo, para poder cumplir con el laudo dictado por la Junta responsable, como lo faculta el artículo 43 fracción XXXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca. F) La omisión de llevar a cabo el convenio respectivo con la autorización de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo, para que esta realice el pago total y en una sola exhibición por cuenta del mismo, en términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. G) La omisión de lograr que el Ayuntamiento demandado, exhiba un programa de cumplimiento que garantice un sustento mensual para nosotros. H) La omisión de cuantificar de forma retroactiva la condena de salarios vencidos con la actualización al salario mínimo de cada actor del expediente 36/2008 de su índice, toda vez que al no vigilar el cumplimiento del laudo durante más de once años, los salarios diarios se vieron rebasados. II.- DE LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA. A) La omisión de vigilar el cumplimiento del laudo de 07 de julio de 2010 dictado en el expediente 36/2008 de su índice. B) La omisión de dictar medidas eficaces para lograr el pago del laudo dictado en el expediente laboral 36/2008. C) La falta de una administración completa de justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, pues no ha logrado el cumplimiento del laudo dictado en el expediente 36/2008. D) La omisión de dictar nuevo requerimiento acuerdo de requerimiento de pago, comisionando a su actuario adscrito a efecto de lograr el cumplimiento del laudo de 07 de julio de 2010 dictado en el expediente 36/2008 de su índice. E) La omisión de declarar el incumplimiento del laudo emitido, así como acordar respecto a las reiteradas violaciones a nuestros derechos humanos. F) La omisión de vigilar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos ante la reiterada violación por parte de las autoridades municipales. G) La omisión de lograr que el Ayuntamiento demandado, exhiba un programa de cumplimiento que garantice un sustento mensual para nosotros. H) La omisión de cuantificar de forma retroactiva la condena de salarios vencidos con la actualización al salario mínimo de cada actor del expediente 36/2008 de su índice, toda vez que al no vigilar el cumplimiento del laudo durante más de once años, los salarios diarios se vieron rebasados. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 8, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. IMPROCEDENCIA Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. 1.- En efecto, tocante a la omisión de realizar los trámites para cumplimentar el laudo dictado en el juicio laboral 36/2008, respecto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ello es así, porque si bien la junta responsable tiene la obligación de ejecutar los laudos que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión de las autoridades responsables para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral 36/2008, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. Esto es así, ya que estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la presidenta ejecutora, si como en el caso de la lectura de la demanda, específicamente en el apartado de antecedentes y anexos que acompaña, se advierte que el siete de julio de dos mil diez, se dictó laudo definitivo con los apercibimientos de ley. De ahí que la parte accionante debe coadyuvar con la junta en requerir de nueva cuenta el cumplimiento del laudo y solicitar haga efectivos los apercibimientos con la que conminó a la parte demandada, para así llegar al cumplimiento de lo adeudado. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. ... Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. De ahí que respecto a dicho acto de disenso (trámites necesarios para la ejecución del laudo), en el caso se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a las autoridades responsables. ... No pasa desapercibido que los promoventes del amparo mencionen que la última actuación en el expediente laboral de que se trata verse del veintidós de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, no se advierte impulso procesal de los promoventes para la ejecución del laudo que refieren, requisito indispensable a que alude el numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo, para la procedencia del juicio de amparo que ahora se intenta; por ende se reitera la inexistencia de la prosecución de parte que se requiere en el caso en concreto. 2. Ahora, respecto a los actos que atribuye a la parte demandada en el juicio natural (Autoridades del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca). Sobre ese aspecto se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se le reclama no es impugnable en la vía constitucional, al provenir de autoridad que no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Para evidenciar porqué se surte dicha causa, resulta necesario transcribir los citados preceptos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." De conformidad con los preceptos citados se entiende por autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le reclama; en ese sentido, interpretados los citados preceptos a contrario sensu, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se promueva contra actos emitidos por quienes no cuenten con tales características. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ... Aunado a lo antes expuesto, ese Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que por autoridad responsable debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. ... De conformidad con lo expuesto, en el caso, se considera que respecto a las autoridades que tienen el carácter de condenadas en el juicio laboral de origen, no reúnen las aludidas características. Lo anterior es así, toda vez que el referido reclamo deriva de un conflicto de naturaleza laboral, en el que las partes se encuentran en un plano de coordinación e igualdad procesal, puesto que ambos figuran como partes en el juicio del que deriva el acto reclamado; de ahí que no sea procedente reclamarla en esta vía de amparo, sino en el procedimiento de origen, donde podrá alegar las violaciones u omisiones que considere, a efecto de que la Junta de Arbitraje haga uso de los instrumentos legales a su alcance para hacer cumplir la ejecución del laudo. De ahí que las autoridades del Ayuntamiento demandado, señaladas como responsables en el presente amparo, figuran como parte demanda en el juicio de origen, actuando en una relación jurídica de coordinación con el actor, incluso estando en este momento, en la etapa de ejecución, pues aun cuando en su calidad de patrón, ha sido omiso en acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio natural, pues la junta responsable deberá prever los mecanismos para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, por lo que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, resulta claro que el incumplimiento a un laudo por parte de ellas, en el que figuran como parte demandada, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. ... En razón de que el referido criterio se sustentó en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a favor de las dependencias de la administración pública Federal o de las entidades federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo. DESECHAMIENTO En consecuencia, con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con el 61, fracción XXIII, 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano la demanda de amparo de que se trata. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Pérez Acevedo, y por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para imponerse de los autos a la restante persona que mencionan toda vez que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y/o número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICO POR LISTA EA LA PARTE QUEJOSA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 437/2022 REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 437/2022. PARTES QUEJOSAS FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ. HIGINIO GIL RAMIREZ. EVA IDALIA LEGARIA SOLANO. LEONILA GRISELDA QUIROZ LAZO. MIRIAM GONZALEZ HERRERA. JUDIT AGUILAR AQUINO. DAVID CUAHUTEMOC LEGARIA SOLANO. BENIGNO LEAL CAMACHO. ARMANDO NEPANUCENO RODRIGUEZ. ELFEGO QUIROZ BLANCO. FLORENCIA SABINA MALDONADO VASQUEZ. AUTORIDADES RESPONSABLES INTEGRANTES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA. ACTO RECLAMADO I.- DEL AYUNTAMIENTO, PRSIDENTE, SÍNDICO Y TESORERO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. A) La falta y omisión de cumplimiento voluntario al laudo de 07 de julio de 2010 en el expediente laboral 36/2008 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, toda vez que la autoridad municipal del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, se encuentra colocada en un plano de desigualdad frente al particular, al otorgársele el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa ni embargo, en términos del artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, ya que tal prerrogativa deriva de la ley, lo que la obliga a cumplir voluntariamente el laudo de cita; hacer lo contrario por parte de la autoridad, significa transgredir la obligación legal cumplimiento voluntario, afectando nuestra esfera legal, porque nos impide obtener el pago ordenado en el laudo en comento y, ante la actitud contumaz de la autoridad, nos coloca en estado de indefensión para lograr la administración de justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Marcianos, sin que hasta la fecha se nos haga efectivo el pago total a pesar de que ha sido requerido su cumplimiento por parte de la Junta de Arbitraje competente, B) La omisión de presupuestar de forma inmediata y transparente, la partida que cubra el pago de las obligaciones contraídas en sentencias o laudos, acorde a los artículos 43, fracción LXV y 127, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. C) La reiterada violación a nuestros derechos humanos que ponen en riesgo nuestra vida, salud y dignidad al incumplir con el pago del laudo de 07 de julio de 2010, al negamos el acceso a una justicia completa pronta y expedita consagrado en el artículo 17 Constitucional. D) La omisión de cuidar el erario del Municipio y del Estado, pues con el incumplimiento voluntario de pago del laudo dictado en el expediente 36/2008, al cuantificarse salarios vencidos hasta el cumplimiento del laudo, generan tal deterioro, lo que se traduce en una omisión administrativa atribuible a sus funciones. E) La omisión de presentar un programa de cumplimiento o celebrar convenio con nosotros, aun cuando sea por un plazo mayor a su periodo, para poder cumplir con el laudo dictado por la Junta responsable, como lo faculta el artículo 43 fracción XXXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca. F) La omisión de llevar a cabo el convenio respectivo con la autorización de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo, para que esta realice el pago total y en una sola exhibición por cuenta del mismo, en términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. G) La omisión de lograr que el Ayuntamiento demandado, exhiba un programa de cumplimiento que garantice un sustento mensual para nosotros. H) La omisión de cuantificar de forma retroactiva la condena de salarios vencidos con la actualización al salario mínimo de cada actor del expediente 36/2008 de su índice, toda vez que al no vigilar el cumplimiento del laudo durante más de once años, los salarios diarios se vieron rebasados. II.- DE LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA. A) La omisión de vigilar el cumplimiento del laudo de 07 de julio de 2010 dictado en el expediente 36/2008 de su índice. B) La omisión de dictar medidas eficaces para lograr el pago del laudo dictado en el expediente laboral 36/2008. C) La falta de una administración completa de justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, pues no ha logrado el cumplimiento del laudo dictado en el expediente 36/2008. D) La omisión de dictar nuevo requerimiento acuerdo de requerimiento de pago, comisionando a su actuario adscrito a efecto de lograr el cumplimiento del laudo de 07 de julio de 2010 dictado en el expediente 36/2008 de su índice. E) La omisión de declarar el incumplimiento del laudo emitido, así como acordar respecto a las reiteradas violaciones a nuestros derechos humanos. F) La omisión de vigilar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos ante la reiterada violación por parte de las autoridades municipales. G) La omisión de lograr que el Ayuntamiento demandado, exhiba un programa de cumplimiento que garantice un sustento mensual para nosotros. H) La omisión de cuantificar de forma retroactiva la condena de salarios vencidos con la actualización al salario mínimo de cada actor del expediente 36/2008 de su índice, toda vez que al no vigilar el cumplimiento del laudo durante más de once años, los salarios diarios se vieron rebasados. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 8, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. IMPROCEDENCIA Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. 1.- En efecto, tocante a la omisión de realizar los trámites para cumplimentar el laudo dictado en el juicio laboral 36/2008, respecto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ello es así, porque si bien la junta responsable tiene la obligación de ejecutar los laudos que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión de las autoridades responsables para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral 36/2008, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. Esto es así, ya que estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la presidenta ejecutora, si como en el caso de la lectura de la demanda, específicamente en el apartado de antecedentes y anexos que acompaña, se advierte que el siete de julio de dos mil diez, se dictó laudo definitivo con los apercibimientos de ley. De ahí que la parte accionante debe coadyuvar con la junta en requerir de nueva cuenta el cumplimiento del laudo y solicitar haga efectivos los apercibimientos con la que conminó a la parte demandada, para así llegar al cumplimiento de lo adeudado. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. ... Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. De ahí que respecto a dicho acto de disenso (trámites necesarios para la ejecución del laudo), en el caso se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a las autoridades responsables. ... No pasa desapercibido que los promoventes del amparo mencionen que la última actuación en el expediente laboral de que se trata verse del veintidós de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, no se advierte impulso procesal de los promoventes para la ejecución del laudo que refieren, requisito indispensable a que alude el numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo, para la procedencia del juicio de amparo que ahora se intenta; por ende se reitera la inexistencia de la prosecución de parte que se requiere en el caso en concreto. 2. Ahora, respecto a los actos que atribuye a la parte demandada en el juicio natural (Autoridades del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca). Sobre ese aspecto se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se le reclama no es impugnable en la vía constitucional, al provenir de autoridad que no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Para evidenciar porqué se surte dicha causa, resulta necesario transcribir los citados preceptos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." De conformidad con los preceptos citados se entiende por autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le reclama; en ese sentido, interpretados los citados preceptos a contrario sensu, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se promueva contra actos emitidos por quienes no cuenten con tales características. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ... Aunado a lo antes expuesto, ese Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que por autoridad responsable debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. ... De conformidad con lo expuesto, en el caso, se considera que respecto a las autoridades que tienen el carácter de condenadas en el juicio laboral de origen, no reúnen las aludidas características. Lo anterior es así, toda vez que el referido reclamo deriva de un conflicto de naturaleza laboral, en el que las partes se encuentran en un plano de coordinación e igualdad procesal, puesto que ambos figuran como partes en el juicio del que deriva el acto reclamado; de ahí que no sea procedente reclamarla en esta vía de amparo, sino en el procedimiento de origen, donde podrá alegar las violaciones u omisiones que considere, a efecto de que la Junta de Arbitraje haga uso de los instrumentos legales a su alcance para hacer cumplir la ejecución del laudo. De ahí que las autoridades del Ayuntamiento demandado, señaladas como responsables en el presente amparo, figuran como parte demanda en el juicio de origen, actuando en una relación jurídica de coordinación con el actor, incluso estando en este momento, en la etapa de ejecución, pues aun cuando en su calidad de patrón, ha sido omiso en acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio natural, pues la junta responsable deberá prever los mecanismos para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, por lo que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, resulta claro que el incumplimiento a un laudo por parte de ellas, en el que figuran como parte demandada, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. ... En razón de que el referido criterio se sustentó en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a favor de las dependencias de la administración pública Federal o de las entidades federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo. DESECHAMIENTO En consecuencia, con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con el 61, fracción XXIII, 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano la demanda de amparo de que se trata. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Pérez Acevedo, y por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para imponerse de los autos a la restante persona que mencionan toda vez que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y/o número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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