Francisco Cruz Abrego
Expediente 344/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Cruz Abrego
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: **** cumple con el requerimiento efectuado en auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las siguientes reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Minatitlán, ejercen jurisdicción en el municipio de Coatzacoalcos. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en la inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria *** del Banco *** a nombre del promovente. Asimismo, se advierte que dicha cuenta se aperturó en la sucursal número ***, en el ciudad de ***. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz; ello se considera así, debido a que la apertura de la cuenta de la cual emana el acto reclamado se apertura en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Por tal motivo, remítase este juicio de amparo, así como cuatro copias de la demanda de amparo y ocho copias del escrito aclaratorio al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en dicho ciudad; asimismo, se solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados de la parte quejosa, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que indica, debido a que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: ***** promueve juicio de amparo contra actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 344/2018. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas por la parte quejosa. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad o, se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, el artículo 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que se reclame, así como a qué autoridad se los atribuye; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS De la lectura a la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama: La inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria ***** del ***** a nombre de la parte quejosa. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa manifiesta que existe un procedimiento administrativo de ejecución *****, del índice de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, iniciado en su contra; sin embargo, la parte quejosa no indica el estado procesal de dicho procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, la parte quejosa indica que el doce de abril del año en curso, tuvo conocimiento de que la cuenta bancaria ***** del ***** estaba congelada, pero no señala en qué sucursal está la cuenta bancaria mencionada, ni si la orden de congelamiento deriva del procedimiento administrativo citado anteriormente. Por otra parte, la parte quejosa señala como autoridad ejecutora al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos; sin embargo, no especifica la participación de dicha autoridad, es decir, si fue dicho Actuario quien notificó al ****** el congelamiento de la cuenta ***** o si existe algún expediente laboral del cual emane dicho acto. En otro aspecto, la parte quejosa refiere que asiste el carácter de terceros interesados a *****, pero no manifiesta por qué tienen el carácter de terceros interesados. En otro aspecto, el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, del sello de recepción de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional se advierte que solo allega cinco copias de su escrito de demanda (foja 1), por lo que resultan necesarias OCHO COPIAS más de su escrito de demanda para ser distribuidas de la siguiente manera: Cinco para correr traslado a los terceros interesados. Cinco para correr traslado a las autoridades responsables. Una para notificar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. Dos más para dar apertura al incidente de suspensión de los actos reclamados. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, debido a que la parte quejosa no indica el estado procesal del procedimiento administrativo de ejecución *****, del índice de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; asimismo, no señala en qué sucursal está la cuenta bancaria ***** del *****, ni si la orden de congelamiento deriva del procedimiento administrativo citado anteriormente; tampoco manifiesta la parte quejosa qué participación tiene en este asunto el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos; de igual forma, no manifiesta por qué tienen el carácter de terceras interesadas las personas que indica; igualmente, solo anexa cinco copias de su escrito de demanda por lo que resultan necesarias OCHO COPIAS más de dicho escrito de demanda para correr traslado a las partes en este asunto, así como dar apertura al incidente de suspensión de los actos reclamados. REQUERIMIENTO Por lo tanto, a efecto de permitir el acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al promovente para que, en el plazo de cinco días, legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Indique el estado procesal del procedimiento administrativo de ejecución *****, del índice de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Señale en qué sucursal está la cuenta bancaria ***** del Banco BBVA Bancomer. Manifieste si la orden de congelamiento que reclama deriva del procedimiento administrativo de ejecución *****. Diga qué participación tiene en este asunto el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. Precise por qué asiste el carácter de terceros interesados a *****. Exhiba OCHO COPIAS más de su escrito de demanda que resultan necesarias para cada una de las partes en este asunto, así como para dar apertura al incidente de suspensión de los actos reclamados. Del escrito mediante el cual dé cumplimiento, el quejoso deberá exhibir las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera necesario para proveer sobre la admisión de este asunto. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla . Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer. En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización:Décima ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo I, Agosto de 2014Página: 210Tesis: 1a./J. 50/2014JurisprudenciaMateria(s): Común "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Se hace del conocimiento de la promovente del delito en que pudieran incurrir a quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." APERCIBIMIENTO En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados de la parte quejosa, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que indica, debido a que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tienen derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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